Diciembre es el mes en que la ONG alemana Transparencia Internacional (TI) suele difundir su ranking mundial de percepción de corrupción. Respaldado su punto de vista por los principales medios de difusión del mundo, fue noticia en nuestro país el lugar ocupado por Argentina: 107 entre 174 países. Según TI, los modelos a seguir son países desarrollados como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia, que aparecen como los tres mejor ubicados en el mencionado ranking. En estas naciones, de acuerdo con la definición de corrupción adoptada (“el abuso del poder para beneficio privado”), los fondos públicos no se utilizan para realizar negocios particulares en desmedro de la sociedad, al contrario de lo que ocurre en lugares como Afganistán, Sudán, Corea del Norte o Somalia, que se ubican como los Estados de peor puntuación. Argentina, de acuerdo con el trabajo de TI, estaría dentro de un lote de países básicamente corruptos, acompañada por Nigeria, Moldavia, Albania, Indonesia y Etiopía, entre otros.

Esta mala calificación hizo que a coro los medios opositores salieran con los tapones de punta en contra del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así, Clarín consideró que “Argentina retrocedió otro puesto en el ranking de la corrupción internacional al pasar del puesto 106 al 107. Seguramente, el caso del lavado de 55 millones de dólares de Lázaro Báez a través de empresas fantasma y paraísos fiscales y otras causas de corrupción K influyeron en el voto de los expertos que decidieron la mala nota argentina”.

En La Nación se reproducen declaraciones de Pablo Secchi, director de la ONG Poder Ciudadano, quien afirma que “esta caída en el índice refleja la total ausencia de esfuerzos en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción. Los organismos de control fueron reducidos a su mínima expresión durante los últimos años, convirtiéndolos en actores intrascendentes”. Estos enfoques sintonizan con expresiones vertidas en su momento por el peruano José Ugaz, presidente de TI, quien considera que “durante los regímenes de los Kirchner ha habido sucesivos escándalos que dan a entender que hay una corrupción sistémica”.

Como era de esperar, la respuesta vino de parte del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien sostuvo que los informes de TI responden a intereses de usinas ideológicas internacionales dedicadas a “vender humo”, en beneficio de las grandes corporaciones mediáticas que hostigan a los gobiernos populares.

Trataremos, en lo posible, de poder analizar de una manera más profunda la tarea desarrollada por TI, sus presupuestos metodológicos, las debilidades que presenta su enfoque y los resultados contradictorios cuando TI estudia la corrupción empresaria.

En primer lugar, TI no mide valores realmente existentes de corrupción en tal o cual país. TI asume la dificultad de contar con datos objetivos del ilícito y por ello acude al uso de “percepciones” y es en base a éstas que elabora sus índices. Por tanto, no existe una variable denominada “corrupción”. Esta es reemplazada por lo que se denomina una variable proxy, que en este caso sería la “percepción de la corrupción” (una variable proxy es aquella que es usada para reemplazar el valor de una cantidad inobservable o no medible directamente).

La tarea de medir esta variable proxy es realizada por diversas organizaciones, entre las cuales se encuentra Economist Intelligence Unit (ligado al diario conservador británico The Economist), The Freedom House (ong con sólidos vínculos con el Departamento de Estado estadounidense), Bertelsmann Foundation (think tank neoliberal), el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, entre otras.

Para ser de utilidad, una buena variable proxy tiene que tener el atributo de estar muy fuertemente correlacionada con la variable a la que suplanta. Este no es el caso de la “percepción de corrupción”. De entrada está muy condicionada por el conjunto de creencias no científicas de las que hacen gala las organizaciones convocadas por TI (parámetros subjetivos y altamente ideologizados). En segundo término, tal como lo expresa S. V. Campbell (Perception Is Not Reality: The FCPA, Brazil, And The Mismeasurement of Corruption, en Minnesota Journal of International Law, 2013) el proxy utilizado se obtiene a partir de encuestas de opinión. La agregación de opiniones, continúa Campbell, sigue siendo una opinión y “en este caso hay poca correspondencia observada entre percepción y realidad”.

