Pocos días antes de la pasada elección presidencial, la Confederación General Económica (CGE), una de las entidad gremiales que actualmente agrupan a los pequeños y medianos empresarios, advirtió su “preocupación ante la posibilidad de volver a las políticas neoliberales que destruyeron la industria y el trabajo argentinos”, añadiendo que la propuesta de la alianza Cambiemos “promete liberar importaciones y exportaciones de manera indiscriminada, maximizando las ganancias de unos pocos, como sucedió en la década del noventa”. Lo cierto es que la advertencia, y el posterior desenlace, repitieron en algún punto la historia ocurrida más de cuatro décadas atrás, cuando esta misma entidad advirtió sobre el plan de ajuste ortodoxo que pergeñaba la derecha, por aquel entonces dentro del mismo peronismo.

Corría agosto de 1974 y tras la muerte de Perón, el entonces ministro de Economía y factotum de la CGE José Ber Gelbard se encontraba jaqueado por una ofensiva desatada por la Sociedad Rural, a la que se plegarían luego las principales cámaras de la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a las tradicionales patronales de la industria y el agro, además de los diarios La Nación y Clarín. Sin su mayor respaldo político Perón, Gelbard solicitó la difusión de una cadena nacional para dar cuenta de cifras económicas que respaldaban su actuación, entre las que destacó el crecimiento interanual en el PBI del 6,4 por ciento, la participación de los trabajadores en el 45 por ciento de la renta, y un desempleo que había descendido al 2,6 por ciento de la PEA, junto al crecimiento del superavit comercial y de las reservas. Pero además, dejó algunas definiciones que buscaban evitar el giro ortodoxo en la economía o bien ser su legado. Así, Gelbard señaló que “a partir de 1955, las denominadas reglas de mercado, que existen y deben respetarse bajo ciertas condiciones, llevaron siempre miseria para el pueblo trabajador”; que “las tesis económicas aplicadas por los técnicos adiestrados en las grandes metrópolis extranjeras sólo sirvieron para mantener nuestra dependencia”, y que los problemas económicos que persistían “tienen arreglo sin caer en cirugías monetaristas o reaccionarias”.

Pero sus advertencias cayeron en saco roto. Isabel Perón, que ya se encontraba volcada al ala derecha del peronismo liderada por José López Rega, le quitó todo respaldo y luego de un intento de alejamiento progresivo de la política económica heterodoxa a través de Alfredo Gómez Morales, designó por pedido de López Rega a Celestino Rodrigo como ministro de Economía, secundado por Ricardo Zinn, integrante del Consejo Económico Argentino (CEA) presidido por Alfredo Martínez de Hoz, el futuro ministro de Economía de la dictadura cívico militar que por entonces revestía tanto como miembro del directorio de la Sociedad Rural y el de Acindar, una de las tradicionales empresas de la UIA.

El colosal ajuste ortodoxo de Rodrigo, diseñado en consonancia con el Fondo Monetario Internacional y posteriormente conocido como “Rodrigazo”, buscaba como en la actualidad sortear la “restricción externa” por medio de una reducción salarial a través de una megadevaluación de la moneda nacional y un aumento en las tarifas de servicios públicos, entre las que resaltaban la duplicación en el costo de la energía y la triplicación del precio de los combustibles.

Estas medidas llevaron a la CGT a convocar un paro por 48 horas, el primero de esta entidad contra un gobierno peronista, al tiempo que la Sociedad Rural, las cámaras de la UIA –muchas de ellas representantes de multinacionales y por entonces agrupadas en la Confederación Industrial Argentina (CINA)–, junto al grueso de la cámaras patronales, apoyaron el plan ortodoxo de Rodrigo.

La excepción, nuevamente, fue la CGE. Julio Broner, quien había reemplazado en la presidencia de esta organización a Gelbard, luego de que este último asumiera como ministro del peronismo en 1973, afirmó que el diagnóstico oficial de Rodrigo sólo buscaba justificar el “antipopular plan de shock”, pues la situación no tenía “los tintes dramáticos” que se esgrimían desde la conducción económica.

El inmediato efecto de la profunda caída de los ingresos de los sectores populares, que motivó el paro de la CGT y las protestas de la entonces poderosa CGE –que por entonces contaba con 1.300.000 pymes afiliadas orientadas al mercado interno–, tuvieron como resultado la eyección a las pocas semanas de Rodrigo y de López Rega. Gelbard, que se había limitado a respaldar a Broner, se expresó meses más tardes para señalar la existencia de “una campaña destinada a exhibir nuestras tragedias presentes como un resultado de la política económica aplicada entre mayo de 1973 y octubre de 1974, cuando la realidad es que estamos sufriendo las consecuencias de haber abandonado aquella política. La maniobra es clara: primero se hizo arriar las banderas del desarrollo con justicia social y soberanía, y ahora se trata de asegurar que nadie se atreva en el futuro a levantar estas mismas banderas”, tras lo cual se refirió al rol de la CGE, afirmando que “los empresarios nacionales sabemos que nadie se realiza en un país que no se realiza. Desde 1955 que la CGE es atacada, saboteada, infiltrada... y no han podido con ella. Los empresarios nacionales no nacieron ayer, conocen los cantos de sirena, y saben que es lo que tienen reservado para ellos quienes recitan el libreto de las grandes corporaciones multinacionales”.

El golpe cívico-militar de marzo de 1976 decretó al día siguiente de tomar el poder la intervención de la CGT y CGE. Los sucesos posteriores al Rodrigazo le habían demostrado a los grandes grupos económicos locales e internacionales la necesidad de eliminar el Estado de Derecho para poder neutralizar a los trabajadores y empresarios nacionales que se desarrollaban en base al consumo interno. Se trataba en efecto de una condición inevitable para efectuar la fenomenal transferencia de ingresos de los sectores populares al capital concentrado.