En su recorrida por el drama de Tartagal la Presidenta señaló que el alud había complicado una situación de pobreza estructural. Es una notable y diferente lectura, ya que, en general, la clase política se ampara reiterada y automáticamente en las calamidades de la naturaleza (siempre supuestamente extremas, siempre supuestamente imprevisibles, siempre supuestamente inusitadas) para justificar las carencias sobre las cuales se precipitan.

Hace casi veinte años, en un número de la revista Medio ambiente y urbanización destinado a los desastres en América latina, la socióloga Hilda Herzer escribió: “Un desastre no se trata de un acontecimiento físico sino de un proceso social, económico y político desencadenado por un fenómeno natural”. Lo que queda de manifiesto durante el evento físico (en este caso un alud, pero lo mismo da un terremoto, un huracán o una inundación en la ciudad de Buenos Aires) es la vulnerabilidad de toda o una parte de la sociedad impactada, su incapacidad material para absorber, mitigar o amortiguar los efectos negativos del acontecimiento.

Hay que agregar, y la velocidad con la que escurre el agua en el norte de Salta así lo confirma, que un desastre es también la expresión más brutal y hasta más perversa de un problema ambiental: “La acción de la sociedad sobre el medio natural en las épocas en que no se manifiesta el fenómeno genera un impacto –muchas veces no perceptible– que puede potenciar las consecuencias negativas del mismo”, escribí hace dos décadas en un artículo académico titulado “Algunas conclusiones a partir de tres casos de inundaciones”.

Hay unas 800 mil hectáreas desmontadas en la selva tucumano-oranense de la provincia de Salta desde 1998 hasta hoy. ¿Alguien pensaba por ventura que eso no tendría consecuencias? Un cantero sin vegetación rápidamente se “impermeabiliza”: el agua no drena. ¿Es muy difícil imaginar qué le ocurre a una ex selva, es decir a una tremenda extensión de tierra con apenas una especie sembrada y sin siquiera el recuerdo de su follaje y sus raíces originarias?

En el libro Las utopías del medio ambiente, preparado por un grupo de expertos como resumen de la situación ambiental argentina antes de la Eco92 en Río de Janeiro, se citaba a los aluviones en Salta y Jujuy como uno de los diez problemas ecológicos por monitorear a futuro de acuerdo con la presión social y económica que ya se vislumbraba.

La presión demográfica, la imposibilidad de gran parte de la población de asentarse en otro sitio que no sea uno de bajo precio y alto riesgo, y la “pavimentación” progresiva de un bosque que prestaba a la sociedad el servicio ambiental del drenaje fueron los ingredientes del cóctel que por segunda vez en apenas tres años arrasó con Tartagal. Y ni qué hablar de la ausencia de cualquier tipo de programa de adaptación social a una realidad climática que, calentamiento global mediante, jamás será igual a la que conocíamos.

Quizá, para impedir que el mapa de los desastres naturales argentinos siga extendiéndose por toda la geografía, sería también útil pensar una política ambiental estratégica, de largo plazo, que apunte a reducir la vulnerabilidad estructural de la sociedad ante los eventos de la naturaleza. La mejor política ambiental no es la que mejor socorre o morigera el daño, sino la que impide que se exprese.

* Periodista ambiental, biólogo, presidente de la Agencia Ambiental La Plata. Autor de Historia del medio ambiente (Capital Intelectual, 2007), El medio ambiente no le importa a nadie (Planeta, 2007).