No estamos pidiendo: ‘dénnos un pase libre por tres años’, sino ‘dénnos una ventana de oportunidad para reestructurar’”. Si este pedido de respiro hubiera provenido del ministro de Economía de una nación económicamente fundida, no hay dudas de que la seca y tajante respuesta del secretario del Tesoro Paul O’Neill hubiera sido la exigencia de un plan “sustentable”, pero, como el pedido esta vez fue formulado por el propio O’Neill, y en relación a la suba de aranceles de entre el 8 y 30 por ciento para las importaciones de acero de Estados Unidos, sólo queda una conclusión posible: la política económica norteamericana ha experimentado un drástico viraje a la izquierda.
Y no es chiste. En efecto, cuando se la examina de cerca, la suba de aranceles es una medida que los antiglobalizadores de Estados Unidos podrían aplaudir: se trata de la ayuda a un sector económicamente deprimido –una de cuyas principales compañías, la National Steel Co., se declaró en bancarrota esta semana– y el enemigo número uno de la medida se perfila ya en la demonizada Organización Mundial de Comercio –OMC–, a la que el comisario europeo de comercio Pascal Lamy apeló anteayer para que decida si la decisión estadounidense es legal o no. El presidente George W. Bush arguye que se trata de una protección temporaria destinada a proteger al sector de una invasión de acero barato, mientras sus oponentes –Europa, Japón, Rusia, el mundo, en fin– dicen que se trata de una medida electoralera destinada a pagar los favores de importantes donantes políticos y asegurarse el voto de Estados como Ohio y Virginia Occidental en las elecciones parlamentarias de noviembre próximo, donde el presidente aspira a ensanchar la frágil mayoría de que dispone en la Cámara de Representantes y a reconquistar la que perdió el año pasado en el Senado. Con un poco más de populismo económico, los regalos al consumidor de las nuevas reducciones de impuestos presupuestadas este año –que tendrán el efecto de simular una verdadera recuperación– más el aura de gloria patriótica emanante de la respuesta militar norteamericana al 11 de setiembre, es muy posible que Bush logre ese cometido electoral.
Bajo las reglas de la OMC, los países pueden tomar medidas de salvaguarda si alguna de sus industrias se encuentra amenazada por un súbito disparo de importaciones baratas. Estados Unidos afirma que eso es lo que está ocurriendo con el acero. Sin embargo, los oponentes europeos de la medida afirman que las importaciones norteamericanas de acero han estado cayendo en el curso de los últimos cuatro años, y la Asociación del Acero del Reino Unido dice que cayeron un 20 por ciento sólo en 2001. Los europeos están furiosos porque el alza de aranceles les impedirá exportar en forma competitiva a Estados Unidos una amplísima variedad de productos para los que no tienen mercados alternativos.
Si un panel independiente de la OMC determina que las disposiciones estadounidenses son ilegales, la Unión Europea –así como el resto de los aplicantes potenciales a una apelación, que ya están haciendo cola detrás de Pascal Lamy– puede requerir una autorización para medidas de represalia, como la aplicación de sanciones a las importaciones norteamericanas. Ya mismo, la UE ha dicho que está preparándose para aplicar sus propias medidas de salvaguarda para su propia industria del acero. Y existe otro proceso, en que la OMC ya dio la razón a la Unión Europea, en que ésta podría resolver sanciones económicas a Estados Unidos este mismo mes en represalia contra subsidios norteamericanos indirectos a sus exportaciones.
En este juego, la OMC aparece como el enemigo de los trabajadores (los norteamericanos, esto es, gran parte de cuyos sindicalistas integraron masivamente las marchas antiglobalización) y Bush Jr. como su amigo. La paradoja de esta situación sólo es aparente.