Críticas similares se realizan desde el centro de estudios Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), en donde se afirma que los índices basados en percepción no capturan adecuadamente tanto las características cuantificables del comportamiento corrupto como aquellas dimensiones arquetípicas de la corrupción. Asimismo, las percepciones difieren del real comportamiento de la corrupción si las mediciones están teñidas con prejuicios raciales, religiosos, nociones preconcebidas, etc. (J. Foster y otros, An Axiomatic Approach to the Measurement of Corruption, Theory and Applications, en OPHI Working Paper Nº 29, 2009). En el mismo sentido se expresa la ONU cuando identifica las debilidades del trabajo de TI, en particular al tomar el soborno como forma excluyente de corrupción, en desmedro de las otras dimensiones del fenómeno. También la ONU manifiesta que no existen garantías ciertas para que los datos obtenidos merced a la percepción de la corrupción sean indicativos del nivel real de corrupción en un país (UNDP, A Users’ Guide to Measuring Corruption, 2008). En función de lo hasta aquí reseñado podemos concluir que resulta muy dificultoso sostener el carácter científico y la seriedad de los resultados obtenidos por TI, a causa de la conjunción entre subjetividades y debilidades metodológicas.

Por otra parte, sería interesante poder capturar aquellos hechos de corrupción globales cuando los actores son empresas de gran envergadura. Periódicamente nos informamos acerca de turbios negocios que caen bajo la lupa de la Justicia. Tomemos al gigante de la energía, la italiana ENI, sacudida por escándalos diversos: a) corrupción en Kazajistán, mediante su filial Agip KCo, investigada por la fiscalía de Milán (2012); b) corrupción en Argelia mediante la subsidiaria Ingeniería Saipem, con imputaciones al presidente ejecutivo de la compañía; c) compra ilícita en 2011 del gran bloque petrolero mar adentro OPL 245, en Nigeria, en donde está procesado uno de los ejecutivos de la firma. Estos son sólo algunos de los eventos en donde aparece cuestionado el Ente Nazionale Idrocarburi. En otros países, empresas paradigmáticas son también alcanzadas por el barro de la corrupción. Es el caso del Banco Santander, en particular por el papel de su extinto presidente Emilio Botín. En la nómina divulgada por el whistleblower Hervé Falciani de activos no declarados en cuentas secretas del HSBC en Suiza figuraba Botín, con al menos dos mil millones de euros. La evasión al fisco español no prosiguió en sede judicial, al archivar la investigación la Audiencia Nacional debido al pago que realizara Botín al Ministerio de Hacienda por un valor de 200 millones de euros.

Otro caso sonado fue la compra por parte del Santander en el 2007 del banco italiano Antonveneta y su venta posterior en una cifra muy superior, apenas tres semanas después, al Banco Monte Paschi. Según documentaciones en poder de la Justicia italiana, Monte Paschi, firmó un acuerdo secreto previo con Botín y con el JP Morgan para repartirse de manera ilegal las plusvalías de la venta.

A pesar de que el mayor interés de TI está enfocado en la corrupción de los poderes públicos, se dedica también a analizar el comportamiento de las corporaciones. Desde el 2012, TI viene elaborando estudios acerca de la transparencia de las principales empresas mundiales. El último de ellos, Transparency in Corporate Reporting. Assessing the World’s Largest Companies, fue editado este año. A partir del grado de cumplimiento de tres dimensiones (presentación de informes sobre programas de lucha contra la corrupción, transparencia organizativa y presentación de informes país por país en el que se encuentre la empresa) TI establece un orden de transparencia. Como la empresa más transparente figura ENI y en el quinto lugar el Banco Santander (el banco mejor posicionado a nivel mundial), habiendo sido evaluadas las primeras 124 empresas multinacionales con mayores ingresos en el mundo. En una nota al margen del citado estudio de TI se lee que “ENI provee soporte financiero al secretariado de TI en el 2014”. Asimismo, se nos informa que el HSBC Holdings forma parte del Comité Directivo de Principios Empresariales de la ONG alemana (a su vez el HSBC se ubica en un expectante puesto 22).

No constituye una investigación científica seria un estudio que cuente con debilidades metodológicas insalvables y prejuicios políticos, tampoco si cuenta con el soporte económico de los que dice investigar. La mezcla anterior está por cierto bastante lejos de la ciencia y se aproxima notoriamente, por el contrario, a la operación política.

* Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue.