En la ley de Presupuesto Nacional enviado recientemente al Parlamento de Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país propuso que se faculte al Poder Ejecutivo “a restringir el uso del efectivo (...) en aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal medida”. El artículo aclara que la finalidad de esa restricción es “tutelar la integridad física de las personas que trabajan en dichas actividades, así como de sus usuarios”. Uno de los sectores que reclama esta medida es el de las empresas de taxis por los crecientes hechos de inseguridad que afectan a los choferes.