Cuando los principales funcionarios del gobierno bonaerense solicitan al titular de la Cámara de Diputados de la Nación el llamado a un debate para reformar el régimen de coparticipación federal de impuestos, demuestran inconsistencias a varios niveles.

En lo político-institucional, la Constitución establece claramente que la Cámara de origen para ese debate es el Senado de la Nación. Y lo es porque allí se encuentran representadas de manera igualitaria todas las provincias. Cualquier modificación en la distribución de los recursos federales demanda de un amplísimo acuerdo, incluso mayor que el de una reforma constitucional, en tanto una nueva ley de coparticipación requiere la aprobación tanto del Congreso nacional como de las 24 legislaturas provinciales.

El otro yerro es de carácter político-económico, visible en declaraciones de la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, respecto de que “el 55 por ciento de la industria nacional” y el “40 por ciento de la población nacional” están instalados en Buenos Aires, provincia que “motoriza y genera un Producto Bruto mucho más grande que el resto”. Si bien los datos aportados por la ministra son ciertos, y conocidos por todos, lo preocupante es que permiten inferir una línea de pensamiento que se inscribe en la teoría “devolutiva” del federalismo fiscal, que supone distribuir los recursos federales proporcionalmente al peso de cada provincia en la recaudación o el gasto. Este criterio podría retrotraer el sistema de transferencias a la década de 1930.

En Argentina, dadas las grandes asimetrías entre las provincias y al interior de cada una de ellas, se requiere de un análisis profundo y un abordaje integral sobre el sistema de transferencias financieras entre niveles de gobierno. La distribución de recursos debe hacerse asegurando transferencias que conduzcan a garantizar situaciones de igualdad para todos los ciudadanos del país y no según la participación de cada provincia en el total de la recaudación, como parece sugerir el gobierno bonaerense. Cualquier criterio distributivo que se aplique con un sentido de igualdad social seguramente haría aumentar la participación de la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal, dado que buena parte de su población, especialmente en determinadas zonas del conurbano, presenta aún hoy importantes limitaciones en sus condiciones de vida y en la oferta de bienes públicos de calidad.

Mezquindad

El punto anterior se vincula con el otro debate de los últimos días, respecto de la posibilidad de que el Estado nacional brinde asistencia financiera directamente a los municipios. En los últimos años, la Nación ha sido el elemento más dinámico en el financiamiento del gasto de los gobiernos locales. Los datos demuestran tal afirmación. Las transferencias nacionales a municipios, eminentemente para gastos de capital, crecieron un 240 por ciento en términos nominales entre 2002 y 2009, pasando de un peso casi nulo a representar un sexto del financiamiento de los municipios argentinos proveniente de otros niveles de gobierno. En el mismo período, las transferencias provinciales a municipios sólo crecieron un 127 por ciento, nominalmente.

Por otra parte, y pese a que la reforma constitucional de 1994 proclamó la autonomía municipal, varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, sostienen todavía un régimen municipal que podría tildarse de inconstitucional, pues no han reconocido dicho derecho institucional. Además, las leyes de coparticipación provincial son, en general, mezquinas, injustas y anacrónicas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, distribuye a los municipios sólo el 16,14 por ciento de sus recursos cuando la fallida reforma constitucional provincial de Antonio Cafiero proponía en 1991 un piso mínimo de 20 por ciento.

El origen de los recursos

En la última década, el sesgo del conjunto de impuestos nacionales ha pasado de “levemente regresivo” a “levemente progresivo”, con una distribución del ingreso, tras el cobro de impuestos, casi igual a la existente antes de recaudarlos. En el conjunto de las provincias, en cambio, la regresividad del sistema tributario ha aumentado, ya que la participación de los impuestos sobre el patrimonio se redujo a la mitad en la última década, pasando de un 25 por ciento del total en 2001 a un 12 en 2011.

Por ello, más allá de la necesaria revisión de la Ley de Coparticipación Federal, es justo exigirles a las provincias –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba están primeras en la fila por su peso político y económico– un mayor esfuerzo por gravar mejor la riqueza a través de los impuestos patrimoniales, actualizar seriamente las valuaciones fiscales, elevando así la recaudación y logrando que paguen más los que más tienen.

Algunos gobiernos provinciales pretenden obtener, sea como fuere, mayores recursos del Estado nacional, sostener un sistema mezquino y anacrónico de transferencias de fondos a sus municipios y seguir recaudando con sistemas altamente regresivos e ineficientes, que terminan castigando más a los que menos tienen. Una combinación que de federalismo fiscal equilibrado tiene poco y de justicia social, mucho menos

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.