La política fiscal puede ser progresiva (favoreciendo a los sectores sociales más pobres) o regresiva (beneficiando a los más ricos). El carácter final de esa política dependerá del origen de los recursos y destino del gasto público. Los especialistas Jorge Gaggero y Darío Rossignolo explican en Impacto del presupuesto sobre la equidad que “del resultado conjunto de ambos, tributos y gastos, se obtendrá el impacto sobre cada uno de los deciles de familias. Ello implica que si se logra un efecto muy progresivo a través de la acción del gasto, pero simultáneamente se produce un efecto muy regresivo por la acción de los impuestos sobre el mismo grupo de familias, se estará atenuando (o, llegado el caso, anulando) la acción redistributiva del presupuesto público”.

En ese marco, el diseño del sistema tributario nunca es neutral. Es inexacta la idea de la existencia de una supuesta imposición “óptima”. La elaboración de un sistema tributario no es una cuestión técnica, sino política. La definición de cuál debiera ser el rol estatal, y quiénes deben financiarlo, dependerá de la cosmovisión ideológica de los gobernantes.

En líneas generales, los tributos sobre el patrimonio y la renta son calificados como progresivos y los que recaen sobre el consumo como regresivos. En el lejano 1837, Esteban Echeverría opinaba, aludiendo a la implementación de un gravamen al consumo, que “este impuesto indirecto no sólo es precario sino monstruosamente injusto, porque recae principalmente sobre el mayor número de consumidores, sobre los pobres”.

El debate acerca de esa problemática es extenso. Los tributaristas Diamond y Mirlees proponían diferenciar el consumo suntuario (gravándolo con elevadas alícuotas) del básico (al cual correspondería una reducida imposición). Otros autores destacan las potencialidades regulatorias de este tipo de impuesto. En ese sentido, el tributo podría incentivar el consumo de bienes “meritorios” y desalentar los que producen “externalidades negativas” en terminología de Pigou. En la práctica, la mayoría de los países aplican impuestos generales sobre las ventas.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa el principal ingreso tributario, alrededor del 40 por ciento del total, en la mayoría de las naciones latinoamericanas. El primero en adoptar el IVA, en América latina, fue Uruguay en 1968. En la década del '70 lo implantaron otros diez países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú). Guatemala, México y República Dominicana lo incorporaron a su legislación interna durante la década siguiente. Finalmente, El Salvador, Paraguay y Venezuela lo hicieron en los noventa.

La mayoría de los países también tienen impuestos selectivos sobre determinados consumos (por ejemplo: bienes suntuarios, combustibles, bebidas alcohólicas, tabaco). Ese tipo de tributos vienen perdiendo importancia relativa como fuente recaudatoria. Los tributaristas Miguel Pecho Trigueros y Gustavo González Amilivia sostienen en Tendencias a la imposición al consumo en América latina: 2000-2012 que los países latinoamericanos “que muestran recaudaciones superiores al 3 por ciento del PIB son Costa Rica, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Los impuestos selectivos en Bolivia y Uruguay recaudaron entre 2 y 3 por ciento, el resto de los países muestra recaudaciones de impuestos selectivos menores al 2 por ciento del PIB” (en el caso argentino se ubica alrededor del 2 por ciento).

Lo cierto es que, mientras se convoca a un paro general contra el Impuesto a las Ganancias, la problemática que rodea la imposición al consumo permanece excluida de la agenda sindical.

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