La mitad del mercado mundial de semillas es controlado por apenas tres empresas. Las dos primeras son norteamericanas (Monsanto, DuPont Pionner) y la tercera es suiza (Syngenta). El caso de Monsanto es bastante conocido. La compañía desarrolló, a comienzos de los noventa, una semilla de soja genéticamente modificada resistente al glifosato. La penetración de ese paquete tecnológico (semilla transgénica más herbicida) fue arrolladora en la Argentina en pocos años. La superficie cultivada de soja transgénica creció desde 10.000 (campaña 1996/97) a 18.670.937 de hectáreas (2011/2012). Además, el porcentaje de siembra de soja transgénica (respecto del total) aumentó del 0,15 al 100 por ciento.

En la Argentina, la estrategia corporativa consistió en el otorgamiento de licencias de comercialización a semilleros a cambio del pago de regalías. Sin embargo, las expectativas de la compañía norteamericana no se cubrieron debido a la caída en la venta de las semillas fiscalizadas. La explicación de esa aparente paradoja (cultivos en expansión, regalías en descenso) fue producto de dos factores concurrentes:

1. Los productores utilizaban parte de los granos cosechados como semilla, tal como lo permite la actual Ley de semillas sancionada en 1973.

2. La comercialización semillera “en negro”.

La falta de patentamiento del gen Round Ready (RR), en la Argentina, impidió que la compañía iniciara reclamos por vía judicial. Ante eso, Monsanto intentó incautar en puertos europeos los cargamentos de harina de soja provenientes de la Argentina. El argumento era que el producto había sido elaborado utilizando como materia prima las semillas RR. La pretensión de la multinacional era cobrar 15 dólares de regalías por tonelada de soja exportada.

La ofensiva judicial de Monsanto en Europa fue respaldada por la embajada de Estados Unidos. Los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks revelaron las intensas presiones recibidas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, las filtraciones revelaron el ríspido diálogo sostenido entre delegados estadounidenses y el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía. El cable relata que “la reunión terminó con una discusión sobre la disputa con Monsanto por las regalías por las semillas de soja modificadas genéticamente... Chiaradía cuestionó la intención verdadera detrás de los esfuerzos de Monsanto por cobrar regalías..., dijo que el Gobierno estaba listo para negociar tanto las regalías como la segunda generación de semillas. Pero agregó que no lo haría con una pistola apuntándole, en referencia a las acciones legales que tomó Monsanto en Europa en contra de los cargamentos de soja argentina”.

Finalmente, el Tribunal de Justicia europeo desestimó la presentación. Los jueces dictaminaron que la secuencia de ADN patentada no cumplía con su función original en la harina de soja. Por lo tanto, la patente europea no era aplicable porque se trataba de “material muerto”.

En la actualidad, la ofensiva corporativa está focalizada en la difusión de un modelo de negocios basado en una nueva semilla. Según la empresa, la tecnología “Intacta RR2 PRO” mejora el rendimiento, reduce costos y simplifica el manejo para los productores. Los únicos autorizados para comercializarla son dos sociedades comerciales (Asociados Don Mario y Nidera) y una entidad cooperativa vinculada a Coninagro (Asociación de Cooperativas Argentinas –ACA–). Ese modelo de comercialización obliga a los productores a suscribir un contrato de adhesión cuya vigencia se extiende hasta noviembre de 2028. El nuevo esquema de negocios es el siguiente:

1. La siembra queda restringida a un determinado ámbito geográfico (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis) y la comercialización de la semilla es exclusiva de los operadores autorizados. A su vez, la cosecha solamente puede ser vendida a exportadores y/o acopiadores autorizados.

2. El productor debe abonar la regalía al momento de la compra de la bolsa de semilla certificada (entre 3 y 4 dólares), la declaración y siembra de la semilla para uso propio o la entrega de los granos al acopiador o exportador autorizado. El productor también debe identificar los lotes sembrados, permitiendo el ingreso del personal fiscalizador de Monsanto (o de quienes la empresa designe para la realización de las inspecciones). Por último, el productor renuncia al derecho de uso propio contemplado por la Ley de Semillas. Eso implica que debe abonar el canon correspondiente aunque la siembra fuera realizada con semillas reservadas de la cosecha anterior.

Los potenciales perjudicados por ese modelo de negocios son los productores (se incrementan los costos del insumo básico, falta de libertad para decidir a quién vender la producción, anulación del derecho al uso propio) y las compañías semilleras (que ven afectada la libre disponibilidad de la semilla para multiplicarla). El esquema impulsado por Monsanto fue denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). En efecto, la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) la acusaron de abuso de posición dominante. Los denunciantes sostienen que “resulta evidente que Monsanto mediante acuerdos con empresas semilleras que dicha firma selecciona, busca reforzar una posición de dominio que dicha empresa ocupa en el mercado nacional seleccionando actores en cada eslabón de la cadena... y desplazando al resto de los competidores”.

La denuncia contra Monsanto fue respaldada por científicos, productores agrarios, campesinos, cooperativas, organizaciones de profesionales, trabajadores, empresarios y estudiantes universitarios reunidos en la ciudad de Paraná, en el Quinto Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas. La declaración final del encuentro denunció que “los sistemas contractuales que se imponen a productores, acopiadores, procesadores y exportadores en esta cadena de contratos sustituye la soberanía estatal sobre las políticas públicas en materia agrícola y alimentaria por la imposición soberana y autoritaria de las políticas públicas alimentarias por parte de las corporaciones transnacionales”.

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@diegorubinzal