“La salida de las empresas extranjeras era inevitable porque las concesiones del servicio de agua y saneamiento en el mundo han fracasado. Y en la mayoría de los países los servicios fueron retomados por los Estados, a raíz de las falencias de las empresas. El servicio de agua no admite más que estar bajo la órbita del Estado nacional, más allá de la forma en que esos Estados decidan la operación del servicio. Es decir, el Estado puede tomar la operación del servicio a su cargo y costo o hacerlo gestionar por un privado. Pero las inversiones deben estar en manos del Estado, porque las tarifas jamás pueden cubrir las fuertes inversiones que se necesitan para la expansión del servicio, sobre todo en saneamiento. En el caso de Aguas Argentinas, la concesión estuvo mal hecha y mal gestionada y no se tendría que haber negociado el contrato durante la concesión (1994 y 1997). Y a pesar de esa renegociación, la empresa siguió incumpliendo.”
* Miembro de la Comisión Renegociadora del Contrato de Aguas Argentinas durante la gestión del ex ministro Jorge Remes Lenicov.
“En general, las reformas en el área de saneamiento tuvieron problemas en la década del ’90. En algunos casos los problemas fueron de diseño regulatorio. Sin embargo, con la concesión de Aguas Argentinas, varios indicadores –expansión, calidad del servicio, presión del agua, tiempo de reparación– mejoraron. Esa situación de desempeño imperfecto que desembocó en la salida de los accionistas no está vinculada con imperfecciones o incumplimientos contractuales. El Estado rescindió el contrato fundamentando formalmente que se debía a los incumplimientos de las empresas. Pero en realidad la rescisión se debió a que la empresa no aceptó las condiciones de la renegociación, que suponían modificar la naturaleza del contrato, en tanto se transfería al Estado los fondos y la planificación de las inversiones. Si no, el Estado hubiera admitido los incumplimientos del 2002, que se dieron en un contexto irregular y de congelamiento tarifario”.
* Director del Departamento de Estudios Regulatorios de FIEL.
“El Gobierno se encontró con una situación compleja y no tuvo ni tiempo para definir una nueva política. Se ha visto obligado a tomar decisiones pero sin una base sólida de decisión política. Creo que es un error que tiene una cierta explicación. Y ahora que está más asentado y la situación macroeconómica es mejor, ya no hay argumentos para justificar que no haya una definición política. Hay algunos anuncios (planes de inversión), pero no hay una política clara para encarar el problema en toda su magnitud. La Argentina sufre un gran déficit de la provisión de agua potable y mayor en lo que respecta al servicio de desagüe. Y no se ha vislumbrado una política clara en ese sentido. ¿Qué se hará con poblaciones de distinta magnitud; qué se hará en las ciudades y qué en las zonas rurales? Porque la solución puede ser distinta. No ha trascendido que haya una discusión política ni una planificación de cómo se va a hacer. Y ya tendría que haberla”.
* Ex subsecretario de Recursos Hídricos (diciembre 1999-febrero 2001).
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