De las patas civiles que ampararon, sostuvieron y legitimaron la última dictadura militar en la Argentina, la del poder económico concentrado ya es cosa indiscutida: fue el principal beneficiario del terrorismo de Estado. Pero a la par hay otras menos revisadas. Escasamente exploradas, al menos como ameritarían. Entre ellas, la del Poder Judicial. La de un “partido judicial” –casi único– que también gravitó intensamente en aquella era nefasta. Desentrañarlo es lo que viene a proponer entonces un libro de edición fresquita, cuyo título va de suyo: ¿Usted también doctor? “Yo creo que la purga limitada del Poder Judicial que el radicalismo y el peronismo acordaron en 1983 invisibilizó de alguna manera la dimensión colosal de la capitulación del Poder Judicial durante la dictadura”, introduce su principal autor, Juan Pablo Boholavsky. Y sigue introduciendo: “La sociedad no tuvo muchos elementos para exigirle al Poder Judicial una rendición de cuentas seria, y la implementación de una reforma institucional proporcional a esa defección. Esa continuidad también garantizó que numerosos jueces compenetrados ideológica e incluso criminalmente con el Proceso obstaculizaran los reclamos de verdad y justicia de las víctimas”, señala este doctor en Derecho que encaró y cristalizó la investigación junto a veintisiete reconocidos cientistas sociales.

¿Usted también doctor?, publicado por la editorial Siglo XXI, bajo el subtítulo de Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante dictadura, consta de 447 páginas y unos veinte artículos que, englobados por capítulos, intentan desarmar y rearmar el nudo de complicidades entre jueces, abogados y funcionarios judiciales, que proveyó legitimidad al gobierno de la Junta Militar en el período 1976-1983. “Lo que motivó este libro es básicamente que la responsabilidad de los operadores del derecho en el contexto de gobiernos autoritarios es un capítulo subexplorado en el derecho y en las ciencias sociales más en general, tanto en Argentina como a nivel comparado. Hay un vacío académico a colmar. Y en la progresión de la agenda de Verdad, Memoria y Justicia en la Argentina la responsabilidad de los jueces aún necesita ser profundizada. Ofrecer un marco teórico y una información sistematizada podría ayudar, y es lo que se hizo acá”, señala Boholavsky, que realizó numerosos trabajos sobre temáticas vinculadas a la deuda pública, las inversiones extranjeras directas y, claro, los derechos humanos.

–Una de las intervenciones en el libro es la del juez español Baltasar Garzón quien, en el prólogo, habla del péndulo “cómplices-complacientes” que operó entre los actores del Poder Judicial durante la dictadura. ¿Cómo redefiniría usted tal concepto?

–Creo que el “cómplice banal” es un hallazgo interesante del libro. Fueron aquellos funcionarios judiciales, la inmensa mayoría durante esa época, que eran funcionales al régimen, pero no tenían una especial animadversión contra las víctimas o su ideología. Realizaban indagaciones superficiales, inofensivas, autoexculpatorias. Los inspiraban las expectativas de ser promovidos en la carrera judicial, el temor a ser removidos o a sufrir represalias pero sin renunciar al cargo, o la idea distorsionada de que había en el país algo más o menos parecido a una Corte Suprema. Por motivos banales despreciaban las consecuencias de sus decisiones que implicaban desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado, cuando yo creo que lo que deberían haber hecho era proteger a las víctimas, investigar o, de no poder hacerlo por el contexto autoritario, renunciar. Si el 25 de marzo de 1976 los jueces hubieran renunciado en masa, la Junta hubiera enfrentado altísimos costos de reputación. Probablemente la historia hubiera sido un poco menos trágica.

–Hubo excepciones heroicas, digamos, de funcionarios judiciales que incluso no renunciaron...

–Un puñado de funcionarios judiciales que sí tuvo una actitud decente e independiente, investigando, realizando allanamientos, tratando de dar respuestas a las víctimas y sus familiares. Carlos Pagliere, por caso, que era juez de instrucción en la provincia de Buenos Aires, y en 1977 investigó hasta las últimas consecuencias el secuestro del abogado laboralista Carlos Moreno en Tandil. Durante sus investigaciones Pagliere sufrió todo tipo de intimidaciones de las Fuerzas Armadas y de la Corte Suprema provincial.

–Pero la regla, dicho está, se engloba bajo la categoría de complicidad banal o incluso “militante”, según los casos...

–No sabría por dónde empezar en este sentido. Los jueces y el procurador de la Corte Suprema convalidaron rápidamente la arquitectura jurídica impuesta por la Junta, confirmaron la validez de las leyes represivas y rechazaron de a miles los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas. La participación en tribunales militares para juzgar civiles; la intervención judicial para disimular la apropiación ilegal de niños nacidos en cautiverio; la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y de las razones de esas muertes; la ayuda para interrogar e incluso torturar a detenidos de manera ilegal; la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las Fuerzas Armadas, en fin.

–¿Qué se puede hacer hoy, pasado el tiempo, ante tales complicidades?

–Conocer más. Aquí una comisión de la verdad podría hacer una gran diferencia, porque el libro sólo presenta la punta del iceberg en materia de información. Para darse una idea de la magnitud del involucramiento del Poder Judicial durante la dictadura, sólo en el fuero federal más de 5487 hábeas corpus fueron rechazados entre 1976 y 1979. Algunos casos extremos de complicidad podrían ser considerados delitos de lesa humanidad, otros originarán responsabilidad civil, otros justificarán la remoción de jueces aún en funciones y, finalmente, intuyo la mayoría, llevará a la sociedad y al Poder Judicial a un proceso sano de reflexión para indagar en las causas de la capitulación judicial.