En el país hay 29.313 trabajadores en relación de dependencia en blanco que cobran remuneraciones que suman en el mes 767,1 millones de pesos. Es decir que gozan de un salario mensual promedio de 26.170 pesos. Semejante privilegio puede presentarse de otra manera no menos impactante: representan nada más que el 0,5 por ciento del total del universo de asalariados formales, pero se quedan con el 9,4 de la masa salarial total registrada. Es obvio que todos esos gerentes y altos directivos de empresas tienen que seguir gravados por el impuesto a las Ganancias en su versión cuarta categoría (ingresos del trabajo personal). Son una minoría que conforma la punta exageradamente filosa de la pirámide de asalariados.

Bajando la cuesta de la pirámide –de acuerdo con los últimos datos oficiales de la AFIP correspondientes a septiembre del 2005– siguen tres franjas de muy pocos laburantes bien pagos para el standard nacional: 18 mil que ganan entre 8000 y 10.000 pesos por mes, 38 mil entre 6000 y 8000 pesos, y 78 mil que cobran entre 4500 y 6000. Difícilmente alguien cuestione que este puñado también aporte lo suyo en concepto de Ganancias.

La realidad no es sólo que hay pocos que ganan muy bien sino que la inmensa mayoría restante gana miseria o muy poco. Comenzando ahora desde abajo, las dos franjas inferiores de hasta 1000 y 1800 pesos, respectivamente, abarcan al 80 por ciento de los asalariados. A ellos nadie pretende cobrarles. O mejor dicho, nadie pretende cobrarles Ganancias, porque IVA y algunos impuestos internos sí pagan.

Como cualquiera puede dibujar mentalmente o en el papel, la pirámide en sentido sociológico no tiene forma geométrica de tal sino que luce como una pera de panza gorda: el cabito filoso ya señalado antes, las tres escuálidas franjas de bolsillos gordos que le siguen, y abajo las franjas gordas de bolsillos flacos.

Y es esa forma de pera la que dificulta la modificación en el mínimo no imponible que el Gobierno está obligado a realizar antes de fines de abril. Porque si se desgrava a todos los que están en la franja de 1800 a 3000 pesos de sueldo mensual (721 mil personas), sólo quedarían alcanzados el 7 por ciento de los asalariados. Y si, como algunos reclaman, se sube el umbral a 4500 pesos, pagarían Ganancias apenas 160 mil personas en relación de dependencia. ¿Es socialmente equitativo resignar algunos cientos de millones de pesos de recaudación para que algunos cientos de miles de asalariados de ingresos medianos que están muy sobre el promedio tengan un alivio o una mejora?

Más allá de que está obligado a hacerlo porque así lo concedió en la discusión del Presupuesto, en el Gobierno consideran que la modificación no es correcta. A decir verdad hay argumentos a favor y en contra. Pero se trata de una discusión no irrelevante, pero sí secundaria. Es limitarse a discutir sobre el árbol (en este caso el peral) sin ver el frondoso bosque de injusticias, agujeros y absurdos de toda la estructura tributaria. Y hay que reconocer que esa situación es la que el kirchnerismo aspiraba a mejorar sobre la base de las recomendaciones de una comisión de expertos que no fue adelantada por Clarín en su título principal del domingo pasado sino por Horacio Verbitsky en noviembre del año pasado.

Por ejemplo, dentro de la propia pera, muchos especialistas consideran que debería haber mayor progresividad para que los que están en el cabito y en las despobladas franjas que le siguen abonen una alícuota mayor (la máxima es actualmente del 36 por ciento, inferior a la de muchos países comparables). Y además señalan que habría que corregir la inequidad que surge del hecho de que a medida que se sube en la pirámide una parte creciente de los ingresos del personal superior de empresas proviene de rentas financieras y ganancias de capital que son ingresos desgravados. Por supuesto que esta desgravación no sólo favorece a los directivos y gerentes. El prestigioso tributarista Leonel Massad solía comentar que un cliente suyo que sólo se dedicaba a la especulación pagaba cero de Ganancias pese a declarar ingresos por 6 millones de dólares. Y por fuera de la pera hay enormes horrores que extirpar, donde hay culpas de diseño tributario, pero también responsabilidad de la administración. Es inadmisible lo poco que se recauda a nivel nacional sobre el patrimonio. Los números de Bienes Personales siguen siendo escandalosos: el año pasado se pagó por ese impuesto 1800 millones, el equivalente a un irrisorio 1,4 por ciento del total. Por dar sólo un ejemplo, basta dar un paseo por las marinas y boatings de la Zona Norte para que parezca un chiste de mal gusto que sólo se declaren 8500 barcos.

En lugar de enojarse tanto con que un diario titule en tapa con información cierta y encima vieja, el Presidente debería dar señales de que pensar en una reforma tributaria no es pedirle peras al olmo.