“Me preocupa que se use la plata de los trabajadores y de los jubilados para destinos que no tienen nada que ver con la seguridad social, como es la compra de computadoras”, dijo Sergio Massa en campaña. Si bien en relación con el Programa Conectar Igualdad el titular de la entidad, Diego Bossio, rectificó que los fondos provienen del Tesoro Nacional, esa crítica se suma a una serie de planteos en relación con el rol de la Anses.

En su momento, el líder del FAP Hermes Binner sostuvo al anunciarse el Pro.Cre.Ar que “sacar los recursos de un lado para destinarlos a otro es injusto” y propuso sancionar “una ley de intangibilidad de los fondos de la Anses, para que no se puedan tocar para otra cosa”. Cuando se implementó la Asignación Universal por Hijo, en 2009, Carrió afirmó que “es sacarles a los pobres jubilados para darles a los chicos”. Para el radical Ernesto Sanz, la AUH “debe financiarse con el Tesoro Nacional y no con la plata de las jubilaciones” (dichos que se suman al ya famoso: “La plata de la Asignación Universal por Hijo se está yendo por la canaleta del juego y la droga”). A ello se agregan las constantes denuncias hacia la utilización de la Anses como “caja clave del Gobierno” (La Nación, 1/8/2013).

Cada uno de estos cuestionamientos es una discusión clave con diferentes concepciones en pugna: ¿cuáles deben ser los alcances de la seguridad social en la Argentina?

Durante los últimos 25 años del siglo pasado, a partir de la implantación del patrón de valoración financiera y de una creciente liberalización y desregulación, la protección y la seguridad social fueron conceptos de los que era necesario desprenderse, como un lastre de las sociedades tradicionales y de sus aparatosos y costosos Estados de Bienestar, a los que había que insertar en un proceso de “modernización”. Se introdujo entonces, a partir del consenso neoliberal, una forma de organizar la sociedad y la vida que premió los atributos de la autosuficiencia y la productividad. La demanda de protección se convirtió en un signo de debilidad individual o grupal, o una resultante, desde las teorías económicas neoclásicas, de una ineficiencia sistémica.

Desde esa matriz de pensamiento, los sistemas de protección social fueron el foco de las transformaciones de las reformas de mercado neoliberales y de los ajustes estructurales. No sólo se convirtieron en un blanco a ser eliminado sino que, al mismo tiempo, constituyeron un medio de acumulación para el poder concentrado, siendo un ejemplo de ello la creación del sistema de AFJP en 1994.

Marcando un fuerte contraste, la estatización del sistema previsional en 2009 –precedida por importantes reformas entre 2005-2008, como la moratoria previsional y la posibilidad de traspaso desde capitalización a reparto– puso estos principios en el centro de la discusión, cristalizando la histórica pugna sostenida en el capitalismo por determinar si la protección social y el bienestar constituyen un asunto colectivo o individual.

La opción política en pos de la ampliación de la protección social, entendiéndola como un asunto colectivo, se manifestó en la creación de prestaciones “no contributivas” como la Asignación Universal por Hijo hacia fines de 2009, revelando una profunda ruptura con el esquema sesgado y privatista neoliberal.

Luego se avanzó en modificaciones de corte cualitativo en esta concepción redistributiva, entre las que se destaca la implementación desde 2012 del Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar) financiado por la Anses y el Tesoro Nacional, que brinda soluciones habitacionales a través de créditos con tasas subsidiadas. Que un trabajador activo pueda tener su propia casa es también seguridad social, derecho que ha sido claramente establecido por el constitucionalismo social que inspiró la Constitución de 1949 y que se ha incorporado en 1957 en el citado artículo 14 bis.

Con el espíritu de ese primer peronismo, hoy fundamentalmente se trata de colocar en el centro al trabajador, el cual tiene derecho a salud y educación de calidad, a un trabajo en blanco con salario digno, y también a tener una buena jubilación al retirarse. En este marco, tanto el derecho a una vivienda como el acceso a computadoras para todos los estudiantes de escuelas secundarias con la finalidad de reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la educación pública expresan avances significativos en la cobertura de la seguridad social y además dan cuenta de una clara “batalla de ideas” contra el pensamiento neoliberal.

Esta senda de ampliación de las protecciones choca una y otra vez con concepciones (de políticos, intelectuales, y también constitutivas del “sentido común” dominante) que defienden el uso restrictivo de los fondos de la Anses al tratarse de “la plata de los jubilados”. Se desconoce, al mismo tiempo, que la financiación de la entidad no sólo se sostiene a partir de aportes de contribuyentes directos –trabajadores y empleadores–, sino que utiliza parte de la recaudación impositiva (IVA, Ganancias, combustibles, cigarrillos), aportes del Tesoro y de la coparticipación, convirtiendo así en aportantes indirectos al conjunto de la población.

La reaparición de la noción de seguridad social restrictiva pretende volver a colocar al Estado en la función de seguro ante eventualidades (que se enraíza en las originarias funciones de las cajas de seguro y mutuales allá por el siglo XIX), retirándolo de su rol de garante del bienestar y de los derechos sociales, que son derechos constitucionales.

En definitiva, el debate sobre el origen de los fondos de la Anses no puede ocultar las concepciones ideológicas en pugna, que son las que verdaderamente sustentan los cuestionamientos. La puja entonces es seguridad social “de mercado” o seguridad social inclusiva, que defienda el conjunto de los derechos de los trabajadores

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).