La negativa a someterse al detector de mentiras fue su perdición. Rudolf Elmer fue despedido del banco suizo Julius Baer en 2002 cuando esta institución investigaba una filtración con listas de sus clientes adinerados que mantenían cuentas bancarias en las Islas Caimán. El ejecutivo suizo de 55 años había trabajado durante casi dos décadas para el banco especializado en atender clientes de altos ingresos. Los primeros 15 años lo hizo en Suiza y a partir de 1994 se desempeñó como jefe de operaciones en las oficinas de la institución financiera helvética en el Caribe. Extrañamente, y según el mismo Elmer afirma, durante todos esos años nunca se dio cuenta de que –en su rol como jefe de operaciones de un banco suizo en un paraíso fiscal ubicado en las Islas Caimán– estaba ayudando a sus clientes a evadir impuestos. En su relato sostiene que, al tomar repentina conciencia de lo que estaba haciendo, decidió hacer públicas las operaciones financieras cuestionadas. El ex ejecutivo afirma que “el secreto bancario es el robo más grande de la historia de la humanidad y tiene consecuencias catastróficas para las personas más pobres de la Tierra”. Por su parte, el banco suizo acusa a Elmer de intentar extorsionarlo por no haber sido promovido y por no llegar a un acuerdo financiero por el monto de su indemnización.

Tras una serie de litigios cruzados, Elmer decidió montar su propio sitio web exponiendo sus posiciones, denunciando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el secreto bancario de Suiza. Según argumentó ante la Corte, las leyes financieras de su país permiten a las instituciones financieras ocultar “delitos de cuello blanco” como la evasión de impuestos.

El pasado 18 de enero, Elmer anunció haber entregado al director de Wikileaks, Julian Assange, para su publicación en las próximas semanas un listado de 2 mil cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, muchas de las cuales pertenecen a famosos, empresarios y políticos. Elmer sostiene que la documentación que ha entregado detalla la participación de clientes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en maniobras de evasión impositiva.

La agencia de impuestos de los Estados Unidos (IRS) y el Departamento de Justicia norteamericano han expresado su interés en conocer la lista de Elmer, utilizando la vieja táctica que sostiene que “se requiere de un pillo para atrapar a un ladrón” (it takes a rogue to catch a thief).

Esta semana, Matthew Lynn, un periodista de la agencia de noticias financiera Bloomberg, publicó un artículo titulado “En la era de Wikileaks, los paraísos fiscales deben adaptarse o morir”, definiendo el concepto de adaptación como la transformación de estos centros offshore en jurisdicciones que prohíban el secreto bancario, ofreciendo un tratamiento impositivo más benévolo. Para ello cita como ejemplos a países como Mónaco, donde no existe el impuesto a las Ganancias, o Bulgaria, donde se cobra un impuesto universal fijo de sólo el 10 por ciento.

Dejando de lado su controversial propuesta, Lynn sostiene con tino que “en una era de hipertransparencia como la actual, cuando toda la información acerca de todos es revelada, resulta inútil pensar que pueden mantenerse a salvo los secretos financieros de las personas”.

Sin embargo, la idea de mantener el secreto bancario –pese a las terribles consecuencias que éste genera no sólo en términos fiscales sino de sustento de mafias vinculadas con el narcotráfico, la venta de armas y la corrupción, entre otras calamidades– aún cuenta con muchos e importantes defensores. El presidente del banco suizo que despidió a Elmer, Raymond Baer, sostuvo en abril del año pasado que “la ficción de que los ciudadanos sean totalmente transparentes (con relación a sus bienes materiales) nunca debe convertirse en una realidad”

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