Cash del 9 de octubre pasado publicó 10 medidas posibles para reducir o eliminar la pobreza o la indigencia en el país, recomendadas por otros tantos economistas, de variada ubicación ideológica. Seis tratan de mejorar los ingresos de los pobres, a través de diversas formas de subsidio. Dos creen en la tracción de la mayor generación de empleo público o privado. Una quiere achicar el costo de los alimentos reduciendo el IVA. Una, finalmente, propone regularizar masivamente la situación de dominio sobre la tierra, por parte de los más humildes.

Lo notable es que ninguna de ellas, ni siquiera la más sofisticada, que es la última, les asigna ningún papel directo a los pobres, en el intento para dejar de ser tales, salvo buscar trabajo cuando éste aparezca. ¿Qué es un pobre? Es un compatriota que no puede atender sus necesidades básicas. Dentro de esa categoría, un indigente es quien ni siquiera tiene recursos para comer.

Se propone darle dinero, o conseguirle oportunidades de trabajo para que tenga dinero, o bajar el costo de lo que debe comprar o darle seguridad en la posesión del suelo que habita. Y el pobre, ¿qué debe hacer? Nada. Esperar y recibir el efecto de la decisión. ¿Y si se creara un escenario en el que los pobres, organizados en grupos comunitarios –o cualquier grupo que quiera acceder a esa alternativa, aun por encima del nivel mínimo de pobreza– pudieran disponer de los bienes de capital, con asistencia técnica permanente, para producir los bienes básicos, incluyendo la alimentación, la vestimenta y la vivienda popular?

El INTI ha estudiado módulos de producción de todos los alimentos componentes de la dieta –como etapa inicial– en el interior de grupos de 150 familias. En esos módulos se aplica tecnología eficiente, quien trabaja cobra un sueldo y quien se lleva mercadería la paga. La inversión en las máquinas y el capital de trabajo para los primeros 30 días no supera los 2000 pesos por familia. Cada módulo genera 30 puestos de trabajo y el costo final de la canasta de productos, debido a que desaparece la rentabilidad empresaria, se reduce en un 40 por ciento respecto del actual.

Hay siete módulos en diverso grado de implementación y seis más en diseño, que abarcarán más de 2000 familias. Se necesita una organización social de base, alguien que financie los equipos –hoy es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación– y quien brinde la asistencia tanto organizativa como técnica –es el INTI.

Es muy complicado de ejecutar. Hay una cultura que cambiar. Hay que sacarse el clientelismo o la dependencia de un puntero de la cabeza. Hay que creer en el otro, a la vez que creer que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, sino que hay unas mejores que otras. Pero con 2000 millones de pesos –hoy estamos convencidos– se resolvería de modo permanente el problema alimentario de 5 millones de personas, para luego avanzar hacia la vestimenta y la vivienda.

Hay una condición fuerte: se debe organizar un sistema de producción que usa el dinero, pero no tiene renta empresaria. No se elimina el mercado, simplemente se acota su vigencia. Así como la educación debería ser de acceso universal y gratuito, así como la salud básica debería estar garantizada, del mismo modo los bienes básicos deberían estar al alcance de todo grupo que quiera poner su esfuerzo en producirlos.

La iniciativa –sabemos– entra en conflicto conceptual frontal con la idea del mercado como supremo asignador de los recursos. Lo que sucede es que, en definitiva, ¿queremos de verdad reducir drásticamente la pobreza? En tal caso, los pobres, ¿no deberían tener algo que ver con esto?

* Presidente del INTI.