El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Observatorio de las Multinacionales en América Latina, Ecologistas en Acción, ACSUR-Las Segovias y Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres denunciaron que, con la defensa de Repsol, el gobierno español apuesta por el no respeto a los derechos humanos, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la evasión de impuestos, un modelo neocolonial de relaciones internacionales, la destrucción de empleos, los intereses de muy pocas personas (muchas de las cuales no son españolas) y un modelo energético obsoleto.

Afirman: “Repsol ha mostrado una absoluta indiferencia ante los derechos de las poblaciones indígenas en América latina. Sin salir de Argentina, en el yacimiento de Cerro Bandera, los derechos de la comunidad mapuche Lonko Purran fueron sistemáticamente violados. En el yacimiento de Loma de la Lata sus habitantes, también mapuches, tienen hasta 17 metales pesados en su sangre, sufren trastornos nerviosos, enfermedades en la piel y hasta se han dado casos de anencefalia fetal. Por estos casos y otros similares, la empresa fue juzgada y condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos desde 2006”.

Esos movimientos sociales definen: “Repsol representa un modelo de explotación neocolonial al que multinacionales ‘españolas’ se apuntaron desde los años ‘90. Repsol compró YPF a un precio por debajo de su valor real. Para ello se subestimaron las reservas y se saneó la empresa con dinero público argentino antes de venderla. Por supuesto, tras la compra de YPF, el Tesoro argentino perdió una parte importante de la renta petrolera que recibía. Repsol compró YPF por 13.158 millones de dólares en 1999. Ahora la empresa española se retiraría con un saldo positivo de 8813 millones de dólares, aún sin indemnización. El golpe del gobierno argentino es una prueba clara de que la correlación de fuerzas está cambiando”