La fijación de un salario mínimo es práctica generalizada desde comienzos del siglo XX. Las normas aprobadas en Nueva Zelanda (New Zealand Industrial Conciliation and Arbitration Act-año 1894) y Australia (Factories and Shops Act-1896) fueron pioneras en la materia.

En Argentina, el decreto 33302/45 fue la primera norma jurídica que estableció las bases fundamentales de esa institución. La Convención Constituyente en 1957, al incorporar el artículo 14 bis, consagró su garantía constitucional.

A su vez, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fue sancionado en el Congreso durante la presidencia de Arturo Illia. La Ley 16.459 se publicó en el Boletín Oficial el 15 de junio de 1964. Los impulsores de la iniciativa sostuvieron que eso permitiría: “Evitar la explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra”, “asegurar un ingreso mínimo adecuado” y “mejorar los salarios de los trabajadores más pobres”. El SMVM cubría a todos los asalariados con excepción de los trabajadores rurales, domésticos y públicos.

La novedad legislativa no tuvo buena acogida en el empresariado local. La Unión Industrial Argentina advirtió que generaría un impacto inflacionario de extraordinaria magnitud y gravedad. Por su parte, la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias denunció que la sanción del salario mínimo provocaría una crisis social generalizada y la quiebra de las economías regionales. Un comunicado de esa entidad daba a conocer “la voluntad común de resistir regímenes económicos impuestos desde fuera y capaces de destruir no sólo la economía provincial, sino la de la Nación misma en uno de sus aspectos más promisorios... no venimos a luchar en defensa del agro, sino también de la Nación”.

La resistencia empresaria no era nada novedosa. En 1921, el presidente Hipólito Yrigoyen elevó el salario mínimo de 100 a 160 pesos moneda nacional. La Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y la Producción dijo que era una medida inaceptable y electoralista. El diario La Nación agregaba que “impresiona el hecho de que mientras todos los países del mundo han iniciado la rebaja de los salarios, considerablemente acentuada al terminarse la guerra, nosotros nos lancemos en plan de aumento”. Las cámaras empresarias tuvieron reacciones similares ante la batería de derechos laborales instituidos durante los gobiernos peronistas.

En la década del noventa, el gobierno nacional suspendió la vigencia del salario mínimo. El menemismo argumentaba que los incrementos salariales debían estar ligados al aumento de la productividad. Así, el salario mínimo se mantuvo congelado en 200 pesos durante toda la etapa de la convertibilidad.

La primera decisión del kirchnerismo fue incrementar por decreto el salario mínimo y, luego, poner en funcionamiento el tripartito Consejo del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde entonces, el salario mínimo se modificó en más de veinte ocasiones.

El objetivo principal de esta herramienta continúa siendo el establecimiento de un piso salarial que proteja a los trabajadores con menores calificaciones. Sin perjuicio de eso, el universo de potenciales beneficiarios es más amplio. Las adecuaciones periódicas del salario mínimo tienen incidencia incluso en trabajadores que superan ese umbral de ingresos. Los investigadores del Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad destacan en “Efectos derrame del salario mínimo en Argentina” (Observatorio del salario mínimo. Marzo 2015) que “es posible que el establecimiento y/o actualización de los mínimos salariales impacte en el conjunto de la estructura de remuneraciones. En particular en las retribuciones de aquellos trabajadores con salarios por encima del mínimo legal pero cercanas al mismo. A este fenómeno se lo ha denominado en la literatura especializada como ‘efecto derrame del salario mínimo’”.

Esa investigación arroja de manera clara la existencia de efectos derrame del salario mínimo en el caso argentino. “Los resultados indican que aquellos trabajadores con remuneraciones por encima del mínimo legal se beneficiaron por el aumento en el valor de éste último. Es decir que, tal variación salarial ocurrió debido al aumento del salario mínimo y no se habría producido si tal incremento en la remuneración mínima no hubiera acaecido”, concluye el informe.

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@diegorubinzal