El 82 por ciento para los jubilados es un deseo muy noble. Sirviéndose de esa valoración, el posicionamiento político a favor o en contra es presentado por la oposición política y mediática como una discrepancia entre “generosos” e “impopulares”. Pero hay en ella una manipulación conceptual que urge desenmascarar. Es fácil estar de acuerdo con el 82 por ciento cuando se habla de pagar a los jubilados pero sin mencionar a quién se le sacará para ello. Hay que tener en claro que para aumentar el ingreso de la población pasiva es necesario reunir el dinero. No sólo el necesario para pagarlo este mes o los siguientes. Ese dinero debe ser un flujo permanente, que tampoco puede inventarse emitiendo perpetuamente. Evidentemente para pagar más a los jubilados hay que generar una transferencia de algún otro sector. ¿Estos fervientes defensores de los derechos de los jubilados estarían dispuestos a tocar los privilegios de los sectores más favorecidos? O aún más fácil de imaginar: ¿Estarían dispuestos a que sus propios beneficios jubilatorios se redujeran para poder pagar lo que es justo? Esquivar esta discusión es sostener una postura sin estar dispuesto a asumir sus costos. Es decir, un acto de hipocresía política.

Cuando se han querido tocar los ingresos de los jubilados privilegiados (en el caso de la provincia de Córdoba), las ganancias de los empresarios o las del agro, no han tardado miles de voces en poner el grito en el cielo diciendo que el Gobierno es autoritario, chavista o cubano, saliendo a manifestarse y hasta parando el país, si fuera necesario. El Gobierno tampoco ha abordado esta discusión. Simplemente se pronunció rechazando el 82 por ciento “porque no se puede financiar”. Es cierto, no se puede si no se genera una nueva fuente de ingreso fiscal.

Es posible pagarles un aumento a los jubilados. Para que el Estado lo pague, algún sector tiene que transferir fondos a las cuentas públicas. Asumir honestamente la defensa del 82 por ciento implica necesariamente tomar posición a favor de un incremento de los aportes patronales, de las retenciones o del Impuesto a las Ganancias o la creación de un nuevo tributo para captar recursos de los sectores rentables, o bien –lo único que la oposición quizás permitiría– cargar el costo sobre los trabajadores (aumentando su contribución) o sobre los jubilados mismos, emparejando sus haberes, siendo esto último difícil por la existencia de “derechos adquiridos”. ¿Simplemente se tildará al Gobierno de tibio o reaccionario, o se recordará la inviabilidad política que tuvo la 125 como paradigma de la reacción demoledora que generan los intentos de impulsar una redistribución del ingreso? Si la 125 fue tan controvertida, es difícil imaginar cuánto se escandalizarían esos nobles argentinos si se tomaran las drásticas medidas distributivas que requiere el aumento de las jubilaciones. Cuando los medios y la oposición reclamen que los que más tienen aporten para pagarle a los jubilados, nos uniremos de manera unánime con ellos los que hoy rechazamos el 82 por ciento. Recién entonces, si el Gobierno sigue en contra, se podrá sospechar de su impopularidad

* Socióloga becaria de Conicet, especialista del sistema previsional.