Aunque puertas afuera el discurso esté mutando hacia un registro más amigable, la tendencia mundial –si se toman en cuenta indicadores estrictamente legales– va en dirección contraria. Vale decir: las grandes compañías no están atacando sólo a las mafias que viven de la reproducción de discos y películas. También pretenden que se persiga a los usuarios de Internet si éstos aprovechan tecnologías que no implican necesariamente un interés comercial, como sucede con quienes utilizan el intercambio de archivos P2P. Recientemente, Francia aprobó una ley donde se establece que los que “bajen contenido ilegalmente” recibirán dos advertencias. De no suspender su actividad, un juez podría cortarles la conexión hasta por un año. Ayer, en otra señal de lo que puede venir desde Europa, el ministro británico para Empresa, Innovación y Cualificaciones, Peter Mandelson, anticipó que se está estudiando aplicar medidas similares en el Reino Unido. De concretarse, las sanciones marcarían un nuevo capítulo en el avance del estado sobre los otrora libérrimos recovecos de la red.