La mayoría de la dirigencia opositora prometió suprimir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. La propuesta fue bien recibida por las centrales sindicales de Moyano, Micheli y Barrionuevo. Por su parte, Antonio Caló sostuvo que Scioli impulsará modificaciones en el caso de ser electo. Por el momento, el candidato oficialista lo único que declaró fue que “vamos mejorar la situación de los trabajadores y cada posible reforma se analizará en forma integral”.

Las adecuaciones implementadas en los últimos años respondieron a necesidades coyunturales. La factibilidad de revisar escalas y alícuotas aplicables es un debate válido, pero sin perder de vista que se trata de un pilar de equidad tributaria. El Impuesto a las Ganancias (denominado a la renta en otros países) es doblemente progresivo porque: 1) recae sobre los mayores ingresos y 2) la alícuota es creciente.

Los expertos de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, Michael Hanni, Ricardo Martner y Andrea Podestá, sostienen en El potencial redistributivo de la fiscalidad en América latina (Revista de la Cepal 116, agosto 2015) que “en la mayor parte de los países, el 90 por ciento o más del impuesto es soportado por el 20 por ciento de los ingresos más elevados, mientras que el grupo de hogares pertenecientes al 80 por ciento de ingresos inferiores no aporta a la recaudación”. Los números son similares en la Argentina donde solamente el 11,3 por ciento de los asalariados fueron contribuyentes de ese impuesto en 2014. La mayoría de esos trabajadores no podrá ser calificada de “ricos” pero son los asalariados mejor pagos. En otras palabras, la cuarta categoría cumple con la condición básica de cualquier impuesto a los altos ingresos: gravar a los trabajadores que ocupan la cima de la pirámide salarial. El resultado de la eliminación del impuesto no sería otro que una mayor desigualdad social.

Sin perjuicio de eso, la política fiscal (en general) y el sistema impositivo (en particular) todavía tienen mucho para aportar en materia de achicamiento de brechas sociales en América latina. Los funcionarios de la Cepal manifiestan que “la acción de la política tributaria no logra modificar la distribución del ingreso de manera relevante en la región, en parte debido a la baja recaudación del impuesto a la renta y en parte por el carácter regresivo del IVA, que compensa el potencial impacto progresivo del impuesto sobre la renta personal”.

El coeficiente Gini es uno de los indicadores más utilizados para medir el grado de desigualdad. El valor oscila entre cero (igualdad absoluta) y uno (desigualdad absoluta). La región tiene un coeficiente Gini de “mercado” (0,50) apenas superior al promedio de los países de la OCDE (0,47). Sin embargo, el grado de disminución de la desigualdad social post-política fiscal es muy diferente. El impacto de la política fiscal es muy significativo en las naciones de la OCDE. En efecto, el coeficiente Gini se reduce 36 por ciento. La disminución es aún más significativa (39 por ciento) si el análisis se limita a los quince países de la Unión Europea que integran la OCDE. En ese universo más acotado, el coeficiente Gini culmina en un valor cercano a 0,30.

Por el contrario, la caída promedio de la desigualdad en América latina es apenas del 6 por ciento. La mayoría de esa reducción (el 61 por ciento) se explica por las transferencias públicas (jubilaciones, asignaciones, pensiones) y el resto por los impuestos directos. El grado de disminución de la desigualdad no es homogéneo. Por ejemplo, la Argentina, Brasil y Uruguay alcanzan una reducción promedio mucho más elevada (alrededor del 13 por ciento). “Otros países donde la reducción de la desigualdad supera al promedio de la región son Chile, Costa Rica, México y Panamá. En el otro extremo se sitúan Colombia y el Paraguay, que presentan una leve repercusión de las transferencias públicas en efectivo y de los impuestos directos en la distribución del ingreso, ya que el índice de Gini disminuye menos de un 2 por ciento luego de la acción fiscal”, sostienen Hanni, Martner y Podestá.

El dato preocupante es que el impacto de la política fiscal es menor en los países con mayores niveles de desigualdad de ingresos de “mercado”. El fenómeno es inverso en los países de la OCDE: la política fiscal es más redistributiva en aquellos que tienen mayor desigualdad. La menor incidencia de la política fiscal en América latina se relaciona con dos cuestiones: 1) presión tributaria más reducida y 2) estructura impositiva. Hanni, Martner y Podestá sostiene que “en los países de la región dicha estructura está sesgada hacia los impuestos indirectos, mientras que en los países de la OCDE se recauda una importante fracción de impuestos directos, en especial del impuesto sobre la renta personal que es el que tiene una mayor repercusión redistributiva. Por ejemplo, el promedio de recaudación en la OCDE por concepto de impuesto sobre la renta de los individuos llega al 8,4 por ciento del PIB, en cambio en América latina y el Caribe apenas promedia el 1,4 por ciento del PIB”.

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