Uno de los grandes objetivos de la plataforma de gobierno de Mauricio Macri, anunciados en el marco de la última campaña electoral, era la “pobreza cero”. Esto fue reafirmado por ministros de gobiernos al anunciar medidas como la desregulación del mercado de cambio, la eliminación de retenciones a los exportadores granarios y de la megaminería, o la suba del costo de la energía eléctrica y el gas. Sin embargo, el impacto de esas medidas parece caminar en el sentido contrario de la promesa presidencial de “cuidarnos a todos los argentinos, en especial a los que menos tienen”.

Comenzando por la desregulación del mercado, la medida implicó una fuerte devaluación que ya bordea los 15 pesos. Contrariando los pronósticos del ministro Alfonso Prat-Gay de que el dólar oficial “no afecta prácticamente a nadie”, el impacto en los precios se hizo sentir en forma inmediata (y hasta por anticipado). La inflación de diciembre y enero, de acuerdo a estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, rondó el 4 por ciento mensual (60 por ciento anualizada), y la de San Luis de diciembre batió el record de 6,5 por cientp mensual, que anualizada alcanza los tres dígitos.

Para aproximar el impacto en la pobreza de la suba del dólar y los precios, vale compararla con el que tuvo la devaluación de enero de 2014. De acuerdo con el informe de Pobreza e Indigencia 2003-2014 publicado en abril de 2015 por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), la medida arrojó un intemento de la pobreza en 2,2 puntos porcentuales. Si se tiene en cuenta que la reciente suba del dólar fue más pronunciada y acompañada de una serie de medidas que agravan la situación de los más humildes (suba de tarifas, despidos), puede estimarse que, como mínimo, un millón cuatrocientos mil personas pasarán a engrosar las filas de la pobreza.

En simultáneo, la suba de tarifas del servicio eléctrico (de entre el 300 y 700 por ciento de acuerdo con la zona del país) y la del gas (donde se mencionan incrementos del 150 por ciento), amenazan con empujar a la pobreza a muchos más. La tarifa social anunciada para paliar ese efecto en el caso de la suba del servicio eléctrico, al discriminar el ingreso de los usuarios por nivel de consumo, no toma en cuenta que muchos hogares humildes que no acceden al gas natural, utilizan artefactos eléctricos de elevado consumo. Por ejemplo, el umbral de 150kwh de consumo cubierto por la tarifa social, se agota al mantener prendida una estufa de cuarzo de dos velas durante 5 días.

En paralelo, la eliminación de retenciones a las exportaciones de cereales junto a la baja para la soja, exacerban los aumentos de precios de los alimentos a la vez que restan recursos al Estado para implementar políticas a favor de los que menos tienen. De acuerdo a las estadísticas de San Luis, los alimentos subieron en diciembre 10,4 por ciento (60 por ciento más que el promedio de precios). Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la suba de los alimentos de diciembre fue de 4,9 por ciento y la de enero fue de 4,7, un 25 y 15 por ciento más que el promedio de precios, respectivamente.

El costo fiscal de la reducción de retenciones agropecuarias es de aproximadamente 25 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. A ello se suman unos 3300 millones de pesos por la eliminación de retenciones a las multinacionales de la megaminería. Entre ambas medidas, se transfieren recursos hacia los sectores de mayores ingresos por el equivalente al costo de financiar la AUH y asignación por embarazo durante 6,5 años, o a la construcción de 1100 escuelas.

@AndresAsiain