Un reciente editorial del diario La Nación se titula “La estafa de los planes sociales”. Señala que los planes sociales no pueden ser considerados un acierto de una gestión que lleva 12 años ya que deberían ser “una medida de forzosa índole provisoria para hacer frente a una emergencia”. También indica que casi la mitad del presupuesto de planes sociales lo aporta la Anses, afectando la capacidad de incrementar el monto mínimo de las jubilaciones, cuyo valor también se ve comprometido por las moratorias jubilatorias que sumaron 3 millones de beneficiarios con aportes incompletos.

Para saber que considera el editorial como planes sociales, hay que ir a la fuente original de varias notas sobre el tema que viene publicando el diario de los Mitre: una serie de estudios de la Fundación Libertad y Progreso, usina liberal financiada por el CATO Institute dependiente del grupo económico norteamericano de los hermanos Koch. Su autor, un concejal de San Isidro de un partido vecinal llamado Marcos Hilding Ohlsson, engloba como plan social a todas asignaciones familiares y por embarazo, el plan conectar igualdad, pensiones no contributivas por invalidez o a ex combatientes, los planes de vivienda, la ayuda escolar, comedores escolares, plan argentina trabaja, manos a la obra, seguro de desempleo, urbanización de villas y asentamientos, microcréditos, becas diversas.

De la variedad de políticas sociales enumeradas, la idea de “medida de forzosa índole provisoria para hacer frente a una emergencia” se cae por sí sola y muestra que se trata de una estrategia para oponerse a la permanencia de un amplio abanico de políticas sociales que buscan igualar derechos en materia de maternidad, estudios, acceso a la vivienda o manutención en caso de invalidez. Pero aún en el caso de planes sociales para desocupados, atribuir su permanencia a un fracaso de la política económica es una verdad a medias.

En un mundo donde el desarrollo tecnológico avanza de la mano del retroceso en las condiciones y remuneraciones laborales, es muy difícil para un país aislado consolidar un esquema económico que garantice los derechos sociales para todos sus habitantes a través del empleo formal en el sector privado. En ese contexto, se puede debatir sobre cuál debe ser la mejor política de intervención estatal para garantizar un ingreso a quienes no pueden acceder al empleo formal bien remunerado por la vía del mercado, pero nunca asumir que se puede prescindir de la intervención del Estado para la inclusión social.

Volviendo a la cuestión del financiamiento, el grueso del aporte de la Anses a las mencionadas políticas sociales se debe al pago de asignaciones. Dentro de ellas, sólo la universal y por embarazo corresponden a no aportantes al sistema y consumen aproximadamente un 8 por ciento del presupuesto del organismo. Si se tiene en cuenta que cerca del 40 por ciento de los recursos de la Anses provienen de partidas impositivas que le gira el gobierno nacional y sólo el resto de los aportes de trabajadores y patrones a la seguridad social, la idea de que las políticas sociales son financiadas a costa de las jubilaciones no tiene ninguna base real.

En cuanto a la oposición a la moratoria jubilatoria que permitió incorporar a 3 millones de beneficiarios con aportes incompletos, podría ser legítima en una economía que atravesó décadas de pleno empleo sin informalidad laboral. Pero para la triste historia económica argentina, los adultos mayores sin aportes son mayormente víctimas de décadas de desempleo y precariedad laboral, por lo que su acceso a una jubilación es un acto de justicia social

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