Respirar, gritar, pararse, sentarse, quejarse, apretar la mano de alguien queridx, llorar, tener miedo, poner garra, pujar, caminar, cantar, pedir algo que calme, elegir transitar el dolor, confiar, esperar, festejar, sentir el bebé cerca. La ley 25.929 de Parto Humanizado dice lo que casi no habría que decir –respeto, libertad, cuidado, amorosidad, autonomía, paciencia- como valores frente al parto y el nacimiento. Sin embargo, la resistencia a la simpleza de la fuerza para parir se llevó más de una década en que la norma pueda ser utilizada en plenitud. Se aprobó en 2004 y, recién, el 1 de octubre del 2015 se reglamentó. Más allá de la extensa sala de espera ahora cada persona tiene derecho a elegir el lugar y la forma en la que va a transitar su trabajo de parto y la vía de nacimiento. Toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto, amabilidad, dignidad y a no ser discriminada Ante un parto vaginal, el profesional interviniente deberá evitar aquellas prácticas que impidan la libertad de movimiento o el derecho a recibir líquidos y alimentos durante el trabajo de parto cuando las circunstancias lo permitan, evitando, por su parte, prácticas invasivas innecesarias durante el proceso. Una mujer puede elegir estar sola para tomar fuerza o no sentir presiones perturbadoras. Pero también puede querer masajes en la cintura, palabras de amor o aliento, la protección de una mamá o la ayuda de una amiga, el abrazo de la esposa o la mirada de un compañero.

“La reglamentación de la ley genera pasos importantísimos: hace más práctica su implementación y provoca que se le destine presupuesto a esta ley. Las instituciones no podrán escudarse en que no cuentan con la infraestructura adecuada para que las mujeres estemos acompañadas durante el pre parto, parto y post parto”, remarca Julieta Saulo, Coordinadora de Las Casildas, la asociación civil que impulsó el Observatorio de la Violencia Obstétrica, que se presentó el 5 de octubre, con el respaldo del Consejo Nacional de las Mujeres.

Por su parte, la obstetra Claudia Alonso, fundadora de la asociación civil Dando a Luz apunta claroscuros de esta medida: “Me parece un gesto importante. Pero, lamentablemente, las organizaciones no pudimos participar en su reglamentación. Eso hubiera permitido que sea mas explicita en cuanto a considerar el abuso de cesáreas en el sector privado como violencia hacia las mujeres y a que el padre o la co-madre del bebe no sean considerados visitas en ninguna institución”. Alonso también enumera otros reparos: “No queda claro de qué manera se realizará el monitoreo del cumplimiento de los derechos que esta ley garantiza. Será cuestión de comenzar a difundir que ahora podría haber sanciones para quienes ejercen violencia de género en el contexto de la asistencia del embarazo y parto y que un padre o la pareja lesbiana de una mujer que dio a luz en una institución privada no tiene que pagar aparte. De ninguna manera esto implica bajar la guardia”. Por su parte, Luciana Kanterewicz, Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Ministerio de Salud de la Nación, festeja la reglamentación y considera que uno de los aportes es que ya no se puede decir que los o las acompañantes no se admiten en las cesáreas ya que se específica que el derecho a estar acompañada es “cualquiera sea la vía del parto”. Y remarca: “Se hace una fuerte defensa del parto vaginal no intervenido, respetuoso de los tiempos y de las decisiones de quienes son las verdaderas protagonistas. La mejor defensa frente a la creciente tasa de cesáreas es evitar las intervenciones innecesarias que son las que aumentan la tasa de episiotomías y cesáreas. Cuando la mujer tiene que permanecer acostada y con un suero, con todas las luces prendidas, sola o acompañada de gente con la que no elegiría transitar ese momento hay más probabilidades de una cesárea. Y si tiene que parir acostada es más probable que tenga un desgarro o que sea necesario practicar una episiotomía para evitarlo”.

El Intendente de Morón Lucas Ghi muestra una experiencia posible: “En 2014 más del 70 por ciento de los nacimientos que tuvieron lugar en el Hospital Municipal fueron por parto natural y menos del 30 por ciento por cesárea porque se trata de respetar los tiempos de las parturientas y sus elecciones a la hora de dar a luz. Es algo que venimos implementando en nuestro sistema de salud que ha generado una disminución progresiva de intervenciones quirúrgicas”. Kanterewicz también valoriza: “Se jerarquiza la decisión de quien está pariendo sobre su intimidad (aclara que puede decidir también no estar acompañada), aparece la posibilidad de la doulas (acompañantes sustitutos), se pone en cuestión que no solo se trata de elegir con quien estar, sino con quien no estar. En relación al respeto a las y los recién nacidos, hace hincapié en el contacto precoz y continuo con la mujer y la familia y la importancia de fomentar la lactancia de manera exclusiva desde el inicio, incluso en caso de quienes estén en terapias intensivas neonatales”. Pero la letra no se graba sola en el manual de atención rápida y cómoda para los portadores de guardapolvo. “Muchas conductas del equipo de salud están muy arraigadas, hay una brecha entre lo que marca la ley como derecho y lo que efectivamente ocurre en cada nacimiento. La reglamentación viene a empujar el cambio en el modelo de asistencia en el nacimiento. En esto la sociedad civil tiene un rol fundamental en ayudar a dar la discusión para empoderar a quienes son destinatarias de esta política”.

Desde su lugar, Majo Bernasconi, Coordinadora Nacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento (RELACAHUPAN) realza: “Para el fiel cumplimiento precisamos que todas las personas que trabajan en el sector de salud y las mujeres y sus familias puedan internalizar que se tienen derechos en situación de parto. Esta reglamentación debe hacerse cultura en toda nuestra sociedad para erradicar de una vez y para siempre el maltrato y la violencia que se ejerce contar las mujeres y las/los niñas/os que llegan al mundo”

Violencia obstétrica: sin sanciones

La violencia obstétrica es tan habitual que cuesta que se llegue a la denuncia y, mucho más, que una madre con un bebé a cuestas pueda encabezar la queja. Sin embargo, cuesta todavía más que tengan consecuencias. En el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se recibieron 45 denuncias por violencia obstétrica. Ningún carnet de plástico ni cuota salada garantiza buen trato. El 40 por ciento de los señalamientos son contra el sector privado de la salud, el 37,8 por ciento contra hospitales públicos bonaerenses y el 6,7 por ciento contra hospitales municipales. En siete de cada diez casos es la propia victima la que hace la denuncia y en dos de cada diez la pareja o algún familiar. Solo en el 7 por ciento de los reclamos la OVG actúa de oficio, en el 4,5 por ciento de las situaciones una ONG se ocupa de la demanda y en el 2 por ciento de los incumplimientos otro organismo estatal respalda a la mamá maltratada.

El problema es que el sistema de salud no atiende la puerta y se tapa los oídos frente a las críticas. Solo en siete casos las clínicas privadas o el Ministerio de Salud bonaerense respondieron a los requerimientos de la OVG. ¿Y los resultados? No hubo un solo médico sancionado por haber ejercido violencia obstétrica en la Provincia de Buenos Aires.