La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en 2009, puso al descubierto como nunca antes en la historia argentina los intereses económicos y políticos detrás de los medios de comunicación. Desde su anuncio en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de aquel año, hasta su posterior aprobación en el Senado, el 10 de octubre, un intenso debate mediático sobre la vigente ley ocupó horas y horas en radio y TV, además de llenar toneladas de hojas de diarios y revistas. Sin embargo, el centro de la discusión –que aún hoy persiste, no sólo en el campo periodístico, sino también en el judicial– siempre estuvo viciado de lobbies y presiones, más cercanos a argumentar interesadamente que a analizar cada uno de los más de cien artículos de una ley que fue debatida durante un año en 24 foros a lo largo y ancho del país. Sobre todo lo que puso en juego la nueva legislación, que comienza a cambiar el mapa de medios audiovisuales argentino, se basa La cocina, el documental que David Blaustein y Osvaldo Daicich están a punto de terminar.

La repercusión mediática y social que alcanzó el debate en torno de la Ley de Servicios de Comunicación, que terminó por reemplazar a la promulgada en 1980 por la dictadura militar, probablemente haya sido uno de los acontecimiento políticos más significativos desde la apertura democrática. No sólo por la voluntad del Gobierno de regular por primera vez el mapa audiovisual, a través de una política comunicacional discutida y comparada con otras legislaciones, y con el objetivo de equilibrar las asimetrías y la concentración mediática que el mercado había instituido durante los noventa. También fue (es) un debate distintivo por la activa participación ciudadana con que contó la iniciativa, tanto en el armado del anteproyecto (basado en los 21 puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática), como en la posterior defensa del proyecto al ingresar al Congreso Nacional, con masivas manifestaciones en su apoyo.

Conscientes del valor histórico de la Ley 26.522, y contando en sus espaldas con la experiencia de Porotos de soja, el documental que dio cuenta de otro acalorado debate mediático-político-económico surgido con la famosa resolución 125, Blaustein y Daicich volvieron a echar mano al cine urgente y de emergencia. “La cocina surgió exactamente de la misma necesidad de reflejar lo que pasaba en la sociedad y en los medios con la que nos habíamos embarcados para hacer Porotos...”, cuenta Coco Blaustein. “Cuando se presentó la ley, en Casa de Gobierno, hicimos la primera jornada de rodaje en la calle con la misma idea de Porotos...: que se trataba de un evento histórico que no había que perderse, que algo iba a desnudarse en el debate de una nueva ley de medios. Pero, por suerte, con una diferencia con Porotos...: empezamos a rodar con un criterio más cinematográfico”, reconoce el director de Cazadores de utopías y Botín de guerra.

–¿A qué se refiere con que La cocina tiene un criterio más cinematográfico que Porotos...?

David Blaustein: –Cuando surgió el debate de la 125 hicimos en Porotos de soja un cine urgente y emergente, que no tiene los tiempos de un documental cinematográfico en términos de investigación, rodaje, montaje, edición, guión y estética. Cuando terminó el debate en el Congreso, nos sentamos a discutir y definir las líneas generales de la película con mi hermano (Eduardo Blaustein), para que escribiera el guión. Eso no había sucedido en Porotos..., que fue una película más de calle. Aquí rodamos en función de una estructura, basado en el debate sobre la ley en el Congreso, la red privadas de medios, lo que sucedía en las afueras, la judicialización posterior de la ley, y el cierre yendo al interior a filmar experiencias, que es cuando la película definitivamente aparece.

Osvaldo Daicich: –Al igual que con la 125, en relación con la Ley de Servicios de Comunicación había un ping pong muy brutal entre la visión y los intereses del gobierno nacional y la que ostentaba parte de la red privada de medios audiovisuales.

–¿Terminaron de comprender la influencia y la necesidad de la ley en el funcionamiento mediático de las ciudades más alejadas de Buenos Aires?

D. B.: –Es que en la Argentina profunda y olvidada por los grandes medios de comunicación es donde con mayor certeza se comprenden los alcances de la ley. Grabamos diferentes experiencias de cooperativas en Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Pampa, Neuquén y Viedma. Después de toparnos con estas otras realidades, que la visión porteñocéntrica del debate no contemplaba, la película tomó sentido. La cocina tiene una estructura narrativa de montaje paralelo entre las experiencias comunicacionales de las provincias y el debate y la estructura de medios en Buenos Aires. Nuestra hipótesis es que la ley no tiene garantizada su sustentabilidad hasta que los sectores populares no la asuman como propia.

