El debate sobre la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras volvió al Congreso, donde se discutirán algunas opciones que buscan salvar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Se llegaría a un proyecto consensuado para resolver la situación de las recuperadas. Cuando parecía que esa propuesta quedaba olvidada en medio de tormentosos debates que se repiten en el Congreso, el Poder Ejecutivo volvió a poner el tema en cuestión. La posibilidad de un cambio resulta relevante porque la actual norma, aprobada en 1995 e impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, permite a los empresarios licuar deudas o fugar el capital sin mayores consecuencias.

Este tipo de prácticas, que se volvió más una regla que una excepción en las últimas décadas, ganó especial visibilidad en los últimos años a causa de un nuevo actor social directamente afectado: las empresas recuperadas. Estas son cooperativas conformadas por ex empleados de una empresa en crisis, o directamente quebrada, que buscan mantener los puestos de trabajo. Este nuevo actor ha sido uno de los más interesados en la modificación de la ley de quiebras que permite dejar a miles de trabajadores desocupados.

Uno de los mayores problemas de las recuperadas es que, según la ley vigente, las empresas quebradas deben ser rematadas en un plazo máximo de 4 meses. Por ese motivo, las cooperativas han tenido que apelar a leyes de expropiación aprobadas por las legislaturas provinciales que brindan un débil paraguas legal. Esto no impide que algunos jueces insistan muchas veces con los remates, porque el Ejecutivo no paga las indemnizaciones previstas.

En ese contexto de incertidumbre, una nueva ley específica brindaría la posibilidad de dar continuidad a la producción y al empleo. Hace poco el ministro de Economía, Amado Boudou, declaraba que el objetivo principal de la reforma, presentada por el Gobierno, es “posibilitar la conformación de cooperativas de trabajo para la autogestión de las empresas recuperadas”. La modificación fundamental en este sentido es que se prevé que los trabajadores organizados en forma de cooperativa puedan usar el 100 por ciento de sus acreencias laborales para comprar la empresa y continuar funcionando sin interrupciones. Esto reduciría drásticamente las dificultades que tienen las cooperativas para arrancar nuevamente la producción.

Desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) apoyan esta iniciativa, pero consideran que es necesario un cambio integral de la ley para quitarle definitivamente su impronta neoliberal. Fabio Resino, tesorero de la CNCT, explica que “la diferencia fundamental es que en la propuesta del Ejecutivo no se prevén modificaciones para la etapa concursal. Es ahí donde se suelen dar los vaciamientos. Además, los concursos se extienden por tanto tiempo que las cooperativas muchas veces no aguantan”. Por eso la modificación prevé puntualmente que tres trabajadores y/o representantes gremiales se sumen al comité de control del concurso para estar al tanto de todos los movimientos. También propone que los trabajadores, con sólo probar la deuda de tres meses de salarios adeudados, puedan pedir la quiebra en forma directa y la creación de un comité de control. Y también pide que se reconozcan los derechos de los trabajadores no registrados.

Existen en este proyecto, además, otras modificaciones que pueden ayudar en general a que no se utilicen los concursos como forma de licuar deudas: por ejemplo, la ley actual prevé que al año de terminado un concurso el empresario puede convocar a otro, un plazo que en este proyecto se extiende a cinco años. De esta manera, el concurso sería un hecho realmente excepcional y no una herramienta habitual. Tampoco es menor que muchas de las recuperadas actuales podrían dejar caer la expropiación, comprar las quiebras con sus acreencias laborales y así, finalmente, lograr la propiedad de la unidad productiva.

En resumen, el eje de la propuesta está en considerar a las unidades productivas ya no como un simple bien de capital de uso privado, sino como un bien de utilidad pública que debe ser protegido para el beneficio del conjunto. Sólo el año pasado quebraron más de mil empresas, muchas de las cuales se podrían haber salvado junto con miles de puestos de trabajo. La alternativa cooperativa no es voluntarista: cientos de ellas han demostrado en la última década que son viables para los trabajadores