Toda decisión de política económica implica actuar sobre la distribución del ingreso, determinando beneficiarios y damnificados; y son los resultados –no sus intenciones– los que determinan el carácter del gobierno que la implementa.
Después del vértigo de cinco presidentes en diez días, la “cuarentena” que lleva la gestión Duhalde generó otro tipo de cataclismo: una fenomenal redistribución de ingresos hacia los bancos, los sectores exportadores y los principales grupos empresarios, desde los ahorristas, el Estado y los asalariados.
Hasta hace menos de dos meses un peso valía un dólar, la Argentina había declarado el no pago de la deuda externa, el sistema financiero estaba atrapado en el corralito y se nos prometía la reconstrucción del país a partir de una nueva alianza vertebrada con el sector de la producción y con una atención prioritaria a los excluidos del anterior “régimen” (definido aquél por la alianza del Estado con el sector financiero). Esta situación se daba en un estado de creciente movilización con objetivos similares, en la Capital Federal con los movimientos barriales (cacerolazos), y en el interior del país a través de distintos y permanentes tipos de conflictos, todo esto con el recuerdo de los saqueos y del jueves sangriento.
Era una oportunidad histórica para revertir el proceso iniciado en 1975 que ininterrumpidamente conformó una sociedad cada vez más desigual, con un Estado desarticulado, con un desempleo creciente y con 14 millones de pobres. “Oportunidad histórica” no quiere decir que sea fácil de realizar sino que había condiciones para intentarlo, apoyándose en fuerzas distintas: las movilizaciones, la creciente conciencia que el modelo anterior había fracasado, los 3 millones de votos que tuvo la propuesta del Frenapo, e incluso una mayor predisposición de la sociedad a asumir este desafío.
¿Qué fue lo que se hizo? Se decidió la salida de la convertibilidad: un dólar costaría 1,4 peso. Pero como esta decisión no estuvo incluida en un plan alternativo integral, es decir, en un sistema que definiera todas las situaciones afectadas (depósitos, deudas, contratos, etc.), lo que se generó fue una intensa lucha de intereses en cada uno de estos aspectos. Los resultados no muestran el principio de nada nuevo sino finales conocidos.
La primera acción que evidenció que nada nuevo ocurriría desde el poder fue la no aplicación de las retenciones a las empresas petroleras. Las retenciones son mecanismos que los gobiernos tienen para que la sociedad comparta parte de las ganancias extraordinarias que un sector obtiene con la devaluación. ¿Por qué fue tan importante esto? Porque al retroceder ante la primera medida que afectaba a algún grande, evidenció que se podían corregir las futuras. Y lamentablemente así fue. Cada día se toma una medida que desdice la anterior (siempre en la misma dirección): de los depósitos que se devolverían en la moneda de origen, a pesificación forzosa a 1,4, pero disponibles en cuotas entre el 2003 y el 2005; de las deudas hipotecarias que se pesifican 1 a 1 –y se mantienen las cuotas a que se pesifican– para que luego de seis meses se actualice el capitaladeudado, con lo cual es probable que, según la inflación, el alivio inicial que tuvieron los deudores se convierta en una pesadilla; de un doble tipo de cambio a tipo de cambio único. Y la frutilla del postre: la pesificación 1 a 1 de las deudas superiores a 100 mil dólares. Asistimos así al otorgamiento de este beneficio a empresas que tienen sus ingresos en dólares (Perez Companc o Repsol) y/o a empresas con depósitos en dólares en el exterior.
Esta decisión se parece, por el monto y por ideología, a la adoptada por Cavallo en 1982. La democracia de 1983 no se animó a revertirla (por ejemplo, no distinguió entre deuda externa legítima e ilegítima, no aplicó impuestos a quienes habían obtenido ganancias extraordinarias por la estatización de sus deudas). ¿Podrá hacerlo la de hoy o la que logremos reconstruir a partir de las movilizaciones? Apuesto a que se podría si alcanzarámos a focalizar algunas de estas alternativas y las asumiéramos colectivamente.
¿Qué pasó en estos cuarenta días? Enumerar los fenómenos es siempre más fácil que explicarlos; entre las razones podrían señalarse: la debilidad política de Duhalde; los sectores dominantes tienen fuertes vínculos en los dos partidos mayoritarios y la presión no la hacen sólo ellos sino también sus “representantes”; falta de confianza en la fuerza de la sociedad y apego a las negociaciones tradicionales entre conocidos; salvajismo de los grupos económicos; fuerte presión internacional, funcionarios que confunden gestión pública con lobby, y fundamentalmente la falta de un eje ético que recoloque al Estado y a la política al servicio del bienestar común. Se avecina un proceso muy complicado. La crisis recién empieza y la redistribución no concluyó. Las medidas tomadas no solucionan, ni intentan siquiera, los principales problemas del país: recesión, niveles de pobreza y empleo. De ellas sólo se desprenden: una mayor concentración de la riqueza (que esta vez se han apropiado de los recursos de los ahorristas y generado un mayor endeudamiento del Estado); un gobierno que juega su supervivencia temporal a recibir una fuerte ayuda externa; y un escenario de mayores despidos, suspensiones y cierres de empresas. Los tiempos en las crisis se acortan y esto no parece ser percibido. En estos momentos queda más en evidencia la responsabilidad de la Alianza del ‘99 por no haber sido capaz de constituir otro eje de poder.
¿Alcanzarán las cacerolas y los piquetes para revertir esto? Los dos solos, aunque coordinados, seguramente no, pero sin ellos sería imposible. Mucho se escribe en estos días sobre los cacerolazos y se predice sobre su futuro. Posiblemente no tengan una salida única: para algunos es sólo protesta y resistencia; para otros, espacios nuevos para reconstruir lo político; y para otros, la oportunidad de darle una dirección única y soñar con las masas encolumnadas detrás de sus banderas. Pero lo cierto es que difícilmente no tengan consecuencias políticas importantes. Otros hubieran sido los finales del gobierno de De la Rúa o de Rodríguez Saá y/o del funcionamiento de la comisión de juicio político a la Corte, si este movimiento no se hubiese dado, extendido y permanecido. Pero los cambios no son sólo institucionales; también cambian los roles de los sujetos. Así como en la década del ‘90 se decía que la pobreza llevó a las mujeres a asumir roles más activos en sus entornos, hoy, especialmente en el tema de los bancos, aparece un mayor número de mujeres en las protestas. Sin duda está ligado a que somos las que asumimos las tareas domésticas (trámites, colas, esperas, etc.), pero, ¿qué consecuencias tendrá empezar a interactuar con el mundo de las finanzas aunque más no sea para hacer escuchar las cacerolas?
* Economista.