La discusión en torno del Impuesto a las Ganancias es una buena forma de abordar el análisis del proceso de transformación, política y económica, que significó el kirchnerismo. Este reclamo encierra un nudo político que a la vez dibuja una radiografía de la época. Algunos conceptos son de utilidad para analizar la cuestión.

Varias voces se han alzado reclamando la eliminación de lo que denomina “impuesto al trabajo”. Esto implica desconocer el espíritu del impuesto pero, sobre todo, eliminar la posibilidad de alcanzar con un gravamen sobre los altos ingresos a aquellos que se beneficien con tal situación.

Definir lo que es altos ingresos depende de cada coyuntura, pero también es una cuestión sujeta a la ponderación de las prioridades a atender en cada momento. En el fondo se discuten recursos: ¿cuánto hay para atender a los trabajadores? “A los trabajadores hay que sacarles el Impuesto a las Ganancias, mientras no lo pague yo”, sostenía hace dos años Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina. En este sentido, la discusión sobre el piso del impuesto en la cuarta categoría es un debate que debe darse con la sensatez necesaria para saber que el conjunto de los trabajadores son muchos más que los registrados que cobran por encima de 15.000 pesos.

El establecimiento del piso en agosto de 2013, donde quedarían encuadrados aquellos cuyos salarios acumulados entre enero y agosto alcanzaran los 15.000 pesos genera actualmente distorsiones: con aquellos que no pagan y cuyos salarios hoy superan ese piso; con aquellos que “por poco” quedaron afuera, y en efecto su salario termina superando al de aquellos que también “por poco” quedaron adentro. Asimismo, la pequeña distancia entre las escalas heredadas de la dictadura y consolidadas en los ‘90 (con 833 pesos de distancia entre los primeros escalones y saltos de alícuota de 5 puntos) implica un ascenso rápido hacia las alícuotas más elevadas. Cabe agregar, como indica el experto en materia tributaria Jorge Gaggero sobre la cuarta categoría del impuesto, debería tenderse a que la presión recaiga sobre las ganancias de las personas físicas, los bienes personales y otros bienes patrimoniales más que sobre las sociedades. Esto lógicamente no refiere sólo a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, sino que orienta la mirada a otorgar mayor progresividad según niveles de ingreso, concentrándose en las personas físicas (tarea más dificultosa a efectos del control).

En una etapa de marcadas mejoras de la clase trabajadora, con actualizaciones salariales, recuperación de derechos (y conquista de nuevos), la actualización del mínimo no imponible a la cuarta categoría comienza a transformarse en un reclamo de una porción de los trabajadores que sin dudas es la parte superior de la pirámide del conjunto de los asalariados. No sólo no supera el 10 por ciento del conjunto de los registrados, sino que, además, se ha ido reduciendo desde el máximo del 17 por ciento alcanzado en 2011.

En este marco, discutir la justicia del reclamo es comenzar con una encerrona argumental. Aunque ya escuchado, lo cierto es que son los propios datos macroeconómicos que hablan de los problemas concretos que aquejan mayoritariamente a la clase trabajadora los que permiten reflexionar en torno a la justicia de un reclamo indiscutiblemente minoritario: el 33 por ciento de empleo en negro, la problemática de la tercerización laboral e incluso el debate sobre la desactualización salarial en la puja distributiva.

El recurrente latiguillo en torno a la presión fiscal tiene la finalidad de hacer mella en el legítimo rol del Estado en materia de recaudación tributaria, afectando, de este modo, la posibilidad de financiamiento del aparato estatal y canalización de estos recursos a través del gasto público. No sólo se trata de vetar la injerencia estatal en nombre de la “libertad” de los ciudadanos, sino que se cuestiona que el Estado disponga de cuantiosos recursos y los destine con finalidad redistributiva: ha sido ampliamente conocida la queja hacia la financiación de planes sociales con “impuestos de todos” o de la Asignación Universal con “la plata de los jubilados”. Se refuerza así el discurso neoliberal antiestatal y se desdibuja el concepto de solidaridad social, que plantea en su sentido más amplio una relación directa entre lo que los ciudadanos aportan y lo que reciben. Son parte del “sentido común” las críticas hacia las transferencias de ingresos vía planes sociales, a la vez que se soslaya la incidencia del “salario indirecto” en el conjunto de la población, producto de numerosos subsidios a las tarifas (de agua, de gas, de electricidad, al transporte) y de los servicios gratuitos de salud, educación y seguridad, entre otros, brindados por el Estado.

La inédita ampliación del esquema de seguridad social hacia ámbitos de incumbencia que rememoran los Estados Benefactores del siglo XX significa, por un lado, un Estado que llega con jubilaciones, moratorias, asignaciones, netbooks y créditos a los que menos tienen, y requiere, como contraparte indispensable, una provisión de recursos que lo sostenga. Poco se ha dicho de esta segunda cuestión, procurando desligar la discusión tributaria del gasto social. El planteo que mira con un solo ojo el problema y esconde la otra parte, apuntando a achicar el impuesto sin mayores problematizaciones, confluye con las propuestas mágicas y facilistas que también quieren menos retenciones y menos presión fiscal pero “sostener lo que hay”.

La última década le devolvió al salario el rol que tuvo en los gobiernos peronistas, pasando nuevamente a ser un factor de demanda dinamizador de la economía. Con la creación de más de 5,5 millones de puestos de trabajo y la tasa de desocupación de un dígito (en el 7 por ciento) la discusión nuevamente pasó a ser el nivel salarial. Según las estadísticas publicadas en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, la remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado pasó de 968 pesos en 2003 a 11.295 pesos en 2014 mostrando una importante evolución (en base a SIPA, datos a septiembre/2014). Mientras la ortodoxia define al salario como un costo a ser reducido, para la heterodoxia tiene un rol mucho más importante como dinamizador del consumo en una economía en crecimiento.

Consejo del salario, paritarias, AUH, aumentos de asignaciones, Progresar, Procrear, netbooks, moratoria jubilatoria, movilidad jubilatoria, estatización de las AFJP, Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, Régimen Nacional de Trabajo Agrario y Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios), Ley de Prohibición del Trabajo Infantil, derogación de la Ley Banelco, Ley contra el trabajo no registrado, Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Repro, Plan Nacional de Regularización del Trabajo. La voluntad política de modificar la realidad de los trabajadores se expresa en solo algunas de las 48 leyes laborales sancionadas y políticas públicas desplegadas en la etapa.

Párrafo aparte merece el análisis de los actores sindicales impulsores de la protesta, que poco hablan de los problemas de trabajo en negro y tercerización laboral, eligiendo como blanco la crítica al Gobierno. Acotar la discusión sindical a la disputa con el Gobierno y a la modificación del piso de Ganancias significa correrse de la disputa por los excedentes en Argentina, desconociendo la verdadera puja distributiva con los sectores concentrados de la economía. Reconducir el debate hacia ese eje, otorga un auténtico rol transformador a la clase trabajadora.

* Centro de Economía Política Argentina