La recuperación de YPF significó una herejía para los sectores del establishment económico local. Se sucedió una catarata de críticas: que esmerilaba la confianza de los inversores, que era una mala señal para los mercados, que se sumaba a la ya avasallante participación del Estado en la economía. En definitiva, que nos colocaba en el “pelotón chavista” del socialismo, tal como sentenció Carlos Melconian.

Aunque con menos espacio en los medios, también hubo críticas desde la izquierda. Reivindicando “con reservas” la estatización, han cuestionado que la misma pretendía ser sólo un golpe de efecto en una inexistente política energética. Este debate soslayado, pero significativo en términos de proyecto, impulsó la pregunta: ¿la recuperación de YPF es una decisión que apela más al sentimiento patriótico y a la cosmética en materia energética que al cambio estructural? ¿O es el inicio de una nueva política energética en nuestro país?

Si nos sujetamos a los hechos, la ley 26.741 concretó la expropiación de YPF. Pero no fue sólo eso. Esa misma ley definió al petróleo no ya como commodity sino como bien público. Es decir, las reglas del mercado para este producto están subordinadas al interés del conjunto de los argentinos. Publicado tan sólo dos meses después, el decreto 1277 saldó el debate y empezó a escribir una nueva historia. Este decreto reglamentario de la ley estableció la creación de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, conformado por tres áreas centrales en materia económica: la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio Interior. Creó el Registro de Inversión Hidrocarburífera, iniciativa importante dada la ausencia de información confiable en la materia. Y, por sobre todas las cosas, comenzó a desandar la desregulación planteada por el modelo neoliberal: eliminó la libre disponibilidad de hidrocarburos, derogó la desregulación del sector y la libertad de precios, eliminó la posibilidad de liquidar las divisas del petróleo en un 70 por ciento y, finalmente, equiparó los precios de las empresas a los de la nueva petrolera estatal.

En un proyecto político y económico sustentado en la producción industrial, cobra especial relieve la necesidad de resolver la restricción externa –fantasma histórico de los procesos de industrialización– y de ganar soberanía energética. La decisión de recuperar YPF apunta a solucionar ambas cuestiones. Pero sobre todas las cosas evidencia que el Gobierno no ha perdido esa extraordinaria capacidad de, en situaciones críticas, responder redoblando la apuesta, yendo “hasta el hueso”, profundizando el rumbo con políticas redistributivas y que defienden el interés popular

* Maestría en Economía Política (Flacso). Secretario general de Segundo Centenario.