Son los actores peor pagos del mundo audiovisual. Les ponen la voz a grandes estrellas de Hollywood y de Europa, la locución a trabajos periodísticos de ayer y hoy y a entrañables personajes animados. Sin embargo, los doblajistas en Argentina son los trabajadores más desprotegidos del cine y la TV. La contraprestación económica no deja lugar a dudas: para ponerles la voz a personajes de una película extranjera para ser emitida en TV abierta, por ejemplo, un doblajista recibe por un “bolo” (interpretar a un actor secundario) 80 pesos en todo concepto, previa presentación de factura. Las mieles de doblar a un protagónico saben, también, a rancio: entre 300 y 450 pesos según el proyecto. Diferente es el cachet de los actores en grandes producciones de Disney (Cars, Ratatouille), o de la reciente Metegol: en ese caso, los famosos cobran mucho más. Pero son la excepción. El reciente decreto que reglamenta la vieja Ley de Doblaje viene, justamente, a intentar cambiar las pésimas condiciones de todos esos locutores y actores desconocidos.

De la misma manera que la reglamentación en 2008 de la Ley de Propiedad Intelectual debió esperar 75 años, la Ley de Doblaje tuvo que aguardar 27 años para que, finalmente, entre en vigencia, gracias al decreto 933 firmado por Cristina Fernández de Kirchner. Tras ser sancionada en 1986, pero frenada por diversos intereses, el miércoles se publicó en el Boletín Oficial la normativa que obliga a los canales de TV abierta a doblar toda la programación emitida, incluyendo a los avisos publicitarios y los avances de programas. En su artículo 1, el decreto señala que el doblaje debe estar expresado “en el idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios”, por actores locales. La reglamentación estipula que el idioma oficial es el “castellano neutro”, como una manera de garantizar su “comprensión para todo el público de la América hispnohablante”.

La publicación del decreto generó todo tipo de lecturas. Las más extremas señalaron, erróneamente, que de ahora en más toda la programación de los canales argentinos debía ser doblada al castellano. Nada más alejado de la realidad. En primer lugar, porque la norma considera las excepciones previstas en el artículo 9 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como son los programas dirigidos a públicos ubicados fuera de las fronteras nacionales, destinados a la enseñanza de idiomas extranjeros, aquellos que se difundan en otro idioma y que sean simultáneamente traducidos o subtitulados, y las señales de alcance internacional que se reciben en el territorio nacional. O sea: las señales panregionales de TV por cable (HBO, TNT, Sony, Fox, Universal, Discovery, History) quedan excluidas de la normativa. Además, al exceptuar a la programación “originada en convenios de reciprocidad”, existe la posibilidad de que los contenidos audiovisuales originados en Estados Unidos no tengan que cumplir con esta ley. Un interrogante que la Afsca deberá aclarar cuando dicte “las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la ejecución e implementación”, así como el régimen de sanciones de la nueva legislación.

Pero, aunque la normativa afecta especialmente a los canales de TV abierta, y a las señales de TV por cable de alcance local, hay otras excepciones que graduarán su impacto. Es que si bien el decreto determina que los canales de TV abierta tienen la obligación de doblar los programas, películas, series o telefilms, los términos de su aplicación son los que figuran en el artículo 2 de la Ley 23.316 de 1986. Allí se establece el tiempo que los canales tienen por delante para cumplir la ley. En el caso de ficción, las emisoras deberán tener el 12,5 por ciento del material contenido en la ley doblado en el país en los próximos 180 días; el 25 por ciento en un año; y el 50 por ciento como mínimo en tres años. En programación de no ficción, el requisito mínimo obligatorio es del 25 por ciento del total de aquí a 180 días. Es decir: los canales tienen la obligación, en un plazo de tres años, de doblar el 50 por ciento del total del material de ficción y el 25 por ciento de contenidos de no ficción en seis meses. No se les exige más que eso.

En este punto es necesario aclarar que la normativa no generará que absolutamente todo el material en idioma extranjero emitido en TV abierta tenga que ser doblado por actores o locutores argentinos. Los canales serán, en definitiva, quienes decidan qué programas o películas serán doblados localmente. En este punto, lo más probable es que aquellos ciclos que están instalados culturalmente con los doblajes realizados en México, como Los Simpson, mantengan las voces históricas. También cabe señalar que programas en castellano, aun cuando no sean en “neutro”, como El Chavo, no deberán ser doblados por voces locales. El castellano neutro sólo será exigido, con sus matices artísticos lógicos para no “desnaturalizar las obras”, cuando se deba doblar un contenido audiovisual en idioma diferente al castellano.

Lo cierto es que el decreto que reglamenta la Ley de Doblaje abre un nuevo panorama para los actores y locutores argentinos. La obligatoriedad de doblaje local de una cuota de pantalla promoverá, según creen en la Asociación Argentina de Actores (AAA), nuevos puestos de trabajo y/o una mayor constancia. Matilde Avila, por ejemplo, a cargo de la Academia de Doblaje (www.academiadedo blaje.com.ar), considera que la reglamentación de la ley también servirá para mejorar las condiciones de trabajo. “Antes, hasta la década de los noventa, para ser doblajista había que ser actor y haber hecho el curso. En cierta manera, era una profesión matriculada”, reconoce la doblajista. “En la actualidad, aun cuando la profesión vive un buen momento, hemos perdido derechos. La esperanza es que este decreto nos permita, dentro de la AAA, redactar un convenio colectivo de trabajo que fije categorías acordes con la particularidad de nuestro trabajo. Ese sería un gran paso”, se entusiasma Avila.