La ley nacional 13.246 de arrendamientos y aparcerías rurales fue sancionada en 1948 durante el primer gobierno de Perón. Vino a cumplir con los anhelos y reivindicaciones históricas de los pequeños chacareros y productores agropecuarios, fundamentalmente representados por la FAA. Desde la primera década del siglo XX, éstos venían reclamando una regulación de los arrendamientos (alquileres) rurales que protegiera a la parte más débil de dichos contratos, es decir, a los arrendatarios, y terminara con el abuso llevado a cabo por los grandes terratenientes latifundistas. Como tantas otras leyes progresistas, sus disposiciones fueron desguazadas y prácticamente neutralizadas por las sucesivas dictaduras. En la última, Martínez de Hoz dejó librada la suerte de los contratos de arrendamientos, y con ella de los arrendatarios, a las leyes de oferta y demanda del “mercado neoliberal” naciente.

Semejante desguace jurídico llevó, entre otros factores, a la desaparición de casi 100.000 explotaciones agropecuarias de 1988 a 2002, según los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios. La desaparición de las explotaciones agropecuarias, fundamentalmente familiares, abrió paso a la proliferación y auge de los pooles de siembra, los fondos de inversión, muchos de ellos extranjeros, y por lo tanto a la concentración de la tenencia de la tierra y de la riqueza en pocas manos.

Nada ha cambiado desde entonces, o mejor dicho, los males se han agudizado en cuanto a tenencia y uso de la tierra. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto encabezado en Chacabuco, en el que se conmemoraba el 145º aniversario de la fundación de la ciudad, y se inauguraba la 37ª Fiesta Nacional del Maíz, expresó que “vamos a trabajar en una ley de arrendamiento que proteja los intereses de los que trabajan la tierra”. Abrió nuevamente un debate que fue casi soslayado y dejado de lado por la FAA durante el conflicto de 2008, ya que sus socios de la Mesa de Enlace, especialmente CRA y SRA, se oponen a una ley de esas características.

Coherente con su estrategia de no romper la Mesa de Enlace, y disimular que defiende los intereses de los pequeños productores agropecuarios, la cúpula de la FAA volvió a presentar un nuevo proyecto de ley de arrendamientos en abril de este año, ahora por intermedio de sus agrodiputados Pablo Orsolini y Ulises Forte. Decimos coherente en su estrategia porque el proyecto original de la FAA, elaborado a pedido de la entidad gremial por el eminente agrarista Aldo Casella en 2007, fue modificado en aspectos fundamentales favoreciendo a los grandes productores y a los pooles de siembra. Por ello son importantes las declaraciones de la Presidenta, siempre que el proyecto de nueva ley de arrendamientos y aparcerías rurales vaya en la dirección de aplicar un freno a la concentración del uso y tenencia de la tierra, para restituirla a quien genuinamente la trabaje. Creemos que el proyecto de ley de arrendamientos deberá favorecer el acceso a la tierra de los pequeños productores, agricultores familiares y pymes del campo, siendo así una herramienta fundamental para la desconcentración, diversificación, y democratización del actual modelo productivo, en dirección a su cambio gradual y progresivo, en el camino de la soberanía alimentaria, el respeto al ambiente y la salud, el ordenamiento territorial y la distribución equitativa de la riqueza

* Responsable Jurídico del Movimiento Campesino Liberación. Ex integrante del equipo de abogados encargados de la difusión del proyecto de Ley de Arrendamientos 2007 de FAA.