El 27 de marzo del año pasado, la entonces ministra Felisa Miceli dijo en un discurso: “El superávit fiscal es un elemento central de la política económica y un ancla fundamental para las expectativas frente al desafío de la inflación. De ahí la importancia que le damos al Fondo Especial de Ahorro Fiscal, el llamado Fondo Anticíclico, donde se depositan los excedentes recaudados sobre lo presupuestado”.

En octubre del año pasado esta columna informaba en base a una fuente de primerísimo nivel que en ese fondo constituido en una cuenta especial del Banco Nación había 3200 millones de pesos. En marzo de este año el autor de esta columna escribió una nota en el cuerpo central del diario titulada “Una caja con mucho dinero”, donde se informaba en base a la misma altísima fuente que ese fondo ya acumulaba 6000 millones de pesos. Dos meses después, otros medios elevaban el monto a 7000 millones.

¿Cuánto hay ahora? Otra fuente de tan alta jerarquía como aquélla asegura que en el fondo no hay nada. Pero no es que fue vaciado, aclaran. Dicen que jamás hubo algo. Que nunca existió.

Queda claro que se mintió antes o se está mintiendo ahora. No parece haber una tercera alternativa.

La mentira es igualmente repudiable en cualquiera de los dos casos. Pero su significado económico es bien diferente. Si es cierto lo que afirman ahora, lo de antes se trató de un invento. En cambio, si verdaderamente el fondo tuvo lo que se decía, hay por lo menos 7000 millones de pesos que fueron a parar a algún lado. Dado que cuesta aceptar que se pueda gastar semejante suma de dinero sin rendición, la lógica indicaría que la información que se daba sobre el fondo era una presentación engañosa de las cuentas fiscales con el propósito de aparentar mayor austeridad y previsión.

El misterio del Fondo podría abonar la crítica por falta de austeridad y previsión fiscal que le hace al Gobierno la gran mayoría de los economistas con exposición pública. Cuestionan que el gasto está aumentando a mayor velocidad que la recaudación y por ende erosionando el superávit, y advierten sobre los riesgos de incrementar las necesidades de financiamiento externo en una coyuntura internacional mucho más estrecha que hace unos meses.

El verdadero alcance del problema es materia sujeta a discusión. Un eje central de esa discusión es la polémica respecto a cómo se considera el impacto de la reforma previsional. El Gobierno contabiliza el traspaso de los fondos de capitalización como ingresos corrientes, y de esa manera muestra que el superávit no se ha deteriorado. Los críticos lo acusan de “maquillar” los resultados, argumentando que se trata de un ingreso excepcional que debería dejarse como reserva para cubrir la mayor erogación futura en jubilaciones para la gente que está optando por volver al sistema público de reparto. El contraargumento es que de ahora en más el traspaso de esa gente viene de la mano de la recuperación de un flujo de aportes que iba a las AFJP.

No hay un juez para dar veredicto.

La discusión se enriquecería si se profundizara en el destino del fuerte aumento del gasto público. Un reciente informe de la consultora Economía & Regiones muestra que el 43,2 por ciento del incremento en la primera mitad del año fue a jubilaciones, el 18,3 a reforzar subsidios que permiten mantener congeladas tarifas y regular determinados precios de alimentos y combustibles, otro 18 por ciento a aumentar la inversión en obra pública, y un 9,5 por ciento a salarios. Esos cuatro rubros explican 9 de cada 10 pesos de gasto adicional.

¿Alguno de los que vehementemente protestan se anima a señalar cuál de esos cuatro destinos debería haber recibido menos? ¿Cuánto menos?

En todo caso, lo que pasó... pasó. Y a lo que se llegó, si se atiende a la versión más alarmista, es a un menor superávit.

Más allá de cualquier polémica, en Economía aceptan que las cuentas fiscales no lucen tan holgadas como antes, reconocen que en eso tuvo su influencia el calendario electoral, y dicen ser conscientes de que el panorama se ve menos despejado. Pero consideran que el problema está muy sobredimensionado por la “típica histeria cortoplacista de los mercados”, que proyectan la tendencia hacia adelante como si nada pudiera cambiar y asustan con un rojo fiscal a la vuelta de la esquina. Lo que se sugiere es que pasadas las elecciones se abre un período de moderación.

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