Otra zoncera escuchada habitualmente se basa en que el sistema de financiamiento de la educación superior empleado “en todo el mundo” consiste en aplicar aranceles para que las universidades se autofinancien. A su vez, este esquema se debe complementar con una importante política de becas para aquellos que no pueden pagarlos, con recursos provenientes de los aportes que abonan los más pudientes.

Esta aseveración incluye varias falacias: en primer lugar, los datos recopilados demuestran que en una gran cantidad de países el sistema es semigratuito (existe algún arancel anual que sirve para hacer frente a una porción pequeña de los gastos), como en Francia, Colombia, Rumania, Ecuador, Túnez, Honduras, Suiza, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Italia, Panamá, Egipto. Mientras, en muchos otros es directamente gratuito, con casos tan disímiles como Alemania, Brasil, Cuba, Finlandia, Uruguay, México, Venezuela, Noruega, Perú, Islandia. Además, en la gran mayoría (incluso en aquellos países donde el arancel es relativamente alto), el monto recaudado cubre sólo una parte mínima del presupuesto. En promedio la porción presupuestaria cubierta con los pagos hechos por los alumnos se ubica en un rango que va de 10 a 20 por ciento del total. El máximo es Corea, donde ronda el 40 por ciento. En Estados Unidos, entre 20 y 25 por ciento.

La otra zoncera es la que dice que un régimen arancelado se complementa con becas y subsidios para ayudar a los menos pudientes: también se demuestra que en muy pocos lugares este sistema funciona adecuadamente. Trabas burocráticas y restricciones financieras hacen que en la mayoría de los países esto se encuentre más cerca de la enunciación de deseos que de la aplicación efectiva.

Por último, se debería agregar otro argumento usualmente escuchado: como lo que falta es sólo una parte del presupuesto, resultaría adecuado que se establezca un arancel que sea bajo, de manera que esos ingresos sean complementarios con los aportes que realiza el Estado, de modo tal que se logre la cifra necesaria para el funcionamiento de estas instituciones sin resentir fondos estatales que pueden ser asignados a otras cuestiones. Lo que se debe comprender es que los hechos y circunstancias vividos a lo largo de la mayor parte de la historia argentina son demostrativos de que si en algún momento se comienza a incluir el pago por parte de los estudiantes entre los conceptos que financian la educación superior, aunque a esto se lo presente como una contribución voluntaria y/o mínima, con el paso del tiempo el Estado irá disminuyendo gradualmente los aportes que le corresponden para hacer frente a otras obligaciones. De esa manera, con el transcurso de los años, las universidades se encontrarán nuevamente desfinanciadas, debiendo recurrir necesariamente al aumento de los aranceles como modo de sobrellevar la situación. Por ello, transcurrido un tiempo esto se traducirá en altas cuotas que no harán más que profundizar la brecha existente entre jóvenes de altos y bajos ingresos. Quienes manifiestan que el sistema, tal cual como funciona en estos tiempos, tiene rasgos de inequidad, no reconocen que si se lo cambia, en realidad va a generar un proceso mucho más desigual que el supuestamente existente en la actualidad.

Una perlita de FIEL: en el documento Una educación para el siglo XXI – Propuesta de reforma, ese centro neoliberal propugna la eliminación total del presupuesto universitario del gasto público en cualquiera de sus jurisdicciones. O sea, nada de aportes. Aquí puede terminarse cualquier análisis que le otorgue un grado de seriedad al trabajo, porque como ya fue dicho, en ningún país del mundo la universidad se autofinancia. Hasta los regímenes más liberales aceptan que el Estado debe hacer frente a la mayor parte del presupuesto necesario para educación superior.

* Profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

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