La noticia del momento en el ámbito del cine nos informa que Jorge Alvarez ha sido licenciado de su cargo de presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, no se sabe si por iniciativa propia, como él lo sostiene, o a raíz de los numerosos cuestionamientos a su gestión por parte de Adolfo Aristarain, la Asociación de Directores Cinematográficos, el Sindicato Argentino de la Industria Cinematográfica, el Sindicato de Músicos, el Sindicato de Extras, diferentes notas periodísticas (algunas de ellas publicadas en Página/12) y a los reclamos no atendidos que, sin haber trascendido a la opinión pública, le hiciera formalmente la Federación Argentina de Productores de Cine Audiovisual (Fapca), entre otros.

Es de esperar que quien asuma la presidencia del Incaa tenga sensibilidad para advertir que se debe corregir el rumbo en lo relativo a los reclamos que la gestión extinguida no supo, no pudo o no quiso atender. Las principales y urgentes medidas pendientes son: 1) funcionamiento normal y regular del Consejo Asesor, 2) modificaciones a la política de fomento para ajustar las ayudas del Incaa a los costos reales de la producción, garantizando apoyo efectivo a los diferentes tipos de película, de acuerdo con las disposiciones de la ley, 3) transparencia respecto de la percepción y aplicación de los recursos del Incaa, publicándose mensualmente lo recaudado y lo gastado en cada partida, así como el orden y motivo de su asignación, 4) transparencia en el reconocimiento de costos y cumplimiento de las normas que regulan su control, 5) reglamentación de la cuota de pantalla en la televisión y el efectivo y leal cumplimiento de la misma en salas de cine.

Y además: 6) una política federal que asigne los recursos correspondientes a las provincias en relación con proyectos concretos de fomento a la actividad cinematográfica en éstas y fiscalización de su cumplimiento, 7) eliminación de la cláusula “según disponibilidad presupuestaria” con la cual el Incaa deja en manos de la discrecionalidad o arbitrariedad del funcionario si paga o no lo que le corresponde al productor, 8) reglamentación de la ley que creó la Cinemateca Nacional y puesta en marcha de ese organismo, para evitar que se siga perdiendo el patrimonio audiovisual de los argentinos, 8) un “balance riguroso del funcionamiento y programación de los espacios Incaa, en provincias y el exterior para que cumplan la función para la cual fueron creados”, 9) articulación armónica del Festival de Cine de Mar del Plata con los demás festivales del mundo y, en especial, con los festivales latinoamericanos, 10) abandono de la política de aliento indiscriminado a las coproducciones financieras, que permiten destinar recursos a producciones que no garantizan el efectivo aporte de recursos artísticos y técnicos de los países que las realizan: las modificaciones a los convenios internacionales no puede ser legalmente aplicada hasta tanto el Congreso no las apruebe, 11) limitación de los beneficios excepcionales generados por la discrecional aplicación de los llamados “Tercero J” (aportes económicos del Incaa que no pasan por los comités de selección de proyectos) a los casos en que intervienen organismos públicos y por un monto total anual que no exceda el 10 por ciento de los recursos que se destinan a conceder créditos. Respecto de estas producciones y, atento a la confusa situación generada en torno de los mismos, urge que el Incaa organice un ciclo en cual se exhiba la totalidad de esas producciones, para que se pueda conocer la real existencia de esas obras, su perfil y su contenido.

En síntesis: se debe cumplir la letra y el espíritu de la Ley de Cine, con la real participación de la industria y la información permanente y completa del funcionamiento del Incaa. Por su parte, las entidades de la industria deberían, en conjunto, organizar el “Observatorio del Incaa”, con la finalidad de acceder a toda esa información y de difundirla entre sus asociados y en la sociedad. Estoy seguro de que, quien quiera que fuere la persona designada, si atiende este tipo de requerimientos, contará con el mayoritario y firme apoyo de la industria.

* Director, abogado y docente