Un día después de las elecciones presidenciales, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) sacó un comunicado con el fin de “hacer llegar una serie de manifestaciones compartidas por los socios de la entidad” en relación con la Ley del Actor, aprobada por el Honorable Congreso de la Nación el pasado 28 de octubre. En él manifestaron tener y haber tenido “desde siempre” la vocación “de que todos los actores y actrices argentinos cuenten con la posibilidad de jubilarse”, pero expresaron su “profunda preocupación” por “no haber sido convocados a participar en modo alguno en la mesa de trabajo que dio origen a esta ley”. Haciendo algunas consideraciones y otras críticas, convocaron a una reunión en el teatro El Nacional para todo aquel interesado en la actividad teatral, a fin de hablar sobre la situación.

Como era de esperarse, la respuesta de la Asociación Argentina de Actores (AAA) –el gremio que peleó años por esta ley y que logró que finalmente el pasado miércoles la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la promulgara, avanzando hacia su implementación definitiva– no tardó en llegar. Bajo el título “La Ley del Actor y la doble moral empresaria”, también este organismo se manifestó con un texto que divulgó rápidamente por las redes sociales. “Si bien la ley del actor aún no ha entrado en vigencia, el sector empresario involucrado en su aplicación ya ha comenzado a desplegar toda su artillería para evitar que los actores tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador que depende de su salario para vivir y alimentar a su familia”, advierte en la bajada el comunicado, de tono firme y contestatario. También la AAA convocó entonces a una nueva reunión informativa para actores, que se realizó el miércoles por la noche, con el fin de aclarar algunos de los dichos de la Aadet.

A grandes rasgos, la Ley del Actor tiene dos aspectos, uno laboral y otro previsional. En lo que refiere a lo laboral, la norma sancionada y trabajada en conjunto por los ministerios de Cultura, Trabajo y Desarollo Social, además de por la Afip y la Anses, prácticamente reafirma los convenios colectivos de trabajo que ya tenían los actores (que son cuatro y ya se venían aplicando). En cuanto a la previsional (y aquí radica lo novedoso de la norma y la conquista de derechos), la ley reconoce el derecho pleno de los actores, reconociéndolos como trabajadores en relación de dependencia, lo que implica que, de ahora en más, y como en cualquier relación laboral, el patrón o empresario deberá aportar un 17 por ciento en concepto de contribución, y el trabajador un 11 por ciento como aporte. Para eso, se estipuló un mínimo de 120 jornadas (o cuatro meses de corrido) que el actor tendrá que contabilizar para poder ingresar a la ley.

El eje de la disputa entre actores y empresarios gira en torno a este último aspecto. Los empresarios aseguran que apoyan la figura de relación de dependencia de los actores, aunque manifiestan que “dicha figura no es en lo más mínimo aplicable al total de los trabajadores actores, dada la atipicidad y las características especiales de esta relación en el marco de la actividad teatral”. Consultado por Página/12, el presidente de la Aadet, Sebastián Blutrach, explicó que la excepción que ellos piden gira en torno a las llamadas “primeras figuras”, los actores más “famosos” o convocantes. “Hay un grupo de actores con el que nosotros trabajamos en conjunto. Consensuamos con ellos el equipo artístico, los días de funciones, la duración de la temporada y la campaña publicitaria, entre otras cosas”, dice, y nombra, entre otros, a Antonio Gasalla, Susana Giménez, Enrique Pinti y Darío Grandinetti.

“Si al porcentaje que va derecho de autor, a sala, a artística, le sumamos las contribuciones de estas figuras tal como estipula la ley, el negocio no da, porque el cien por ciento no se puede estirar. Entonces tenemos que contratar a menos actores, o hacerlo por menos dinero. En ese sentido, planteamos que esta ley tal y como está, sin trato diferencial, no está bien confeccionada”, explica el productor teatral, que busca que “sólo con esas figuras” los contratos se sigan arreglando a conveniencia de partes. “Con lo que se estipula para el resto de los trabajadores estamos totalmente de acuerdo”, asegura.

Pero para Actores no importa qué tan “figura” sea el actor. Para ellos todos deben ser tratados como trabajadores, sin importar la popularidad que tengan, ni tampoco la oferta laboral que reciban anualmente. “Mienten. Porque con el argumento de la ‘atipicidad’ de la actividad artística pretenden justificar la precariedad y desprotección laboral. Con el argumento de la ‘especificidad’ de la actividad sostienen que el régimen jubilatorio general no puede aplicarse a los actores, que es necesario crear un sistema más ‘solidario’, que sirva para vigorizar la actividad. Saben de sobra que hace muchos años que se están quedando con las contribuciones patronales”, dispararon desde el comunicado, que ante la consulta de este diario pidieron especialmente citar.

Luego de las quejas por no haber sido convocados a la discusión de la ley (cosa que por otra parte Actores también desmiente), la Aadet ya se reunió con el Ministerio de Trabajo y avanza en su propuesta de modificación de la misma. Como la norma aun no fue reglamentada, cualquier intromisión en el texto ya promulgado implicaría volver atrás con todo el proceso, algo que temen desde la AAA. “Por eso advertimos a nuestros afiliados que estén atentos a las maniobras empresarias, que lean la ley, que pregunten, que asistan a las reuniones informativas que realizamos periódicamente en el sindicato de actores, que acerquen sus dudas, que no se dejen engañar: los empresarios defienden su bolsillo, no a los actores, de quienes no son ni serán jamás, socios. Aunque paguen su remuneración con un porcentaje de la venta de las entradas”, concluyeron desde el gremio, que se mantiene atento para ver cómo se desarrollarán los acontecimientos que vienen.