El golpe de Estado de 1976 tenía objetivos centrales y entrelazados: la eliminación del Estado de Bienestar implementando el modelo neoliberal. Durante la dictadura hubo dos etapas. La primera consistió en la concentración del ingreso a través de tres medidas que se tomaron durante el primer año: el congelamiento del salario nominal, la eliminación del control de precios, junto con una fuerte devaluación de la moneda. Esas medidas generaron una significativa reducción del salario real por el proceso inflacionario que desataron. A través de la concentración del ingreso y comprimir el mercado interno, se desarrolló la segunda etapa del modelo neoliberal: la construcción de un modelo de valorización financiera y la desarticulación del aparato manufacturero nacional.

Este objetivo se logró a través de la reforma financiera de 1977, que consistió básicamente en dos puntos: por un lado, la liberalización de la tasa de interés y la prohibición al Banco Central de financiar el déficit fiscal. Junto con la reforma del sistema financiero, se estableció la liberalización de la cuenta de capital de la balanza de pagos, permitiendo de esta forma que el sector privado, y básicamente las grandes corporaciones económicas, pudieran pedir prestado dinero en el extranjero y fugar sus recursos libremente.

A partir de estas medidas se modificaron en la economía argentina las rentabilidades relativas de los distintos sectores económicos. Pasó a ser más rentable el sector financiero que invertir en la producción industrial. En este modelo de valorización financiera, junto con el crecimiento de la deuda pública (interna y externa) para financiar el déficit fiscal, se produjo un significativo crecimiento de la deuda externa privada, alimentada por la denominada “bicicleta financiera”.

Este nuevo régimen de acumulación fue el modelo neoliberal de valorización financiera, que tuvo distintas etapas en su consolidación, y que implicó además la apertura comercial, la libre operación de los mercados de capitales, la desregulación de los mercados, la flexibilización laboral y un proceso de privatizaciones.

Así, en 1982 Domingo Cavallo, en ese entonces presidente del Banco Central, decidió estatizar la deuda externa privada. Es decir, la deuda externa de los grandes grupos económicos pasó al Estado nacional. Esto significó que esa deuda tuvo que ser pagada por toda la población. De esta forma, el modelo neoliberal traía como consecuencia el incremento de la deuda externa pública: pasó de 4900 a 46.000 millones de dólares.

El retorno de la democracia implicó un retorno de la política como eje ordenador de la sociedad argentina. Sin embargo, la legitimación y profundización del modelo neoliberal (1983-2001) se tradujo en un alejamiento creciente de la acción política de la sociedad en general y de la juventud en particular. En ese período la Argentina inició el camino de la subordinación al FMI, que actuaba como representante de los acreedores externos. De esta manera, el organismo internacional empezó a imponer a la Argentina recetas económicas, que consistían en reformas estructurales (ajuste del gasto público para garantizar el pago la deuda externa), que terminó generando una profunda crisis económica con hiperinflación y salida anticipada del gobierno en 1989.

Con la asunción del gobierno de Menem, y a los pocos años con la instauración de la convertibilidad, se terminó de imponer todas las políticas recomendadas en el Consenso de Washington. Este se caracterizó por la disciplina fiscal junto con un conjunto de políticas neoliberales, como privatizaciones, apertura comercial, desregulación de los mercados y liberalización financiera. Luego, este modelo fue legitimado y profundizado a través de distintas medidas como la flexibilización laboral establecida por el gobierno de la Alianza, encabezado por el radical Fernando de la Rúa. El nuevo paquete del FMI terminó en la crisis de 2001, que se constituyó en la peor crisis económica y social de la historia argentina en términos de caída del Producto, desarticulación del aparato manufacturero nacional, aumento del desempleo, pobreza e indigencia, concentración del ingreso, desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, y un aumento abrupto de la deuda externa y fuga de capitales.

A partir de la crisis se fue delineando la salida neoliberal diseñada por el FMI: el proyecto económico de Duhalde era una maxidevaluación acompañada por un congelamiento del salario nominal, que se tradujo en un proceso inflacionario que provocó una fortísima caída del salario real de los trabajadores, con el objetivo de beneficiar a los grandes exportadores. El derrumbe de la convertibilidad –a causa de un modelo de valorización financiera basado en un endeudamiento externo insostenible–, con un declive de la actividad económica a partir de la segunda mitad de 1998 y su implosión en los años 2001-02, dio lugar a una de las recesiones más largas y profundas de la historia económica argentina.

A partir de 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner la Argentina ha protagonizado un ciclo de crecimiento vigoroso con sustento en el ahorro interno y recursos propios. Se fortalecieron las capacidades competitivas con inversiones, innovación, educación e infraestructura. Con ello se amplió la base industrial, produciendo bienes de mayor valor agregado que incorporaron procesos de innovación tecnológica. Se eliminó el déficit fiscal por el crecimiento de los ingresos públicos debido a las retenciones, la reactivación y al aumento del empleo formal.

Además se impulsó la reestatización de los fondos previsionales, se revirtió el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos por la vía del superávit comercial, saldo positivo que facilitó el proceso de cancelación neta de deuda externa. El resultado fue superávit gemelos (fiscal y de cuenta corriente) y un proceso de renegociación de la deuda externa exitosa, operación considerada como la más importante de la historia financiera mundial.

Este proceso de expansión y crecimiento fue motorizado por la ampliación de la masa salarial a partir de la disminución de la tasa de desempleo, del aumento de las jubilaciones y pensiones y del incremento del salario real. Pero también debido a políticas esenciales, entre ellas se destacan el Plan de Inclusión Previsional, la Asignación Universal por Hijo (AUH), y los Pro.Cre.Ar y Progresar.

Estamos en presencia de un nuevo “patrón de acumulación” ya que las actuales políticas macroeconómicas difieren notablemente de las implementadas en la década del ‘90. Asimismo, las políticas económicas hacen hincapié en la inserción de clases sociales postergadas mostrando un quiebre respecto de las políticas regresivas aplicadas en décadas pasadas.

En síntesis, no se puede tener desarrollo económico sin inclusión y sin equidad en la distribución. La sustentabilidad del desarrollo estará originada en el ahorro interno, consolidando como eje estratégico la política financiera, apostando a la “economía con inclusión”, al sobrecrecimiento y a la creación de mucho empleo, con mejoras distributivas. El rumbo de la Argentina será fijado desde el poder político y no por el establishment económico.

Se puede constatar que el crecimiento económico en la década del ‘90 –durante el período de vigencia de la convertibilidad y que implosionó con la crisis del 2001– fue acompañado con un aumento de la pobreza y de la desigualdad. A partir de 2003 el crecimiento económico trajo consigo una disminución de la pobreza y una mejor distribución del ingreso, con un importante desarrollo industrial, tecnológico y de capital humano. Es lo que se conoce como desarrollo de crecimiento con equidad.

* Mgter. Administración Pública, posgrados Gestión y Control de Políticas Públicas, Desarrollo Local y Economía Social (Flacso).