Entre 1991 y 1994 se diseñó y ejecutó la privatización del sistema eléctrico. Se dividió en tres subsistemas: Generación, Transporte y Distribución. La falacia es conocida: la privatización traería consigo las inversiones privadas que permitirían la mejora del sistema.

Para el caso del subsistema de Transporte (las líneas de alta tensión que conectan las fuentes de generación con las distribuidoras), la privatización preveía que las necesarias obras de ampliación serían financiadas por las empresas generadoras y/o las empresas distribuidoras. Se dejaba así a millones de argentinos librados a la lógica del dios mercado: cuando una obra fuera notoriamente “rentable” (en términos de ganancia de la empresa privada), se suponía que el generador, o el distribuidor –o ambos– invertirían para su concreción.

Sobre el derecho de los habitantes –fuera cual fuera su lugar de residencia– a contar con electricidad, no se decía mucho. Acerca de un desarrollo armónico de la potencialidad económica de las distintas regiones de la Argentina tampoco había nada.

En realidad el esquema privatizador respondía a la idea general del desgobierno de los ’90: un país para muy pocos, sin industria y sin la mayoría de la población con acceso al consumo.

¿Para qué llevar electricidad, en forma suficiente, al Noreste si muy pocos tenían acceso a los electrodomésticos? ¿Para qué llevar electricidad al Noroeste si no había radicación de industrias? ¿Para qué reforzar el suministro al conurbano, si los sectores populares –la mayoría– no alcanzaban a pagar el consumo domiciliario? ¿Para qué interconectar a la Patagonia, si ahí sólo hay viento y hace frío?

El tiempo se encargó de dejar totalmente al descubierto la falacia: para 2003 las inversiones no habían llegado, y lo poco que se había hecho fue financiado fundamentalmente por el Estado.

En los primeros diez años de la privatización casi no hubo inversión privada en la red de transporte, pese a que habían venido gestionando los ocho “ex secretarios de Energía” (esos que aparecen ahora criticando al actual modelo).

La vuelta del Estado

Esa falta de inversión privada llevó al Estado nacional, a partir de 2003 y por decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a intervenir activamente a fin de concretar primero el Plan Federal de Transporte Eléctrico I y, luego, el Plan Federal de Transporte Eléctrico II con el objetivo de lograr la interconexión de todas las regiones eléctricas de Argentina, incluido el Sistema Patagónico (NOA-NEA; Comahue-Cuyo; Tercera Línea Yacyretá; Patagonia; San Juan-Mendoza; Catamarca-La Rioja; Rosario Oeste-Río Coronda).

La construcción de estas nuevas líneas de extra alta tensión no sólo lleva energía a regiones históricamente postergadas sino que avanza hacia un Sistema Interconectado anillado –en contraposición con el sistema radial existente hasta 2003– que brinda mayor seguridad eléctrica en todo el territorio y posibilita el desarrollo económico en todas las provincias.

Las obras se financiaron casi en su totalidad con fondos públicos.

Los datos

En los primeros diez años de la privatización (1994-2003) del Sistema de Transporte, las líneas del Sistema de Extra Alta Tensión se ampliaron en 2226 kilómetros.

En los siguientes diez años (2004-2013), a partir de la decidida iniciativa y financiamiento del Estado, las ampliaciones alcanzaron los 4657 kilómetros.

Ello significó el 67,7 por ciento del total de las expansiones desde 1994 hasta 2013.

El mayor crecimiento de la red se concentró, especialmente, en los últimos seis años (2008-2013), que representan el 62,5 por ciento del total de los últimos veinte años.

En el caso de la potencia instalada en el Sistema de Extra Alta Tensión, en los últimos diez años se duplicó lo que se había hecho en los primeros diez años de la privatización.

Así, mientras en el período 1994-2003 la potencia se amplió en 2250 MVA; en el período 2004-2013 se amplió en 5600 MVA.

Dicha ampliación representa el 71,3 por ciento del total de las ampliaciones desde 1994.

En el ámbito de la Distribución Troncal (dentro de cada provincia y/o región), el crecimiento de las redes en el período 2004-2013 fue de 2680 kilómetros, representando el 50,6 por ciento del total de los últimos veinte años. Si se suma la Patagonia (incorporada al Sistema Interconectado Nacional en 2006) las ampliaciones llegan a los 5384 kilómetros (67,3 por ciento del total).

En el mismo período, el crecimiento de la potencia instalada fue de 6652 MVA, que representa el 68,5 por ciento del total de las ampliaciones desde 1994. Es decir que en los últimos diez años se triplicó lo que se había hecho en los diez años anteriores.

Respecto de los montos invertidos, se observa que en los primeros diez años posteriores a la privatización (1994-2003), el total de las inversiones –públicas y privadas– realizadas en la ampliación de la red de transporte es de 859,7 millones de pesos (a valores constantes expresados en pesos de 2001). Ello representa sólo el 23,1 por ciento de la inversión total en el período 1994 a 2013, inclusive.

Por el contrario, en los diez años siguientes (2004-2013), la inversión alcanzó a los 2857 millones de pesos (siempre a valores constantes expresados en pesos de 2001).

Ello significa que en los últimos diez años, se ejecutó el 76,9 por ciento del monto total que se ha invertido en ampliación de la red.

Asimismo, se puede verificar que mientras el promedio anual de inversión en los diez primeros años fue de 85,9 millones de pesos, en los siguientes diez años el promedio anual de inversión se incrementó notablemente, hasta los 285,7 millones de pesos.

Es decir que, a partir de 2003, se triplicó el promedio anual de inversión (a valores constantes) en la ampliación de la capacidad de transporte, financiada fundamentalmente con aportes del Tesoro Nacional.

En matemáticas diez es igual a diez. En política, las concreciones de diez años de este gobierno son el doble –o más– que en diez años de neoliberalismo.

* Secretario de Formación Política. Mesa Directiva de la Provincia de Buenos Aires. Partido Intransigente.

* Elaboración propia en base a información pública oficial.