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Una niña vejada por un grupo de tipos, un fiscal que presume que ese hecho puede tratarse de relaciones consentidas y una catarata de discursos mediáticos que van desde el morbo a la sospecha sobre la víctima dan cuenta de la falta de formación de quienes deben proteger a las víctimas y también de quienes comunican la noticia.
¿Cuántas veces se puede violar a una niña de 13 años? ¿Se la puede dejar a la intemperie, pero además, ventilar su sufrimiento sin ningún cuidado? Revictimizar es una palabra que describe con toda justeza lo que se está haciendo con M., una chica que está internada en una sala de terapia intermedia, mientras su integridad es vapuleada por funcionarios judiciales y distintos medios de comunicación. La salud física de la nena que fue violada en una fiesta en Tandil es atendida en el hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde hicieron lo que tenían que hacer: la denuncia judicial. Pero claro, el fiscal Gustavo Morey lo primero que atinó fue a decir que su hipótesis eran las “relaciones sexuales consentidas”. Todos sus prejuicios patriarcales fueron puestos de manifiesto en los diarios y portales de internet de Tandil donde, se ve, la voz del fiscal es indiscutible. Y hasta tomar párrafos de referencia para escribir la nota resulta difícil cuando reproducir algunos dichos de esos medios significa sumar leña a la hoguera de la inquisición que se ha prendido sobre la vida y la familia de esa niña que -según parece al leer algunas noticias- cometió el delito de concurrir a un cumpleaños.
Ni siquiera el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, respetó la Convención Internacional de los Derechos del Niño (¿y de la niña?) y ventiló detalles que debían preservarse. ¿Por qué exponer a esta segunda vejación a una nena que ya fue violada, atropellada, lastimada? Porque, como escribe Rita Laura Segato, no se trata sólo de la licencia para violar, sino que va más allá, es un requisito. El sostenimiento de la cultura de la violación precisa del ejemplo, precisa que se sepa, que su brutalidad sea disciplinadora para que ninguna niña de 13 años –ninguna mujer– se sienta libre de ir a una fiesta de cumpleaños sin sentir que sí, su cuerpo puede ser ultrajado y luego sea ella la que se cuestione, sean sus conductas las que deban explicarse, sus ganas de dialogar con alguien toda la noche las que la conviertan en sospechosa. Poner en duda la veracidad de sus palabras es parte del mecanismo. Así funciona y por eso los medios de comunicación constituyen una de sus armas privilegiadas. Mientras haya quienes pongan en la picota a la niña, habrá también quiénes puedan justificar sus violencias.
Los hechos: el domingo, a las 7, M. Fue hospitalizada en Tandil después de un supuesto accidente de tránsito con una camioneta. Por la complejidad que requería su tratamiento, la derivaron al hospital Materno Infantil de Mar del Plata donde profesionales de la salud constataron lesiones compatibles con abuso sexual y denunciaron. Lo que siguió fue una vulneración de los derechos de M. tras otra. El Eco de Tandil, por ejemplo, siempre se ha referido a la noticia como “presunto abuso” y la redacción de sus notas tiende –sin excepción– un manto de sospecha sobre la niña. ¿Vale la pena reproducir esas expresiones? No, ni siquiera para repudiarlas. Tandil es una ciudad de 110 mil habitantes. Allí, lo que se difundió en los diarios es una carta de la hermana del acusado de violación. Y si bien los medios cubrieron la manifestación que se hizo desde la casa de la niña hasta la fiscalía, la palabra clave en muchas coberturas resulta casi un insulto: consentimiento, consentidas, no faltan en ninguna nota.
Según la ley nacional de infancia, no debió difundirse la dirección, el nombre de pila, los apellidos de sus familiares, nada que pueda identificar a la niña que cuando se reponga deberá volver a la escuela, y a su vida cotidiana, y además del trauma vivido llevará consigo un estigma difícil de sacarse de encima. La ley habla de proteger la intimidad. Después de esto, a M., cuando quieran insultarla -como les pasa efectivamente a otras niñas en su situación- le dirán “la violada”. Y será lacerante para ella, no para quienes ejercieron la violencia.
Y mientras tanto, el festival mediático se empeña en machacar y machacar sobre los detalles, cosiendo un sentido morboso, con todo lo que el morbo tiene de atractivo para replicar.
Ante este panorama de lapidación mediática de una niña que vivió una violencia extrema, distintas organizaciones del Movimiento de Mujeres de Mar del Plata –allí está internada M.–se solidarizaron con ella y su familia, pero sobre todo, apuntaron sus críticas al fiscal Morey. Que las palabras de Morey sean reproducidas sin repreguntas ni sentido crítico en distintas publicaciones da cuenta de cuánto les falta conocer de derechos de niñas y niños a algunxs periodistas. No se trata de prejuzgar, eso es lo que hace el fiscal. Se trata de señalar el valor de la palabra de la víctima, de indicar que hay lesiones, de preguntar. “Repudiamos enérgicamente las declaraciones públicas del fiscal Gustavo Morey, quien manifestó en diferentes medios su hipótesis de ‘relaciones consentidas’. Nos llama la atención este apresuramiento de quien debería investigar profesionalmente y desde su estricto lugar de funcionario público la denuncia que parte del Hospital y de la familia”, dice el comunicado firmado por decenas de organizaciones de mujeres de Mar del Plata, quienes señalan que “semejantes declaraciones no hacen mas que reforzar el sistema de desprotección de las jóvenes y en una clara inversión de sentido se termina responsabilizando a las víctimas del accionar de abusadores y violadores”.
Pero esas voces no tienen lugar en los medios de Tandil. Las organizaciones señalan que lo dicho por el fiscal “también atenta contra todo lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño y toda práctica que sirva para llegar a la verdad de los hechos.
Nuevamente, la mirada patriarcal, machista y falocéntrica ‘condena’ de antemano a una mujer, sin ocuparse de lo que mas importa en este momento: investigar a fondo, llegar a la verdad y administrar justicia”.
La culpa de todo no la tienen los medios, claro. Apenas son parte de una sociedad machista, donde prevalece el “algo habrá hecho”, cuando se trata de una mujer. Pero en la misma sociedad que hace dos semanas salió a gritar “Ni una menos”, es un insulto que una niña de 13 años deba pasar, después de la violación, por una lapidación mediática y judicial. Como señala el juez Carlos Rozansky en su libro Abuso sexual infantil, silenciar o castigar, a nadie se le ocurriría preguntarle a una víctima de robo por qué salió a la calle con un Mercedes Benz, pero sin embargo, una niña que sufrió una violación sí es sospechosa.
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