La jueza María Angélica Crotto decidió ayer embargar la parte de la recaudación que corresponderá a Callejeros por el recital con el que la banda volverá oficialmente a los escenarios tras la tragedia de Cromañón. El controvertido concierto será mañana a las 17, en el estadio Chatêau Carreras. La jueza adoptó la medida a pedido de un grupo de padres de víctimas del incendio en el local de Once. Crotto envió un oficio al juzgado de turno en Córdoba, a través del cual ordenó el secuestro y embargo del porcentaje de Callejeros en todos los puntos de venta desde hoy hasta que concluya el recital.

Pero el embargo no fue el único pedido de los familiares de las víctimas. De hecho, un grupo de ellos viajaron ayer a Córdoba para presentar ante la Justicia de esa provincia un recurso de amparo para impedir que se realice el recital. Los familiares dijeron que también intentarían hablar con el gobernador, José Manuel de la Sota, y con el intendente, Luis Juez, para pedirles que se suspenda el show. “Queremos que escuchen la otra campana, porque consideramos que se han dejado conmover por un grupo que nosotros consideramos la banda de la muerte”, dijo en una entrevista radial Nilda Gómez, madre de una de la víctimas, quien también expresó que su objetivo era “evitar (la realización del concierto) desde los medios legales”. Luis Fernández, otro padre que viajó a Córdoba, ratificó que junto con otros familiares de las víctimas, hará “todo por derecha, todo legal, como en Tucumán, para demostrar con la documentación que esta gente no puede actuar”.

Estos dichos contradijeron a los de otro padre, Ricardo Righi, quien el lunes amenazó con la posibilidad de que hubiera muertos, con “incendiar la provincia” y con ir a buscar al gobernador “hasta abajo de la cama”. Righi estaba entre los doce familiares que llegaron ayer al mediodía a Córdoba, pero a su arribo bajó el tono y dijo que venían a solicitar a la Justicia que diera lugar al pedido de inhibición de Callejeros. “Para que no sigan dañando nuestra salud y la de nuestras familias”, expresó. “Posteriormente les pediremos al gobernador (José Manuel) De la Sota y al intendente (Luis) Juez que se apiaden de nosotros y nos den audiencias para que les podamos hacer todos los planteos que les tengamos que hacer.”

Por las amenazas del lunes, De la Sota le ordenó al fiscal de Estado Jorge Córdoba y al fiscal general de la Provincia, Gustavo Vidal Lascano, que se arbitren todos los medios disponibles para proteger a los músicos de Callejeros. Además, el fiscal Córdoba se presentó ante el fiscal de turno, Gustavo Sandoval, para pedirle que investigue si Righi cometió algún delito cuando dijo ayer que iba a “incendiar la provincia” si tocaba Callejeros.

Ayer también se dio a conocer que unos 1600 policías participarán en operativos de seguridad en diferentes eventos que se realizarán para los festejos de la primavera y del estudiante, aunque la mayoría de ellos estarán afectados al recital. “Se está poniendo todo a disposición, para que haya un espectáculo dentro de la mayor tranquilidad y bajo todos los controles posibles”, aseguró el secretario de Información Pública de la provincia, Marcelo Falo, quien recordó que hasta el momento ninguna orden judicial impedía el concierto. “Aquí no habrá costo ni rédito político. Pensar así es mezquino. Hay que hacer lo que corresponde hacer”, indicó Falo, quien admitió además que fue llamado telefónicamente por “muchos padres”, aunque señaló que “fueron diálogos respetuosos y en un marco de cordialidad”.

Por otra parte, ayer se supo que el municipio de La Rioja autorizó la presentación de Callejeros el próximo 13 de octubre en el estadio Vargas. La información la confirmó el intendente Ricardo Quintela, quien anticipó que “se exigirán extremas medidas de seguridad” y agregó que el espectáculo “se desarrollará en horas de la tarde” para contribuir a evitar desórdenes o incidentes. Además, Quintela indicó que Callejeros llega a La Rioja por iniciativa de empresas privadas y especificó que el municipio “sólo autoriza el espectáculo”.