La principal fuente de financiamiento estatal son los tributos. A su vez, el sistema impositivo tiene enorme potencialidad redistributiva. La ortodoxia y heterodoxia económica difieren acerca del rol que le corresponde. Los ortodoxos claman por la “neutralidad” de los impuestos y, en consecuencia, por la eliminación de los tributos “distorsivos”. Por otra parte, el equilibrio o superávit fiscal se transforma en el objetivo principal. A grandes rasgos, la heterodoxia afirma que la política fiscal y la estructura tributaria deben estar alineadas con los objetivos de política económica. Lo cual implica, en un proyecto político-económico inclusivo, apuntalar la producción y creación de empleo y disminuir las desigualdades sociales.

En esa línea, los especialistas Alfredo Iñíguez y Ramiro Manzanal señalan que “uno de los problemas sobre los cuales es necesario avanzar (en la Argentina) es la tendencia marcada a no reinvertir las ganancias en activos productivos, bloqueando el proceso de desarrollo iniciado en 2003. Salvo algunas excepciones en el debate económico, durante muchos años se había instalado un fuerte consenso en contra de la capacidad del sistema impositivo para orientar el desarrollo productivo y morigerar las desigualdades de ingreso y de riqueza. Y no es casualidad. En todo ese período (desde mediados de los años ‘70), el régimen de acumulación, además de ser decididamente desigual, se basó en la valorización financiera y no en la inversión productiva”.

El kirchnerismo no introdujo modificaciones sustanciales en materia tributaria pero avanzó en la gravabilidad de diversas variantes de la renta financiera. En septiembre de 2013, la aprobación de la Ley 26.893 dispuso gravar dividendos y resultados por las ventas de acciones que no cotizan en Bolsa. Lo cierto es que, en la última década, el sistema impositivo argentino ganó en progresividad por el mayor peso relativo de los tributos directos.

Los desafíos en esta materia exceden la relevante problemática relativa a la composición de la estructura tributaria. Por ejemplo, el control de los grandes contribuyentes implica un reto mayúsculo para los fiscos del mundo. Los conglomerados empresarios cuentan con un batallón de asesores tributarios especializados en el diseño de sofisticadas fórmulas de planificación fiscal. Los mecanismos utilizados, en algunos casos, aprovechan los resquicios de la legislación (elusión). En otros, se sitúan al margen de la ley (evasión, fraude). Las prácticas más usuales incluyen manipulación de precios de transferencia, falso endeudamiento con empresas vinculadas, uso abusivo de beneficios previstos en los tratados de doble imposición o maniobras con sociedades fantasmas radicadas en paraísos fiscales.

El economista norteamericano Raymond Vernon afirma en El ojo del huracán que “en el mundo real, los beneficios que una multinacional sitúa en cada país es un montaje cuyo volumen se determina en su mayor parte en base a los precedentes y a las habilidades negociadoras de abogados y expertos fiscales”. Las grandes empresas concentran gran parte de la recaudación fiscal no sólo en su calidad de contribuyentes, sino también como agentes de retención de diversos tributos (IVA, Ganancias, Contribuciones sobre la seguridad social).

La organización Oxfam estima que las prácticas elusivas/evasivas de las multinacionales generan pérdidas fiscales cercanas a los 100.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo. Un reciente informe del Panel de Alto Nivel sobre los Flujos Financieros Ilícitos afirma que el continente africano resigna 50.000 millones de dólares anuales por ese concepto. El trabajo, elaborado por una comisión encabezada por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, sostiene que dos tercios de esa cifra se deben a las prácticas de grandes multinacionales, por delante de otras actividades criminales (20 por ciento) o la corrupción (5 por ciento).

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