El aumento del número de jubilados a cargo del Estado está creciendo a un ritmo que supera todas las expectativas, e incluso ha generado algo de preocupación en el Gobierno. Por si entendió mal, no se está haciendo referencia al ritmo en que los afiliados a las AFJP están optando por pasarse al régimen de reparto, sino al incremento en la cantidad de personas que están aprovechando la moratoria previsional y otros planes de facilidades para comenzar a cobrar ya una prestación a la que no iban a tener acceso. Cuando el año pasado se elaboró el Presupuesto 2007 se estimó que por estas vías se iban a sumar 1,2 millón de nuevos jubilados. Hace un par meses en Economía ya daban por superado el millón y medio. Pero según la última información oficial a la que accedió en exclusiva esta columna el número ya excede 1,7 millón.

Este fenómeno de magnitud inesperada por los funcionarios tiene una primera consecuencia de mucho peso; mejor dicho de muchísimos millones de pesos. Considerando el haber mínimo de 530 pesos, los nuevos beneficiarios insumirán una erogación de 12.000 millones de pesos anuales, lo que equivale nada menos que al 10 por ciento de todo el gasto del sector público nacional. Por supuesto que estos planes fueron contemplados en el presupuesto, pero no en la medida de la adhesión que generaron. Tomando en cuenta que ya transcurrió parte del año, un cálculo a mano alzada arroja un gasto no previsto de no menos de 2000 millones de pesos para este año. El efecto en el plano fiscal del incremento en la partida que representa más de un tercio de todo el gasto por ahora provoca sólo una moderada preocupación, por la sencilla razón de que la recaudación también sube más de lo esperado y sigue dando tela para cortar. El efecto también está siendo monitoreado desde el ángulo inflacionario, ya que es un gasto que va al bolsillo de quienes lógicamente, por edad y necesidad, vuelcan todo su ingreso al consumo.

La avalancha de personas que estaban a la deriva y que se han aferrado a esta tabla de supervivencia que lanzó el Estado es una de las pruebas más contundentes del fracaso del régimen de jubilación privada que ahora está en plena transición. En primer lugar porque deja en evidencia que un sistema de capitalización se desentiende por esencia de los que quedan fuera del mercado de trabajo formal. Pero además, porque muchos de los que aprovechan la moratoria son autónomos o amas de casa que no se comportaron de acuerdo con el paradigma según el cual las personas iban a ocuparse de acumular dinero en sus cuentas individuales.

Respecto, ahora sí, de la opción abierta para elegir quedarse en una AFJP o pasarse al Estado, la mayoría de las comparaciones que circulan siguen omitiendo dos cuestiones básicas que las invalidan, o en todo caso que las relativizan mucho. Ambos puntos fueron certeramente señalados en la toma de posición que realizó días atrás la Asociación de Abogados Laboralistas, destacando que las medidas “acotan el poder omnímodo que tenían las AFJP y marcan un cambio de rumbo evidente”, pero advirtiendo que son “insuficientes”. Uno de los párrafos de la declaración sostiene que “no se debe pasar por alto que se mantiene la inmovilidad salarial a fin de determinar el monto del haber jubilatorio, sistema que ha demostrado su total inequidad y generado una cantidad muy importante de juicios”. El hecho de que la jubilación estatal se calcule en base al salario no actualizado de los últimos diez años, no sólo achica la prestación sino deja abierta la vía judicial que está siendo bastante transitada y que en no pocos casos llega a sentencia favorable. Es decir que hay una variable indefinida que, según cómo se determine, puede cambiar el resultado de la comparación.

En cuando al segundo punto, la AAL califica de “inadmisible que se derive al Poder Ejecutivo la decisión de cuándo y con qué criterios se incrementarán los haberes, cuestión que debería establecerse en base a parámetros objetivos y alejados de las necesidades políticas del momento”. Aún si se dejara de lado la primera objeción, las comparaciones que circulan con liviandad desconsideran que la jubilación del régimen estatal va a evolucionar de acuerdo con lo que defina a su voluntad el gobierno de turno. Por ejemplo, para este año y bajo presión de la Corte Suprema, el Ejecutivo anunció que los haberes se van a reajustar en un 13 por ciento. Pero nada les impide que por convicción o conveniencia política a lo largo del año refuercen el ajuste. Y nadie sabe cuál será la actualización del 2008 en adelante. En esas condiciones, no hay comparación que valga como guía certera.

Todo proceso de decisión tiene un ingrediente subjetivo, que en asuntos de estas características se tiñen de ideología. Bienvenida sea.

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