TRABAJO
El martes pasado, el Tribunal Oral Nº 5 terminó con diez años de impunidad al condenar a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condorí como autores penalmente responsables del delito de reducción a la servidumbre con estrago culposo seguido de muerte, por el incendio del taller textil clandestino de la calle Luis Viale. El fallo también ordenó que se continúe con la investigación para evaluar las responsabilidades de los propietarios de la fábrica, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Geiler, además de indagar en la participación de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal. La sentencia llega en un contexto de ajuste, hiperflexibilización y apriete del trabajo textil, pero también de un nuevo activismo que se está organizando a paso firme y sostenido: mientras se veta la ley antidespidos y todxs se convierten en materia “ajustable”, los cuerpos y las voces dicen basta, no sólo por el dolor que azota las manos y espaldas de este tipo de trabajadores, sino por la urgencia de frenar la invisibilización e indiferencia de un sistema que los pretende sumisxs y explotadxs.
La presión crece. Una metodista toma los tiempos de producción con cronómetro y el control se respira en la nuca. Nueve operarixs en cada mesa se distribuyen las piezas de tela. Unas manos unen los hombros, otras cierran el lateral y pegan las tres tiras. Mientras, se arman los cuellos y luego se les agrega la etiqueta trasera. Los dedos ágiles parecen hacer pases de magia entre el género que se desliza bajo la aguja. Hay que hacer coincidir las franjas, no dejar frunces. Se cose para las mega marcas Adidas y Nike. Camisetas de primera línea para el equipo de la selección nacional de AFA y para clubes de primera como River y Estudiantes. Últimos modelos deportivos que brillarán en las vidrieras unos días después. Algunas otras prendas también se exportan. Para que esos súper logos sean posibles en las actuales condiciones de trabajo, hoy lxs costurerxs no pueden casi ni levantarse de su puesto. Ir al baño se convierte en un lujo y una pesadilla al volver corriendo y ver los cortes acumulados, desobedeciendo al cronómetro.
Mientras tanto, en el Palacio de Justicia, el Tribunal Oral Número Cinco es escenario del racismo desinhibido de la abogada defensora de los empresarios y dueños del taller textil de la calle Luis Viale, donde murieron seis personas en un incendio hace diez años. La “letrada” -como dice la jerga leguleya- habla de lxs trabajadorxs migrantes de Bolivia argumentando que “en el contexto en el que se mueve, su mente es bastante primitiva”, propone justificar la explotación en nombre de que “en su lugar de origen viven en peores condiciones”, cree que puede tratarse de “delitos culturalmente motivados”. No son situaciones muy distantes: son lugares desde los que se difunden socialmente imágenes de racismo y de disciplinamiento laboral frente a los despidos y al ajuste, donde lo que se busca es expandir el miedo como fórmula de explicación de lo que sucede, y de obligar al conjunto de lxs trabajadorxs -más allá de su nacionalidad- al acato a la jerarquía y a las amenazas. Son mensajes que se envían al conjunto de la sociedad y que exceden por lejos al recinto del tribunal o a las paredes de una fábrica. Este martes, sin embargo, la sentencia del tribunal dio un paso promisorio: además de la condena de trece años de prisión a los dos talleristas a cargo del lugar (uno argentino, otro boliviano), también se ordenó la investigación a los dueños de las marcas para las que trabajaba el taller, Daniel Fischberg y Jaime Geiler, así como a los inspectores y a la policía.
La situación laboral en las empresas textiles está subiendo de temperatura entre el chantaje patronal y las resistencias que empiezan a mostrarse desde lxs trabajadorxs. Todo es cuestión de ajuste: de tiempo y de costos del lado de la empresa Tessicot S.A., donde trabajan 800 personas. Es una entre muchas fábricas textiles donde se respira ya el conflicto, donde los sindicatos por el momento llaman a la paciencia y la calma, y donde lxs trabajadorxs saben que mientras esperan siguen avanzando las amenazas y las listas de futuros despedidxs son el rumor que ni el sonido de las máquinas logra acallar. Sobre cada unx de lxs trabajadorxs (compuesto por un 85 por ciento -600 mujeres y hombres- migrantes), el ajuste lastima los cuerpos: tendinitis, dolor de cervicales, lumbalgia, hernias de disco, stress, ataques de pánico y hasta un ACV asaltaron la fábrica en las últimas semanas con acelerada repetición. Las licencias de enfermedad se multiplican y quienes las toman pasan a la fila de los “ajustables” de modo automático.
Pero el cuerpo pone un límite, una frontera de resistencia. “No podemos destruirnos para cumplir con lo que necesita la fábrica, en casa nos esperan nuestrxs hijxs”, grita Rebeca en la asamblea improvisada en el Parque Los Andes, en el corazón del barrio porteño de Chacarita. Justo en diagonal, las vidrieras del outlet de Nike espejarán más tarde las banderas improvisadas que opacan su resplandor.
