El miércoles pasado la industria del video marchó, con el apoyo de representantes de la exhibición cinematográfica y del sindicato que agrupa a los trabajadores del espectáculo, en reclamo por la falta de control oficial sobre la piratería. Realizada con la consigna de “acabar con la tolerancia de los que tienen la obligación de impedir la proliferación de actividades ilícitas, a la vista de todos”, la movilización concluyó con la entrega de un petitorio en la sede del gobierno de la ciudad. Las autoridades prometieron constituir una Mesa de Trabajo que instrumente la lucha contra la piratería, y el defensor adjunto del Pueblo, Andrés Elisseche, se comprometió a interiorizarse de las denuncias realizadas. Conviene tener en cuenta que la falta de reacción ante el negocio ilegal ha puesto a la industria del video contra la pared. Hoy en día es más poderosa la industria del video trucho que la legal, con más de 400 videoclubes cerrando sus puertas en el último bienio y dos de las tres editoras major (Gativideo y LK-Tel) obligadas a bajar la cortina. “Piratería es tráfico ilegal, son empresarios invirtiendo en negocios ilícitos, es evasión”, se señaló en la marcha, así como que “la inacción de las autoridades frente a la piratería es imposible de entender”.