Vie 18.09.2015
las12

EL MEGáFONO

Amenazas, agravios e insultos contra docentes de escuela pública

› Por Sofía Gastellu (*)

Pasó en el hall central de una escuela pública, el pasado 1 de septiembre. El atardecer de aquel martes estaba en mi trabajo pegando un comunicado en mi cartelera gremial cuando sentí un flash a mis espaldas. Al darme vuelta vi un hombre que me hostigaba sacándome fotos. Después me amenazó, agravió e insultó. No eligió cualquier palabra para hacerlo: me llamó tilinga.

Trabajo en el turno vespertino de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” (dependiente de la Universidad de Buenos Aires, UBA) como profesora de historia y soy delegada gremial de AGD-Pellegrini. El mismo día, otra profesora y delegada fue fotografiada por la misma persona. Esto pasó en el Pelle –mi escuela– y no por casualidad.

Gracias a una resolución reciente y a medida firmada por el Secretario de Escuelas Medias y el Rector de la UBA, puede ascender como regente del turno tarde un auxiliar docente sumariado y sancionado con cinco días de suspensión. ¿Por qué razones? Por negligencia en los deberes de su cargo ante un hecho ocurrido en el 2007 en el que dos alumnas resultaron con daños físicos y psicológicos. La sanción se ratificó por el Consejo Superior de la UBA, pero nunca la cumplió: se amparó en el fuero gremial por ser delegado de UTE CTERA hasta el día de hoy. Nos hemos movilizado como comunidad ante el nombramiento, considerando esencial el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En el marco de esa movilización ese mismo docente auxiliar me tomó fotografías, mientras me decía me vas a tener que responder, sé muy bien quien sos, tilinga, esta me la vas a pagar. Con una mano sostenía un smartphone en alto, con la otra emulaba golpes en el aire y me señalaba con el dedo índice. Atiné a repetirle que estaba ejerciendo mi derecho –soy docente, soy delegada– y caminé muy nerviosa tratando de llegar a la sala de profesores. Siguió repitiendo las amenazas hasta que entró en la vice-rectoría.

Mientras escribo estos párrafos, el conflicto está latente. Con mi compañera hicimos la denuncia ante fiscalía y la presentamos al Rector. No recibimos de su parte ni una línea, ni una palabra. Paradojas en una institución en que por primera vez desde la democracia ningún miembro del equipo de conducción de la escuela es una mujer y el cartel con la consigna #NiUnaMenos cuelga de la puerta de entrada.

Hacemos movilizaciones sociales contra toda forma de violencia, especialmente cuando sus víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Tenemos leyes, tratados y convenciones de DDHH porque esas conductas deben ser sancionadas, evitadas y deploradas. No premiadas, apañadas ni mucho menos silenciadas por las mismas instituciones que deben hacer respetar los derechos de quienes estudian y trabajan en ellas. En la escuela, los derechos de los adolescentes están en primer lugar. Siempre. Tenemos que defenderlos una vez más.

(*) Profesora de historia de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Becaria doctoral en Investigaciones Sociohistóricas Regionales (ISHIR-CONICET, Rosario) del Centro de Historia Social de la Justicia y el Gobierno, de la Universidad Nacional de Rosario.

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