El mismo día en que Mauricio Macri vetó la ley anti-despidos, en la textil Tessicot S.A., vinculada a la fábrica de hilados Sedamil, se impedía el ingreso de siete trabajadorxs costurerxs. Ya se habían sucedido otros. Sin recibir telegrama previo, la empresa alegó despedirlos con motivos de reestructuración. Cinco de ellxs, ¡oh casualidad!, son los representantes de sus respectivas líneas. Todxs son bolivianxs, que ya soportan un diferencial de salario notable respecto de sus colegas argentinxs. Resisten a la implementación, desde hace un par de meses, del método Lean, que exige un incremento permanente de la productividad. La patronal insufla miedo: amenaza con cerrar frente a la lluvia de importaciones chinas y exige más producción. “Más rápido y mejor hecho”, se les dice en el hombro a cada unx que está reclinada sobre las prendas que se están cosiendo a un ritmo cada vez más insostenible. La botonera, el atraque y la ojaladora ahora son operaciones que quedan fuera de la línea de producción y las hace la operaria de mesa, a quien tampoco se le pueden juntar muchas prendas y a la vez se le exige extremar “calidad”.
Ninoshka ya tiene el brazo inmovilizado pero no deja de vociferar en el medio del frío su situación como responsabilidad de la empresa. Mientras escuchamos su testimonio, se acerca un chico joven: “Trabajo en una fábrica de acá a la vuelta, haciendo muebles y también ya empezaron los despidos y los medios turnos”, comenta. Por primera vez ve en la calle a decenas de trabajadorxs que son sus vecinxs pero que jamás cruzó, siempre escabullidxs a las carreras a buscar el subte, el tren y el colectivo; tampoco imaginó que terminaría invitado a la asamblea improvisada al rato.
Ely también sufre en el hombro unas dolencias que le dejaron fuera de la línea. Está obligada a hacer rehabilitación pero no se aleja de la organización que siente que es lo único que le va a devolver algo de salud. La visibilización del conflicto a través de los medios funciona pero la lista de despidos no deja de ser un fantasma que acosa apenas se vuelve a la rutina. Las delegadas de línea que conversan en la puerta unos días después de la asamblea aclaran que la prioridad sigue siendo pedir la reincorporación de lxs compañerxs. Pero al momento otra trabajadora avisa que los recibos de sueldo de esta quincena ya vienen con el descuento de las horas de paro, porque el gremio no llegó a respaldar la medida. “El argumento que nos dieron es que la notaria pública filmó a quienes pararon la fábrica”, puntualiza. El descontento crece pero también la sensación de que las represalias se sienten en el bolsillo que ya está más que flaco, porque no a todos les dan tickets canasta (otra de las discriminaciones internas) y porque el último aumento fue de 240 pesos.
“Nos tenemos que organizar de cualquier manera. Es nuestra única fuerza”, dice Miriam, una de las activistas que prefiere no dar su verdadero nombre. Hay una lucha concreta por el tiempo de la organización. Lxs trabajadorxs presionan y están dispuestas a pelear la representación de cada línea. “Nos estamos formando entre nosotras para presentarnos en las elecciones de delegadxs internos de la fábrica, que serán en septiembre. Nos juntamos a leer las leyes y convenios, nos juntamos con gente de organizaciones y otras experiencias de fábricas, tratando de prepararnos y saber cómo articularnos sin perder nuestro proceso de asamblea”. En medio del conflicto, se percibe con más nitidez que hace falta hacerse tiempo para la formación. Ese es parte del saldo precioso del conflicto, no exento de complicaciones. “A muchas se nos hace re difícil: trabajamos muchas horas, además sabemos que necesitamos encarar esta lucha poniendo más tiempo, y sobre todo no podemos descuidar a nuestrxs hijxs”, reflexionan, ya fuera de la marcha. “Necesitamos que nos apoyen sin aparatearnos. A la cabeza están lxs despedidxs y los representantes de línea que somos quienes tenemos comunicación permanente con nuestrxs compañerxs aunque no tenemos mucha experiencia política”, explica gráficamente otra de las presentes en las reuniones de formación. Es un aprendizaje acelerado. Agrega Miriam: “Hay que sostener la pelea, ayudarnos a mantenernos firmes a pesar del desgaste y las amenazas y, sobre todo, sostener los vínculos entre quienes fueron despedidxs y quienes aun estamos en la fábrica”. Es mucho trabajo, pero otro tipo de trabajo.
Muchxs de lxs trabajadores textiles han pasado, antes de estar en la fábrica, por talleres textiles mediáticamente denominados “clandestinos”. Mucho se discute de las diferencias pero también de las similitudes de los métodos de trabajo en ambos espacios que, a primera vista, parecerían bien distintos. “Ojo que en la fábrica, de los enchufes comunes, cuelgan un montón de cables y además estamos tabicados. Si algún día hubiese un incendio, sería una tragedia”, dice Ninoshka. Por supuesto el incendio no es una imagen cualquiera.
