“Cuando uno lee la literatura económica es difícil encontrar relación entre concentración económica y la inflación. En general la concentración tiene que ver con la relación del mercado. Si el mercado es chico tiene pocas empresas. Además, el problema no es cuántos productores locales hay, sino qué posibilidades tiene ese mercado de ser desafiado por importaciones. Así entra otro factor en juego. En el tema de los alimentos tiene una gran preponderancia la aceleración de los precios de los commodities en el mundo. El trigo aumentó un 60 por ciento en el año, también el maíz. Así sube el pollo que consume este grano. En el caso del pollo hay más empresas y se están importando también y sube por el maíz. Lo que hay es una demanda muy sostenida, que no es acompañada por una oferta acorde. Además, Argentina produce y exporta bienes salarios en un contexto de alza de precios sostenida de estos productos. Acá tiene que haber un esquema de retenciones y subsidios. Pero con una política más fina y transparente. Las retenciones a la soja deberían ir a un fondo de reconstrucción lechera, por ejemplo. No soy optimista con las negociaciones con las empresas. No me niego a que existan, pero me parece que en este contexto de precios internacionales es muy difícil obtener un resultado sostenible en el tiempo. En muchos casos lo que ocurre en el país es que cuando la situación mejora la gente compra marcas y así deviene una mayor concentración, que puede influir en los precios, pero no es la causa principal de la inflación. Otro tema son los aumentos de los salarios, que es el primer costo de las empresas. Pronto se vendrá una discusión salarial muy difícil, porque será complicado contener a las bases cuando hay inflación en alimentos. La inflación real es del 20 por ciento y en alimentos es del 30 por ciento. También hay que bajar el gasto o por lo menos el aumento del gasto. Es decir, en casos como éste lo que hay que lograr es romper las expectativas inflacionarias.”
“La Argentina, a pesar de sus altas tasas de crecimiento en los últimos años, sigue siendo una economía chica, donde no hay espacio real para la existencia de un gran número de empresas en cada sector económico. El mundo de los alimentos no puede ser ajeno a esta situación, con dos agravantes en los últimos años: el proceso de concentración (que es de característica mundial) operó en la Argentina en forma drástica en la década de los ’90, y segundo, la crisis del 2001/2002 ayudó a profundizar este proceso, porque las primeras empresas en ser golpeadas, dado el tamaño de sus espaldas, fueron las pymes. Con la fuerte presión de la demanda en el sector de alimentos, causa directa del crecimiento, y un lógico y necesario mejoramiento en la distribución del ingreso, el sector debe ser, al menos, mirado desde el Gobierno, con atención. Como en muchos ámbitos de la vida están las buenas y las malas noticias. Comencemos por las malas: la concentración genera un marco de decisión de precios en pocas manos, que rápidamente tienden a tentarse más a aumentar los precios que a incrementar la producción (bajo la tesis de que es mejor vender una unidad a un millón de pesos que un millón de unidades a un peso). Por otro lado, sin control, la concentración genera mayor concentración como única forma de competir, y la consecuente extranjerización de las empresas. Pasemos a las buenas noticias. Un Estado no puede decir cuántas empresas existen en cada sector económico, dado que en la práctica son decisiones privadas, pero puede ponerle límites, vía leyes anticompetitivas o leyes de precios y abastecimiento. Si las empresas son pocas es más fácil acordar con ellas, no para que pierdan plata, sino para que no utilicen su poder dominante. En momentos de puja distributiva, real causa de la inflación, un acuerdo social, donde pensemos la Argentina de los próximos 20 años, es más factible si en la mesa de negociación se encuentran menos empresas, capaces de generar consensos y responsables de sus propios actos.”
“Argentina es un país donde muy pocas empresas en muy pocos sectores realizan ganancias extraordinarias a expensas del resto de las empresas y del conjunto de la sociedad. Esto redunda en dos efectos concretos. Por un lado, en tanto las ganancias extraordinarias se obtienen por fuera del esfuerzo inversor, la inversión es baja y esto limita la expansión de la oferta de producción. Por otro, la dinámica expuesta consolida un patrón de desigualdad. El criterio a considerar es la característica de los principales mercados de la economía local. Más allá de la idea de ‘acuerdos de precios’ que tanto se ha extendido como modo de eludir la necesidad de construir marcos de regulación pública sobre los mercados, corresponde precisar que en el caso argentino el predominio de los oligopolios, monopolios y oligopsonios contribuye también a favorecer el proceso por el cual los precios se desvinculan de su costo de producción. Por ende, regulación pública de carácter antimonopólica es el segundo instrumento a reivindicar en una estrategia de reordenamiento de los precios dirigida a sostener una nueva propuesta de desarrollo para el país. El otro criterio es el Estado involucrándose bajo diversas formas (intervención productiva directa, regulación, impuestos y subsidios) en el proceso de inversión. La ausencia de regulaciones antimonopólicas y la falta de intervención pública dirigida a diferenciar el precio interno del internacional en materia agropecuaria y energética, define que existen empresas que disponen de condiciones que les permiten realizar ganancias extraordinarias con independencia de su esfuerzo de inversión. Para ser precisos, el comportamiento inversor sólo se asocia virtuosamente con el desarrollo cuando la regulación pública logra que el acceso empresarial a una ‘renta diferencial’ sea el resultado del esfuerzo inversor. Si por el contrario, las condiciones de explotación de la fuerza laboral, el predominio en los mercados y el control privado sobre la explotación de los recursos naturales permiten ganancias extraordinarias sin inversión, la inversión se reduce y el desarrollo se esfuma.”
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