Los precios son consecuencia de muchos factores (menor oferta, aumento de costos, concentración, cartelización, manejos monopólicos, aumento excesivo de la demanda) y todos ellos están interconectados. Controlarlos es tratar la fiebre –lo cual es necesario– pero siempre que se diagnostique y se apliquen terapias para los demás factores. La historia no ha sido buena, pero la revolución tecnológica proporciona recursos que eran impensables cuando se aplicó, en el siglo XX.

Los estructuralistas dicen que si existen luchas sectoriales por la distribución del ingreso, pueden producirse aumentos de precios y desembocar en una espiral de precios y salarios. Una verdad parcial.

Los neoclásicos y poskeynesianos dicen que si no se dan las condiciones de la oferta y demanda perfecta porque se producen monopolios, oligopolios, cartelización, agio o especulación de los tenedores de bienes, aumentan los precios. Esto es parte de la verdad.

Los neoliberales dicen que si aumenta la cantidad de dinero disponible para consumo, o su velocidad de circulación, o disminuye la oferta, entonces aumentan los precios. Esto es simple y parcial.

¿Por qué aumentan entonces los precios en Argentina? En realidad, por todo eso. Algunos son efectos deseados por el Gobierno: el cambio en la distribución del ingreso. Otros tolerados: la concentración de las cadenas de distribución y los costos comerciales. Y otros indeseados pero inevitables: aumento del déficit fiscal financiado con mayor emisión.

El cambio en la distribución del ingreso ha sido evidente en la “década ganada”. Esto ha generado un aumento de la actividad económica enorme y acelerado. Todos los indicadores (Coeficiente Gini, participación de los trabajadores en la renta nacional) dicen eso. La desaceleración de la economía ha planteado conflictos que se observan en las duras negociaciones salariales paritarias.

El cambio en la distribución del ingreso no ha implicado cambio en la posesión de riqueza, que se ha concentrado en todos los mercados. El de la distribución de bienes de consumo es el más importante, lo que permite a las grandes cadenas fijar los precios de compra a los productores más pequeños y de venta a los consumidores. Pero también las empresas productoras de bienes masivos se han concentrado y mucho: el Gobierno lo ha tolerado y hasta promovido. El Gobierno ha negociado sólo con las grandes empresas los aumentos de precios –aunque ahora los haga responsables de las subas–. También la renta inmobiliaria o financiera se ha concentrado y eso incrementa los costos de los pequeños comercios.

Por otra parte, la redistribución del ingreso vía subsidios disminuyó el superávit fiscal, que permitía absorber el exceso de medios de pago producido por el superávit externo y el pago total con fondos propios de la deuda renegociada. Así, la emisión aumentó, la redistribución del ingreso se hizo más conflictiva generando una espiral precios-salarios, la concentración de la riqueza aumentó, las disponibilidades de divisas disminuyeron –agudizada por el atesoramiento al que es tan propenso un sector de la población– y el aumento en la oferta de bienes disminuyó, todo lo cual lleva a aumento de precios.

La concentración de la riqueza se produjo, aceleró y consolidó en los últimos 20 años, y no es esperable que cambie radicalmente, o sin grandes conflictos, aun en un período similar, ya que no sólo se trata de desconcentrar algo que el Gobierno no ha mostrado querer hacer más allá de sus discursos– La supremacía de la propiedad privada es además una barrera infranqueable, que sólo podría ser menguada si se modifica la doctrina de 150 años y se disminuyen los excesos monopólicos y especulativos con la aplicación de las leyes existentes –su doctrina tiene más de 120 años–. Pero nada más se puede esperar: las acciones directas de expropiación y reforma agraria adoptadas por Chávez en Venezuela son impensables tanto por la historia nacional como por las prácticas del propio gobierno.

El control que suelen tener los gobiernos peronistas del sindicalismo –sostenido como sindicato único contra las recomendaciones de la OIT– se ha resquebrajado con varias centrales y puede recuperarse parcialmente si se establecen negociaciones colectivas más flexibles en base a la participación del salario en el valor agregado generado y no en mantener el poder adquisitivo. Pero esto es algo que aún no se ha mencionado y menos aún ejercitado.

Los requerimientos de dólares para el Estado –de este gobierno o los que vengan– serán muchos, para lo cual será necesario actuar en dos sentidos. El primero: disminuir los subsidios y ejercer la “sintonía fina”, anunciada en 2011, pero nunca aplicada, podrían reducir la emisión, pero será necesario mantener el cepo, mantener las exigencias de reinversión de utilidades –que podría ir en contra de la desconcentración–, recurrir a nuevos blanqueos, una devaluación administrada que mantenga el superávit comercial y aumentar sustancialmente la productividad y la generación de riqueza –cuanto más distribuida mejor– de modo que en el largo plazo pueda pretenderse una mayor oferta de bienes. Macroeconómicamente no existen soluciones fáciles y verdaderas. Las soluciones microeconómicas requieren de sistemas de información, transparencia y fortalecimiento de la burocracia estatal, que le permita actuar con precisión y rapidez en ese ámbito.

Como ejemplos de esos sistemas de información podemos mencionar gestiones responsables –Balance Social– sistemas estadísticos, tributarios y de gestión automatizados y transparentes, con mayor participación ciudadana, decidiendo con datos ciertos verificables, ampliados y profundizables. También los sistemas de control de precios que se plantean a continuación:

AC Nielsen es la mayor empresa mundial de Investigación de Mercados. Cuenta en Argentina, desde 2002, con un sistema que denomina Retail Measurement Services (http://ar.nielsen.com/products/rms.shtml) que registra todas las operaciones de venta, de todos los productos de alimentos, bebidas, cosmética, tocador, limpieza, golosinas, cigarrillos, entre otras, en base al código de barras en las miles de bocas que operan con ese sistema (hipermercados, supermercados, autoservicios, almacenes, kioscos, minimercados, farmacias, perfumerías, tiendas para mascotas, pañaleras, panaderías, bares y restaurantes de todo el país), complementado por un relevamiento personal que releva la exposición en góndolas, las promociones.

Cada producto de esas categorías que obtiene un código de barras –o sea todos los que son elaborados fuera de la empresa en que se venden– es ingresado a la base, por lo que las presentaciones y formatos de todas las marcas en esos locales son registrados y analizados de modo detallado, en un máximo de 7 días, sin errores de relevamiento ni intervención humana.

O sea, una empresa privada obtiene la información más detallada posible, la elabora y la vende a fabricantes y miembros de la cadena comercial. Pero el Estado no lo hace.

¿Por qué el Estado no les exige a esos comercios la misma información, controla sus precios y el desabastecimiento de cada producto, su participación en el mercado, sus comportamientos monopólicos, compara los precios con los informados por las fábricas y determina los costos de la cadena comercial?

Tiene la autoridad legal y política para hacerlo. Así los procesos de concentración se aceleran, los precios se disparan por la búsqueda de una utilidad excesiva y las estadísticas oficiales se vuelven vulnerables y objetables. Por el contrario, plantea un relevamiento personal –con intervención humana–, no exhaustivo y vetusto, una movilización militante de gran riesgo y escasas posibilidades de éxito. Si el objetivo de esa movilización es la toma de conciencia sobre los precios, en vez de ir a controlar precios podrían hacer una auditoría que corrobore la información que se obtenga digitalmente de la cadena comercial.

* Contador y licenciado en administración, área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba.