Las redes sociales multiplicaron la grabación donde Néstor Kirchner opina sobre el ballottage. La difusión del video resultó un hallazgo por una coincidencia casual: el nombre de pila de Filmus y Scioli. En 2007, Kirchner decía “el señor que compite con Daniel representa los intereses del modelo neoliberal, es la verdad. Hoy lo pueden llamar Mauricio, pero siempre es Macri”. La intención del mensaje era reforzar la vinculación del aspirante a jefe de Gobierno porteño con el grupo empresario. El candidato presidencial del PRO supo tener una participación destacada en el conglomerado económico comandado por su padre. Por ejemplo, Mauricio Macri fue procesado por “contrabando agravado” por su participación como vicepresidente de Sevel. La causa judicial se inició cuando la Dirección General Impositiva descubrió una maniobra destinada al cobro indebido de reintegros impositivos.

La operatoria denunciada constaba de tres pasos: 1) Sevel Argentina vendía autopartes a sus filiales Sevel Uruguay SA y Drago SA; 2) las operaciones eran declaradas como exportaciones definitivas, lo que permitía el cobro de reintegros fiscales; 3) las autopartes y piezas se ensamblaban en territorio uruguayo. Los vehículos ingresaban a la Argentina con aranceles diferenciales aprovechando el régimen de intercambio compensado del Mercosur. La causa judicial naufragó en manos de la Corte Suprema menemista. En tiempos de Kirchner, “el caso Macri” fue una de las cinco causas utilizadas para iniciar el juicio político contra la mayoría automática del máximo Tribunal.

La controvertida trayectoria del Grupo Macri excede esa acusación puntual de contrabando. El 24 de octubre de 2001, Franco Macri declaró que “Cavallo debe analizar una medida para estatizar la deuda privada”. El derrumbe inevitable de la convertibilidad preocupaba a los empresarios. La deuda externa privada estimada ascendía a 40.000 millones de dólares. El abandono de la paridad cambiaria causaría un fuerte impacto en los balances de las compañías endeudadas en el exterior. La propuesta registraba antecedentes históricos. Socma (Sociedad Macri) fue una de las tantas compañías beneficiadas con los seguros de cambio implementados por la dictadura militar en 1982. Esa operatoria culminó con la estatización de la deuda privada por un valor cercano a los 17.000 millones de dólares. El primer titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) nombrado por Raúl Alfonsín, Enrique García Vázquez, creó un Cuerpo de Inspectores de la Deuda Externa para verificar la deuda externa privada. El cuerpo de auditores detectó numerosas irregularidades, como la existencia de autopréstamos y créditos ficticios. Los peritos apuntaron contra decenas de empresas, entre las que se encontraba Socma. La investigación de esas maniobras fraudulentas fue archivada por el entonces jefe del Departamento de Deuda Externa del BCRA. Ese funcionario no era otro que el actual asesor económico macrista Carlos Melconian.

En Página/12 se publicó en mayo de 2003 un artículo que destacaba que los informes de los inspectores eran elevados al jefe de Departamento de Deuda Externa, Carlos Melconian, quien, antes que profundizar las investigaciones, se esforzaba por rebatirlas. Melconian tenía el respaldo del gerente de Estudios y Estadísticas del sector Externo, Enrique Bour, otro reconocido economista liberal. La actuación de Melconian y Bour era clave, porque si confirmaban las objeciones de los auditores, entonces la deuda no se consideraba registrable y el Estado dejaba de asumirla como propia. Pero sólo ratificaron un puñado de expedientes menores.

El 4 de diciembre de 1986, Carlos Melconian emitió el informe 480/161 proponiéndole al directorio limitar las investigaciones a un mero procedimiento formal. Los auditores del BCRA que trabajaron en el caso debieron prestar declaración testimonial en la causa iniciada por Alejandro Olmos por defraudación contra la administración pública. Uno de ellos, Omar Néstor Miliano, sostuvo que “con la Resolución 480/161 quedó desvirtuada la investigación del endeudamiento del sector privado permitiendo que en lugar de aplicarse la normativa correspondiente a la verdadera realidad de las operaciones en donde se detectaban irregularidades, se permitiera registrar como legítimas las operaciones cuestionadas y así engrosar la carga de la deuda externa argentina al conjunto de los habitantes de la Nación, que nada tenían que ver con el endeudamiento investigado”.

“Cambiamos futuro por pasado”, prometió María Eugenia Vidal. Melconian es uno de los protagonistas del pasado

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