Las políticas sociales de los últimos años han incomodado a diversos sectores de nuestra sociedad que ven en ellos una amenaza al orden social constituido. Su respuesta ha sido instalar una campaña de desprestigio de las políticas inclusivas, que intenta preparar el terreno para su eliminación en caso de un cambio en el signo político de gobierno. De ahí salieron los mitos como del “choriplanero”, término que surge de la fusión de un choripán y un plan social.

Esa particular combinación busca hacer referencia a políticas clientelares por las cuales quien recibe un ingreso gracias a una determinada política social, responde participando en manifestaciones y actividades políticas cuyo programa gastronómico suele incluir el choripán. Con semejante calificación se desprestigia tanto a quien es acreedor de la política social: por preferir vender su libertad política a cambio de un ingreso. Como a quien instrumenta esa política, cuyo fin sería tener militantes cautivos y no resolver la problemática situación social de falta de acceso a un empleo digno por medio del mercado de una parte de la población.

Respecto a esto último, las principales políticas sociales de estos años, aparte de la recuperación del empleo y el salario, han sido las moratorias y movilidad jubilatoria junto a la asignación universal por hijo que beneficiaron a más de 5 millones de personas. Sus características son de acceso universal y, por lo tanto, no están sujetas a redes políticas clientelares. Ello contrasta con la gestión de la política social de varias provincias gobernadas por quienes se presentan como un cambio, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires donde el PRO ha desfinanciado los organismos dedicados a la construcción de viviendas dedicando parte de esos fondos a la conformación clientelar de cooperativas destinadas a pintar la fachada de las villas miserias con colores vistosos.

Respecto de otros programas nacionales como el Progresar, su orientación está en el fomento de la calificación mediante el estudio de una franja de jóvenes provenientes de sectores sociales vulnerables. Considerando que la ampliación del mercado interno en los últimos años generó oportunidades de empleo que chocan con la falta de calificación de una parte importante de nuestra población trabajadora, el foco se ha puesto en brindar una serie de estímulos para la formación de los jóvenes que se insertan en el mundo laboral.

Otra de las políticas de fomento al empleo ha sido la de Ingreso Social más Trabajo, que permitió tener empleo a casi 247 mil trabajadores provenientes de sectores sociales “inempleables” en los términos que se maneja el mercado de trabajo formal (por cuestiones de edad, calificación, vivienda, origen social). Gracias a esos programas se han construido y reparado viviendas, espacios verdes y edificios públicos, producido hormigón, bloques, aberturas, ladrillos y mampostería. Más de 70 mil cooperativistas lograron terminar estudios secundarios y otros 44 mil realizaron tecnicaturas y diplomaturas.

Las políticas enumeradas han sido un complemento a la creación de empleo en el sector formal. Es que a causa del avance tecnológico y las condiciones de competencia internacional que dificultan repartir las horas de trabajo, el mercado de trabajo formal se ha mostrado incapaz de incluir socialmente a todos. Ante esta situación, el Estado asume la tarea de garantizarle un ingreso mínimo a quienes de otra manera quedarían excluidos mediante un amplio abanico de políticas que sólo el prejuicio y la mala fe puede tildar de “choriplan”

@AndresAsiain