La pobreza es sólo una faceta de la desigualdad. Contrarrestar las desigualdades es un tema central para la agenda pública y estatal, pero poco se escucha hablar en la agenda electoral argentina sobre su magnitud y propuestas de transformación.

Según el informe titulado “Riqueza: tenerlo todo y querer más”, de la organización internacional Oxfam divulgado en enero último, si no se toman medidas para detener el vertiginoso incremento de la desigualdad, el 1 por ciento más rico tendrá en 2016 más del 50 por ciento de toda la riqueza del planeta.

Mientras el 1 por ciento más rico del planeta tiene una riqueza promedio de 2,7 millones de dólares por adulto, 1 de cada 9 personas del mundo no tiene suficiente para comer, y 1000 millones de personas tienen que sobrevivir con menos de 1,25 dólar al día. Añade que el 20 por ciento de los billonarios tiene intereses en los sectores financieros y de seguros, y vio cómo el valor de su fortuna aumentó el 11 por ciento en los doce meses anteriores a marzo de 2014.

La desigualdad no está sólo en los ingresos, está en el acceso a la tierra y a la vivienda, el conocimiento y la educación, en el relacionamiento social. En nuestro país la desigualdad también adquiere amplias dimensiones, más allá de su reducción y que se están desplegando políticas para aminorar los impactos adversos de las últimas crisis internacionales.

El incremento de la desigualdad en el mundo es alarmante, injusto y peligroso. La concentración de riqueza capta poder y deja a la gente sin voz y sus intereses, descuidados. Repercute en los sistemas políticos y en la vitalidad de las democracias.

También tiene consecuencias en la sustentabilidad ambiental mundial. Los pobres no respiran el mismo aire, no toman la misma agua, ni juegan en la misma tierra. Además, a ello agrega lo paradójico de que son los más ricos los responsables de gran parte de las emisiones de dióxido de carbono, como dice el informe de Oxfam.

La desigualdad afecta a todos los sectores populares, es decir, tanto a la clase media como a los más humildes. La falta de bienestar y calidad de vida que la acompañan vulneran los derechos sobre todo de las infancias, juventudes y mujeres, y condiciona el futuro.

La concentración de riqueza crea distancias. Para los muy ricos las necesidades de los ciudadanos clase media y baja son distantes. Las personas desfavorecidas se convierten para ellos en teóricas y remotas.

Mientras algunos afirman que la desigualdad resulta de un camino inexorable al que conducen la globalización y el desarrollo tecnológico, la evidencia en distintos países a lo largo de la historia demuestra que la desigualdad resulta de las elecciones políticas y económicas.

Por ejemplo, en el mundo, con cada crisis financiera en los últimos años, la de 2008 y la más reciente en 2012, se ha incrementado la desigualdad y esto ha tenido su reflejo en aumentos de la desocupación y la pobreza por ingreso. Unicef ilustra bien sus efectos en el informe “Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos”.

América latina, si bien aún es la región más desigual del mundo, ha ido en sentido contrario al recorte presupuestario. El descenso de la desigualdad que se verifica en la región se debe principalmente al aumento del nivel de educación, la mejora en el sistema de salud y un mayor acceso al empleo y a los programas estatales de protección social.

Otro ejemplo lo constituyen los países líderes en desarrollo humano, competitividad y progreso tecnológico, como Noruega, Suecia, Finlandia, que tienen alta equidad. Estos países tienen Estados socialmente activos y protectores, con sistemas fiscales progresivos, y con amplios consensos en sus sociedades sobre la importancia de la equidad.

Al intervenir con políticas fiscales, sociales, regulando mercados y recursos naturales e impulsando y facilitando la organización de los trabajadores para que discutan el precio de sus manos, se está incidiendo en la transformación (o no) de las desigualdades imperantes. Según los alcances de su progresividad serán las condiciones de bienestar social de cada sociedad.

Detrás de la discusión mediática de las últimas semanas centrada en cuántos pobres hay y anclado en la medición de sus ingresos, vale preguntar si ¿el objetivo actual se limita a luchar contra la pobreza o es en realidad abordar el gran reto de la desigualdad?

Si bien este debate no excusa al rol y responsabilidad del Indec en garantizar la confiabilidad de las estadísticas oficiales nacionales, tampoco puede obviarse que la desigualdad (más que la pobreza por ingreso) es el gran reto político, económico y social en el que hay que poner el acento. Como lo establece el actual consenso generalizado entre expertos sociales y organismos de Naciones Unidas, para luchar contra la pobreza es básico ante todo abordar la desigualdad. Esta afirmación, hoy generalizada, no siempre fue considerada así.

A lo largo de la historia se fueron desarrollando diversos tipos de mediciones para cuantificar cuál era el objetivo principal a abordar desde el Estado. Los indicadores sociales creados no están separados del contexto de su creación y contienen supuestos.

Hay múltiples indicadores, como la pobreza medida por ingreso, el enfoque de vulnerabilidad social, el enfoque de riesgo, el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Otros más recientes son los vinculados con el enfoque de derechos, como el Indice de Desarrollo Humano y el Indice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad, creados por Naciones Unidas. También están las miradas relativas al trabajo decente y su operacionalizacion plasmada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A éstas podríamos agregarles las miradas que atienden las brechas de desigualdad o relativas a índices de felicidad.

Todos estos enfoques conviven actualmente. Desde hace tiempo se destacan los límites de los enfoques de la pobreza medida sólo por ingresos, más allá de que su uso esté extendido en el mundo.

Siempre es necesario revisar y replantear cuáles son las definiciones que dan cuenta de la desigualdad para que sean más amplias, eclécticas e integrales y que, al mismo tiempo, permitan rediseñar y validar métodos de medición pertinentes que den cuenta de su multidimensionalidad.

Pareciera que, como dice la frase, de “ese tema no se habla” en la agenda electoral, está casi ausente en las plataformas electorales (cuando las hay) la mención a las medidas que se llevarían a cabo para reducir las desigualdades sociales y territoriales en la Argentina.

¿Cuáles son las propuestas y las nuevas políticas del calibre de la Asignación Universal por Hijo, el Pro.Cre.Ar, la universalización de las jubilaciones, la creación de universidades nacionales, que se están proponiendo? ¿Qué nuevas legislaciones a favor de los derechos y de la distribución? Más bien se escuchan planteos sobre cómo reducir la inversión social estatal dado lo costoso que resulta para las arcas del Estado financiar una inversión en la que se dirimen necesidades que hacen a la vida cotidiana de muchos ciudadanos.

La reducción de la desigualdad que hay en países como la Argentina debería ser cuidada y constituir la prioridad estratégica de todos los gobiernos para que se constituya en una tendencia y no sea un hecho puntual. No basta con soluciones cosméticas, sino que requieren medidas que modifiquen un orden social injusto, enmarcadas en procesos políticos de largo alcance

* Experta en Políticas Sociales. Magister en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés y Lic. en Ciencias Políticas de la UBA.

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