Con el hashtag #MujeresALaCorte distintas organizaciones (desde el colectivo Ni Una Menos hasta Amnistia Internacional) piden que una o más mujeres con perspectiva de género -no alcanza con que sean mujeres- integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es que, como mínimo, se continúe la tarea de Carmen Argibay la primera mujer en ser designada como integrante de la Corte Suprema de Justicia en democracia.

Un punto central es que debe ser una mujer con perspectiva de género. El mayor problema es que una de las candidatas a ocupar un lugar es la actual Senadora (por San Luis) Liliana Negre de Alonso, confesa integrante del Opus Dei y que se auto reivindica promotora de la familia tradicional. En su trayectoria legislativa votó en contra de las leyes que dieron derechos sexuales a las mujeres y del matrimonio igualitario. Su llegada a la Corte sería un retroceso para los derechos de las mujeres.

En cambio, las candidatas que tienen mayor respaldo en pos de la lucha contra todas las formas de la violencia de género son Susana Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA); Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Claudia Sdbar, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

“La paridad en la integración de la Corte es necesaria para garantizar y promover la perspectiva de género en la Justicia en todos sus niveles. El decreto 222/03, sobre cómo es el procedimiento para proponer candidatos a integrar la Corte Suprema, expresamente dispone -en su artículo 3º- que se respete la diversidad de género en su composición”, subraya un comunicado de distintas organizaciones que se juntaron para pedir que no haya solo una mujer –Elena Highton de Nolasco– en el máximo tribunal.