En los últimos meses circula la idea de que al final de la gestión del actual gobierno será inevitable un ajuste económico, entendiendo por tal cosa un cóctel de devaluación, aumento de tarifas y tasas de interés, caída del salario real y de los demás ingresos fijos, aumento de impuestos y reducción del gasto público, todo ello acompañado de la consecuente recesión productiva y aumento del desempleo.

Lo primero que convendría analizar es el significado del término “ajuste”. El verbo tiene varias acepciones en el diccionario de la Real Academia, pero la más común es la de “hacer lo necesario para que dos o más cosas calcen de modo que no haya discrepancia entre ellas”. Entonces, tendríamos que ver cuáles son las cosas que no calzan o generan discrepancia en la actual situación económica. Las principales son:

- La existencia de un mercado ilegal donde se transan divisas con una cotización más del 40 por ciento superior a la oficial.

- La preferencia de algunos sectores con capacidad de ahorro de mantener los mismos en divisas, en muchos casos en el exterior.

- La necesidad de administrar la venta de divisas imponiendo restricciones que pueden dar lugar a discrecionalidad e inequidad en su aplicación.

- Los costos de producción en dólares que a algunos sectores productivos, sobre todo industriales, les acarrea problemas de competitividad internacional.

- Un proceso inflacionario que no se espiraliza pero tampoco cede, y para colmo en un escenario de estancamiento productivo.

- La insuficiencia de la oferta energética, frente a una demanda afortunadamente creciente, con impacto en el humor social y en las reservas de divisas.

- Sectores productivos cuyo balance de divisas es persistentemente negativo, afectando las reservas y agravando la restricción externa.

- Los fallos adversos al país y favorables a los fondos buitre por parte de jueces de jurisdicción extranjera.

Estas cuestiones son principalmente el producto de la fuerte recuperación económica de la última década y de la resistencia de algunos sectores al intento de repartir más equitativamente los beneficios de esa recuperación.

Vale preguntar si estos “desajustes” eran o no inevitables. La respuesta no es única: algunos se podrían haber evitado, como los subsidios a la energía a sectores con capacidad adquisitiva elevada, y otros se hubieran producido de todas maneras, como la puja por la distribución de los ingresos de parte de aquellos sectores que no quieren perder posiciones en el reparto de la torta. Pero lo relevante en estos momentos es dilucidar si para corregir algunos o todos estos desajustes resulta inevitable hacer un ajuste virulento como el descripto al principio. No sólo no es inevitable ese ajuste sino que quienes lo plantean pretenden en realidad revertir la orientación económica y política de los últimos diez años recuperando posiciones de los sectores que tuvieron que ceder ventajas en ese lapso.

El “ajuste salvaje” es evitable. En primer lugar, con más de 30 mil millones de dólares de reservas no se está al borde de ningún abismo económico; a fines de 2001, con menos de 400 millones de reservas y un retraso cambiario tremendo hasta para el sector agropecuario, la explosión era inevitable y el ajuste se hizo solo. De todos modos, si alguien dice: “Desde mañana no hay más restricciones a la adquisición de divisas” sin ninguna medida adicional, las reservas se evaporarían en poco tiempo no sólo por la demanda reprimida sino por las expectativas desfavorables que eso generaría.

El tema más urgente para sintonizar es el del tipo de cambio frente a la evolución de los precios internos, porque su resolución atenuaría los cinco primeros desajustes mencionados. No sólo ya no queda espacio para que el tipo de cambio funcione como ancla de los precios internos sino que es necesario revertir el retraso de los últimos meses. Ya vimos en enero de 2014 que una devaluación sin medidas adicionales no funciona porque recicla más inflación y se licua en términos reales.

¿Cuál es la alternativa? Una corrección cambiaria moderada acompañada de un acuerdo de precios y salarios. La corrección cambiaria impactaría directamente en los precios de los bienes transables internacionalmente y el acuerdo de precios y salarios tendría que encargarse de que los no transables (principalmente servicios) sólo aumenten parcialmente cuando tengan incidencia de insumos importados y los salarios se ajusten en la medida de esas variaciones promedio para conservar el poder adquisitivo real. Se trataría de una corrección expansiva administrada del tipo de cambio real de manera que los precios internos y los salarios crezcan menos que el valor del dólar, conservando el poder adquisitivo de éstos últimos.

Una corrección de este tipo sería imposible de lograr con los mecanismos automáticos del mercado porque, como es sabido, en los mercados reinan los que tienen mayor poder económico y entonces una devaluación sin acuerdo de precios y salarios terminaría en muy poco tiempo en un aumento mayor de precios y menor de salarios, cayendo la demanda e ingresando en el escenario del ajuste recesivo y con dólar real más bajo.

¿Podría un acuerdo de precios y salarios evitar el ajuste recesivo? Por supuesto que depende de cómo se instrumente. Si el acuerdo consiste solamente en la firma de un enunciado de buenas intenciones, lo más probable es que fracase. Sólo puede tener éxito si contempla un sistema de premios y castigos administrados por el Estado que retribuya el cumplimiento y desaliente el incumplimiento de los compromisos asumidos, además de quitar todo tipo de beneficios estatales para quienes no participen. Instrumentos para esto hay (acceso al crédito público, protección arancelaria externa, ley de abastecimiento, conciliación obligatoria).

Un acuerdo social de estas características debe incluir el compromiso explícito del Estado de una política fiscal y monetaria consistente con las metas de precios y salarios que se convengan, sin descuidar la necesidad de ir recuperando los “superávit gemelos” para poder invertir todo lo que ahorramos en un contexto de acceso restringido al financiamiento internacional.

Los otros desajustes no tienen solución clara a corto plazo, lo que no significa que no haya que empezar ya con su corrección. El desbalance energético requiere dos medidas fundamentales: profundizar el programa de inversiones y terminar de depurar la estructura de subsidios a favor de quienes no lo necesitan.

Con los sectores altamente consumidores de divisas hay que hacer un diagnóstico integral de su efectiva contribución al empleo y plantear un esquema de reconversión con plazos precisos para que vayan reduciendo significativamente su desbalance externo, dando prioridad al ajuste positivo por el lado del aumento de exportaciones con costo fiscal razonable.

Y con el tema de los fondos buitre no hay que hacer nada muy distinto de lo que se hizo hasta ahora: resistir por todos los medios legales, políticos y diplomáticos, apostando a que la naturaleza y el tiempo contribuyan con sus designios inapelables. El escaso acceso a los mercados financieros del primer mundo no resulta todavía una restricción grave para el desarrollo económico del país.

Los economistas duros, que creen que la economía tiene leyes poderosas e inapelables, dirán que ésta es una propuesta voluntarista. Es una propuesta que pone la voluntad política por encima del juego libre de los mercados que sólo pueden servir, si no se los acota, para que se perjudiquen los sectores más vulnerables y se salven los más poderosos. Los que prefieren que el ajuste lo hagan los mercados, además de carecer de sensibilidad social, parecen preferir la acepción salvadoreña del verbo ajustar dada por la Real Academia Española de la Lengua.

* Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Ex subsecretario de Coordinación Económica.