O. D.: –Lo que encontramos en las experiencias comunicacionales de las provincias manejan una agenda diferente de la de los grandes medios de comunicación y, por lo tanto, construyen otro tipo de ciudadanía. En esos lugares de mediana escala, que en los ’90 fueron mercados marginales porque no eran rentables, encontramos agendas noticiosas en radio y canales locales que representan a la sociedad civil.

–¿Creen que mucho tiene que ver el sistema cooperativista desarrollado en distintas ciudades del interior?

O. D.: –El sistema cooperativista en la Argentina es vital. Hay provincias que sostienen su sistema comunicacional a través de cooperativas, que ofrecen hasta triple play. Ese mapa está silenciado por los medios nacionales. La ciudadanía está presente en los medios cooperativistas. La ley terminó de hacer visible y de darle el mismo lugar que a los privados a las formas de comunicar no comerciales. Que el 33 por ciento del espectro radioeléctrico esté reservado a ONG pluraliza la comunicación.

D. B.: –La información es una cuestión estratégica, de discusión pública y de construcción de ciudadanía. Es interesante ver cómo los medios traccionan en la vida cotidiana. En los pueblos los medios locales siguen siendo un lugar de comunidad y un elemento formativo: no son sólo un sistema de entretenimiento. Sacando los lugares cruzados por una fuerte migración, como Mar del Plata y Bariloche, en el 70 por ciento de las medianas y pequeñas ciudades del país lo primero que se lee son los periódicos locales. La nueva ley encauzará esa necesidad en los contenidos de TV, que hasta ahora eran repeticiones de los de El Trece y Telefe.

O. D.: –La intención es hacer conocer esas agendas, diferentes de las masivas. Que ese sistema comunicacional se masifique y que circule homogéneamente como lo hacen otros productos culturales depende de la ciudadanía, del Estado y de los privados. Canal 10 de Tucumán tiene escuela de cine y un sistema productivo propio, pero le cuesta producir por falta de cuadros audiovisuales. Tenemos una ley que genera inversión desde el Estado, mientras que los privados están más preocupados por desarmar o judicializar lo aprobado democráticamente que en ser partícipe. La sociedad civil debe apropiarse de la ley para trasformar la industria cultural audiovisual.

–Durante mucho tiempo el país no tuvo una política comunicacional activa y eran los privados los que imponían situaciones de hecho, que luego se “legitimaban”. Eso provocó un mapa mediático que entra en tensión con el espíritu democratizador y pluralista de la nueva ley. En este contexto, ¿el Estado debe asumir inevitablemente un rol importante?

O. D.: –Para que la ley pueda hacer efectiva esa vocación debería haber un compromiso del Estado y de los privados, en términos nacionales, provinciales y municipal. El ideal sería que el sistema funcione con un financiamiento mixto. Se pasó de la ausencia total del Estado en términos de políticas comunicacionales a una presencia fuerte. Eso es altamente positivo, pero la óptica de los privados debe cambiar.

D. B.: –La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la tercera pata de un trípode conformado por la reestatización de las AFJP, que te da la posibilidad de tener fondos para distribuir, y la Asignación Universal por Hijos. Cuando uno tiene fondos para distribuir y una asignación universal que le permite a la gente tener acceso a productos primarios puede seguir democratizando esos fondos. La ley audiovisual democratiza la cultura.

O. D.: –Las nuevas tecnologías y la decisión de gestión de Estado están pensando el futuro de la comunicación audiovisual en el país, incorporando las nuevas generaciones de estudiantes de cine. Encuentro es un modelo, como lo fue Telesur en otro. Es interesante que nosotros, desde Buenos Aires, podamos ver una serie de un chaqueño hecha con un equipo íntegramente de Chaco. ¿Cuándo se vio algo así? Nunca, porque nunca estuvo en discusión la posibilidad de cambiar las reglas de juego. La calidad es subjetiva, pero el hecho de tener la posibilidad de narrar otra realidad, o la misma con otros ojos, es revolucionaria de por sí.