En estas semanas se sucedieron los alegatos y finalmente la sentencia del juicio por el incendio del taller textil de la calle Luis Viale. Sucedió exactamente hace diez años, marcando un punto de inflexión en la visibilidad dramática de esa realidad laboral. Pero también desde entonces una serie de organizaciones de jóvenes migrantes encararon una manera de politizar realidades que no se agotaban en denunciar la explotación y, mucho menos, en creer que todo se hacía claro si se hablaba de “trabajo esclavo”. Hace un año, cuando otro taller se volvió a incendiar, en la calle Páez, también en el barrio porteño de Flores, esa red de organizaciones mostró su fuerza y su capacidad de construir una narrativa y una voz desde lxs trabajadorxs, que es mucho más compleja, minoritaria y arriesgada que la que le queda cómoda a quienes se deleitan sólo con la denuncia o a quienes tienen recetas ya hechas de la organización del malestar (algunxs con tradiciones de miles de años).
Myriam Carsen, abogada de las víctimas del incendio que actúan como querellantes evaluó al juicio como un hito importante: “Creo que el juicio ha hecho un camino muy distinto al que imaginamos, fue mucho mejor en el sentido que por primera vez la fiscalía se puso al hombro la defensa de lxs trabajadorxs del taller. Este último fiscal (Fabián Céliz) encontró un camino para la investigación y ha jugado un papel importante para saber lo que pasó y lo hizo con compromiso y muy seriamente. Cuando parecía todo perdido, nosotros como querella tuvimos una posición de sostener la necesidad de que el juicio siguiera adelante y lo logramos”.
Los jueces habían intentado varias veces pedir la prescripción, pero una vez que la Cámara de Casación les obligó a hacer el juicio, han mostrado interés en la nueva etapa. “Esto demuestra la utilidad del juicio oral como procedimiento: no es lo mismo leer papeles que escuchar directamente las voces de las víctimas, estar frente a los testimonios de familiares y a los imputados. En esa línea, se impulsó la inspección ocular del taller”, señala. El martes último, tras la sentencia, Carsen dijo a Las/12: “Fue un fallo muy completo aun si no reconoce la imputación del dolo, sí reconoce la reducción a la servidumbre y ordena investigar a los propietarios del local, a su vez proveedores de trabajo, y a los funcionarios y policías por las denuncias de coimas”.
Hablar de lxs trabajadorxs migrantes como esclavos, sumisos, y primitivos es siempre un tipo de infantilización que históricamente se comparte con la subordinación patriarcal. Por eso, ambas agendas confluyen en el mejor lugar que pueden hacerlo: en la calle. La mudez con que algunas de las mujeres reaccionaron a la pérdida de sus hijxs en el incendio empieza de a poco a descongelarse.
Frente a los argumentos racistas que se escucharon en el juicio, el Colectivo Simbiosis Cultural, activista desde hace años en la búsqueda de justicia por este caso, se pregunta: “¿Es gratis decir todo eso? Si bien entendemos que es el pensamiento de una parte de la sociedad, el tema es que se vuelven a usar esos argumentos en ámbitos jurídicos, por parte de una funcionaria pública, quien tiene a cargo la docencia en la Universidad de Buenos Aires, y que incluso fue a dar clases a Bolivia. Es de una gravedad enorme el pensarnos como sociedad amparando este tipo de discursos en estos niveles, y mucho más como colectividad boliviana, como trabajadorxs migrantes. Nosotrxs no vamos a conceder que se cambie el eje del juicio, de lo que se está juzgando, que consiste en determinar quiénes tienen la responsabilidad de mantener a esa cantidad de personas en esas condiciones, para extraer el máximo rédito económico posible y buscamos trazar todo el continuo que la fragmentación de la producción pretende ocultar”.
La necesidad de poner de relieve las resistencias que se tejen acá y allá, de conectar lo que pasa en una fábrica con lo que se vive en una organización barrial, lo que se discute en términos jurídicos con la violencia institucional, de enlazar la violencia en los territorios con el impacto del tarifazo y así siguiendo sólo es posible en la medida que se cosen las prácticas y los lenguajes para evidenciar la singularidad de lo que tienen en común.
En la escena del juicio por el incendio del taller textil y en la asamblea de lxs delegadxs se visibiliza sólo un eslabón que tiene el desafío de construir sus traducciones y conexiones con otras realidades. Es un trabajo casi artesanal, que insume horas y más horas, pero del que emergen voces potentes. Agrega Sonia, una de las integrantes de Simbiosis: “Si se consideran los argumentos que se hacen contra nosotrxs como argumentos válidos, es porque se quiere hacer entender que en Argentina hay ciudadanos que no podrían reclamar por sus derechos ya que entran en ese “parámetro cultural” otro, que se los deja afuera del derecho. De hecho, para las únicas personas que intentaron reclamar por las condiciones de trabajo y se animaron a denunciarlas, la defensa pidió que se las investigue por “falso testimonio”, en el cual “ellos” cumplen el rol de “sumisos y trabajadores”. Además claro, que eso habilita que se los pueda explotar laboralmente ya que “en su lugar de origen viven en peores condiciones”. Eso no lo podemos tolerar”. Hay que marcar esa frontera de lo intolerable y, como dice Miriam, la única fuerza que tenemos es organizarnos.
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