Desde que el repunte de precios se instaló en el centro de la política muchos señalan, con toda razón, que una de las causas radica en los desequilibrios entre oferta y demanda que se registran en varios sectores. De ahí la importancia dentro de una solución de fondo que tiene el aumento de la inversión para expandir capacidades productivas, despejar cuellos de botella y atenuar tendencias remarcatorias. Pero tampoco hay que pasar por alto un objetivo tan importante como poner coto a la inflación. Si no hay el suficiente aumento en el stock de capital, va a ser inevitable cierto ajuste por el lado de la demanda, lo que desde el punto de vista social sería seguramente regresivo, y además al gobierno le costaría sostener políticamente.

No hay duda de que en medida relevante la inversión está determinada por las posibilidades de financiamiento, que si bien se han recuperado más de lo que la mayoría esperaba tras la hecatombe de la convertibilidad, distan mucho de alcanzar para evitar los peligros mencionados. Para tener una idea del desfasaje, basta la siguiente comparación: después de la recuperación de los últimos tres años, la proporción de préstamos en el PIB está todavía lejos de alcanzar el techo que tuvo en 1998 antes de que se desatara la recesión, pero aún esta relación es inferior a la que existe en Chile, equivale a menos de la mitad que en Brasil, y representa una cuarta parte de lo que se observa en el mundo desarrollado.

Felisa Miceli se ha mostrado desde un principio muy activa en un abordaje de emergencia y corto plazo que consiste en aplicar compresas a los precios, pero a medida que se vaya acomodando en su nueva función va a avanzar mucho más por el lado de empujar la inversión con la fuerza del crédito. De hecho, la semana que terminó se preocupó por que debutara la línea de créditos del Banco Nación por 1500 millones de dólares anunciada hace poco.

De su paso por el Banco Nación, Miceli se llevó no sólo la experiencia sino varias otras ideas en ese sentido. Fue por encargo y auspicio de la entidad que presidía que la Fundación Crear elaboró un informe de casi 300 páginas titulado “Financiamiento de Actividades Productivas”. El capítulo 3 del trabajo realizado por un equipo que coordinó el ex viceministro Jorge Todesca se ocupa de delinear con mayor o menor grado de profundidad propuestas para mejorar el financiamiento. Se trata en todos los casos de ideas que tienen al Estado como protagonista, en el convencimiento de que “la recuperación de la oferta de crédito y su aplicación en apoyo al crecimiento requerirá un impulso adicional al que pueda provenir del libre juego del mercado”.

Tras enumerar la actividad crediticia que desarrollan los diferentes bancos públicos, los autores igualmente recomiendan en primer lugar la creación de un Banco de Inversión “para apoyar en especial a aquellos segmentos de negocios que tengan mejores posibilidades para generar empleo y contribuir al crecimiento”. Obviamente se advierte la necesidad de “evitar los errores que llevaron al fracaso de instituciones como el Banade”, y para ello sugiere (además de ética) un mecanismo de licitaciones de los préstamos donde sólo el riesgo de liquidez y el costo de prestar promocionalmente cargue sobre las espaldas de la nueva entidad, mientras que el riesgo crediticio quede a cargo de los bancos que actuarían como colocadores y se verían forzados a evaluaciones serias de los solicitantes. El banco (pensado a imagen y semejanza del Bndes brasileño) se podría fondear colocando deuda con dinero de inversores institucionales como las AFJP y con recursos del Presupuesto Nacional, entre otras fuentes. Lo que no termina de convencer de la propuesta es la justificación de crear una nueva institución en lugar de adaptar y potenciar el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La segunda idea, denominada Agencia de Promoción y Crédito a las Exportaciones, se vincula con la anterior, ya que tendría entre otras funciones canalizar este tipo de asistencia que provea el Banco de Inversión. Pero además, se encargaría de “seleccionar sectores y regiones aptos para aumentar la oferta exportable” y de “apoyar a las empresas que se inicien en la actividad exportadora”, por ejemplo.

Para los autores, la propuesta más original y promisoria es la creación de una agencia de securitización de hipotecas (algo intentado tibiamente aquí en los años ‘90), con el objetivo de estirar los plazos, bajar el costo y, en consecuencia, ampliar el acceso al crédito para vivienda. La idea está inspirada en la fascinante experiencia estadounidense de la Federal National Mortgage Association (Asociación Federal de Hipotecas), popularmente conocida como Fannie Mae. Esta institución creada en 1938 resulta esencial para entender por qué en Estados Unidos el crédito hipotecario está tan extendido. Nació como organismo público y ahora es mixto; su cartera representa el 11 por ciento del total de ese país; y nunca dejó de recibir subsidios, que allá no es una mala palabra: se calcula en 20.000 millones de dólares cada año.